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Daniel Hernández es el fiscal que estuvo en el centro de las declaraciones que se cruzaron entre el presidente, Gustavo Petro, y el fiscal, Francisco Barbosa. La cuestión de la discordia fue un artículo publicado por un portal, en el que se denunciaba que Hernández presuntamente benefició a integrantes del Clan del Golfo, lo que habría permitido cerca de 200 homicidios. La Fiscalía ya aclaró que se trató de información falsa y que Petro puso en peligro al fiscal. En diálogo con este diario, Daniel Hernández señala al presidente de tener una persecución directa en su contra y reiteró que jamás benefició al grupo criminal.
Se ha asegurado que usted no ordenó la captura de integrantes del Clan del Golfo, lo que permitió múltiples asesinatos. La Fiscalía ya aclaró que eso es falso, pero: ¿Cómo llegó usted a esa investigación?
Todo es falso. El 10 de agosto de 2020, el investigador, que es fuente de Gonzalo Guillén (quien hizo la publicación de la discordia), ese que apareció con el gorro y la capa, se presentó ante mi despacho llevándome un informe y asignación del proceso. Allí me manifestaba que quería darme a conocer unas interceptaciones telefónicas y unas posibles situaciones irregulares por parte de fiscales, que no habían solicitado capturas. En ese momento, no hablaba del Clan del Golfo, eran personas vinculadas a una organización criminal que delinquía en la costa Caribe, específicamente en el Magdalena, y que habían ejecutado varias extorsiones, desplazamientos y homicidios. Dijo que él estaba preocupado porque había sido el analista de las líneas telefónicas desde 2008 hasta 2010 y que nunca la Fiscalía hizo nada frente a esa información.
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Pero eso hace dos años. ¿Qué pasó entonces?
Eso sí me genera mucha preocupación. He tratado de ser proactivo en mi trabajo, entonces subo y habló con el director nacional del CTI y le digo: doctor, un funcionario de la Fiscalía me están entregando esta información y me dice que tiene el soporte probatorio. Así se inicia una petición ante el fiscal general, apoyado por el director nacional del CTI, para solicitar la variación del proceso, teniendo en cuenta que podríamos estar frente a una posible corrupción judicial y la ausencia de solicitudes de captura por delitos de homicidio. Aquí quiero aclarar algo: no eran 200 homicidios. Eso es un primer punto importante. El investigador hablaba, más o menos, de 20. El 9 de noviembre de 2020 se me reasigna el proceso, lo que desmitifica que yo tenía el proceso desde 2008, no sabía ni siquiera la existencia de ese caso. Esto también desmitifica que se reasignó a petición mía o por interés personal.
¿Por qué usted habla de 20 homicidios cometidos en 2008 y la publicación del portal habla de 200?
Porque suena mucho más fuerte el número 200 que el 20. La publicación tiene un ánimo de contaminar a la sociedad. Es igual de grave uno que 200, pero es mucho más grave una cifra en centenas. Es más, hay que recordar que el tema es que existían unas listas y que nosotros permitimos el homicidio de esas 200 personas, entonces suena mucho más fuerte. La historia es que se está investigando lo que pasó hace 14 años, por qué no se investigó y verificando si existían pruebas suficientes para capturar a unas personas. Si esa era la publicación, la Fiscalía General queda bien, el fiscal Hernández queda bien, porque es un fiscal que está siendo proactivo, que antes está asumiendo una carga de hace 14 años que no debería estar asumiendo. Lo importante acá era buscar desprestigiar específicamente a Hernández y a la cúpula de la Fiscalía, situación que permitió el mismo presidente de la República.
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¿Qué sucedió después de que se le reasignó el proceso?
Se ordenó una primera reescucha de las interceptaciones, teniendo en cuenta que los informes que presentó el analista fueron perversos. Se realizaron unas mesas de trabajo, lo que llevó a que se realizara una segunda reescucha. Pero teniendo en cuenta todo este escándalo, para dar una mejor respuesta al país, se ordenó una tercera reescucha.
¿Por qué cree que el presidente salió a cuestionarlo de esa manera?
Para probar yo solo tengo unos hechos, que no tendría como sustentarlos más allá de mi percepción y lo que he vivido directamente. El primer ataque del presidente, que creo que nunca había pasado en este país en contra de un pinche fiscal, lo recibí el año pasado, cuando a Álex Vernot (condenado por el caso Hyundai) le dio por inventarse que yo le había ofrecido principio de oportunidad siempre y cuando hablara en contra Gustavo Petro. Si no estoy mal, eso fue en noviembre o diciembre de 2022. El presidente también me señaló una vez como fiscal delincuente, sin prueba alguna. Pero como Dios es justo, y la verdad salió a flote, entonces Hernández siguió bailando. El presidente me está atacando y desconociendo mi pasado, mi historia y maltratando e irrespetando la memoria de mi padre (fue una de las víctimas de la masacre de La Rochela en 1989). Ahora pone en riesgo la vida de mi hijo, publicando la foto de él.
Esa situación sobre su hijo también la termina frenando el fiscal Barbosa, quien le pide al presidente Petro que retire la foto de sus redes…
Si aún existían dudas del ataque personal, esto no termina ahí. El fiscal Barbosa sale a defender a la institución y a mi hijo menor, después salgo yo a dar declaraciones, y entonces Gustavo Petro emite un comunicado en el que me tilda de fiscal corrupto. No lo dice en palabras textuales, pero sí lo da a entender, porque soy un fiscal imputado y se pregunta por qué sigo trabajando. Situación que también es muy rara. El presidente ya está pidiendo mi cabeza. No solo física, como lo hizo al ponerme una lápida, sino también laboralmente, desconociendo que el sustento de mi familia proviene de mi salario y la norma procesal que dice que si no se me impone una medida de aseguramiento no tengo por qué ser suspendido del cargo y, peor aún, desconociendo la presunción de inocencia.
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¿Qué ha pasado con su hijo? ¿Ya tiene seguridad?
Para Petro, yo no soy inocente y ya me condenó. Mi hijo no tiene los mismos derechos que su hija. Gustavo Petro le hizo un reclamo a un medio de comunicación porque publicaron la foto de su hija. A la fecha, el presidente no ha retirado la foto de mi hijo de su Twitter. ¿Mi hijo es un hijo de quinto nivel, que está muy debajo de los derechos de su hija? Si eso no es una prueba de que el presidente tiene un sesgo personal y una clara persecución en contra mía, no tendría como más demostrarla.
Hablemos un poco de la denuncia que presentó ante la Cámara de Representantes contra el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué delito es?
El delito se llama violación de datos personales. Los datos personales son bases de datos que están compiladas y son de manejo personal, los cuales tienen una protección legal. Además, hay un derecho superior que se llama el derecho al menor. Nadie tiene derecho a publicar ni la foto ni el nombre de un menor, sin autorización de su padre o con la autorización de un juez de la República. El presidente nunca me consultó si podía publicar la foto de mi hijo. Y segundo, generó exponencialmente el riesgo en contra de él, porque está sindicando al padre de haber alcahueteado 200 homicidios del Clan del Golfo. Mi hijo no tiene redes sociales y yo tampoco. He hecho todo lo posible para proteger la identidad de mi hijo, pero el presidente de la República le importo cinco y aún la mantiene.
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¿Va a sacar a su familia del país, al igual que lo anunció el fiscal Francisco Barbosa?
Yo no tengo los recursos. Yo vivo de mi salario. Se dice que soy corrupto, pero nunca se va a escuchar una noticia que diga que he recibido plata. Yo vivo de mi salario, y es imposible que los pueda sacar del país, porque no tendría como sostenerlos ni mantenerlos. Tampoco tengo familia en el extranjero. Lo que estamos haciendo es tratar de tomar medidas y no salir de la casa.
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