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En la tarde de este miércoles 18 de febrero, el Gobierno de Gustavo Petro presentó un recurso de súplica ante el Consejo de Estado, con el propósito de revertir la decisión que suspendió de forma provisional el pago del aumento del salario mínimo para 2026.
El recurso fue interpuesto de manera conjunta por los representantes jurídicos del Gobierno Nacional y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al considerar que la medida adoptada por el Consejo de Estado excede los límites legales y afecta el interés general.
Contexto: Consejo de Estado suspenderá decreto de salario mínimo y ordena a Petro expedir uno nuevo
Lo que pretenden estas entidades es que el alto tribunal revise el auto mediante el cual se ordenó la suspensión provisional y se ordenó expedir un nuevo decreto en el que se determine un aumento transitorio al salario mínimo para que rija mientras se toma una decisión de fondo.
Además, los representantes jurídicos señalaron que la decisión del Consejo de Estado se habría anticipado con un análisis de fondo sobre la legalidad del decreto, el cual solo debía ser resuelto en la sentencia definitiva.
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La decisión del alto tribunal fue adoptada el pasado 12 de febrero y notificada al día siguiente, mientras estudia una demanda que solicita la nulidad del decreto mediante el cual el Gobierno aumentó el salario mínimo en un 23,7 %, fijándolo en COP 1.750.905 (COP 2.000.000 con auxilio de transporte).
Según encontró la Sección Segunda del alto tribunal, la medida cautelar es necesaria para evitar los pagos ordenados por una decisión del gobierno que no habría sido expedida con los requisitos de ley. La decisión de la Sección Segunda también ordenó que el decreto 1469 de 2025 solo será suspendido cuando se publique el nuevo decreto transitorio.
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Mientras eso ocurre, explica el Consejo de Estado, continúa rigiendo el valor del salario mínimo fijado a finales del año pasado. Asimismo, en su momento el tribunal resaltó que “no podrá reproducirse en esencia el contenido del acto suspendido y que el incumplimiento de las órdenes impartidas dará lugar a las sanciones previstas en la ley”.
Desde su expedición, el pasado 29 de diciembre, el Gobierno Nacional ha sostenido que el Decreto 1469 fue pensado para cubrir las necesidades básicas de la canasta familiar, pese al aumento de los precios, y para que los trabajadores vivieran con dignidad.
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