“Hay que invertir más en la justicia”: nuevo presidente del Consejo de Estado

Álvaro Namén Vargas asegura que no se han reportado presiones indebidas o seguimientos ilegales (que sepan). / Gustavo Torrijos - El Espectador

El año pasado fue difícil para las altas cortes. Vimos retiros temporales de visas a magistrados y ahora estamos en un escenario de posibles chuzadas. ¿Cómo exige que se respete su independencia?

En lo que corresponde a la experiencia de esta corporación, hemos trabajado en el mejoramiento de nuestra imagen y en la legitimidad dentro del contexto de la administración de justicia, y hace varios años implementamos un programa de transparencia y rendición de cuentas que ha permitido que la ciudadanía sienta que esta es una justicia de puertas abiertas y que tiene unos jueces probos. Vamos a hacer una rendición de cuentas, queremos que conozcan cuáles son aquellas decisiones que tienen impacto en los ciudadanos, en la sociedad y en la garantía de los derechos. Consideramos que las medidas que hemos tomado de publicidad y los diálogos que hemos realizado en las diferentes regiones —en donde hemos tenido contacto con la comunidad para conocer de primera mano cuáles son aquellos reclamos que se tiene frente a nuestra jurisdicción— nos ayudan a blindarnos, porque si la ciudadanía tiene esa interlocución con las instituciones puede tener una mayor confianza. E, igualmente, como uno está expuesto al escrutinio y está animado a dar mejor servicio, pues las conductas que vaya a desplegar están controladas y vigiladas

¿Están siendo víctimas de seguimientos o chuzadas como han reportado otros magistrados?

En realidad, en nuestra corporación no tenemos conocimiento de qué hubiésemos sido víctimas de alguna situación irregular. Si llegáramos a tenerlo, sería una situación grave porque, de todas maneras, como poder judicial, como autoridades, como funcionarios y como cualquier persona del común, esas situaciones irregulares pueden alterar el ejercicio de nuestras funciones en forma independiente y autónoma.

¿Ha sido necesario inspeccionar despachos?

Regularmente tenemos unas medidas de seguridad con los órganos de inteligencia, en las cuales se hacen periódicamente este tipo de barridos, para efectos de verificar que no estemos siendo víctimas de alguna de algún ilícito, interceptación o chuzada.

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Este año se deben fallar casos duros, como el “fracking” o las curules de paz. ¿Sienten presiones?

No. No hemos padecido presiones externas para el ejercicio de nuestras funciones. No tenemos conocimiento de que sobre algún proceso se esté ejerciendo en forma irregular alguna actuación que afecte nuestra independencia y autonomía. Las decisiones que tomamos acá las hacemos dentro del marco de un proceso que obviamente se va desarrollando a través de las argumentaciones y las diferentes posturas que las partes tienen, y tomamos una decisión de acuerdo con las normas y con las pruebas que se recauden.

Hay otro proceso clave. Una tutelatón que pide tumbar el laudo de la Ruta del Sol II y varios recursos de anulación. También está la acción popular de la Procuraduría contra la concesionaria. Ahí hay intereses públicos —estamos hablando de las finanzas del Estado— e intereses privados de grupos económicos. ¿Cómo blindar ese tema?

A estos procesos, que son delicados, sin duda, para el país, sobre todo por los efectos que tienen dentro de la sociedad, se les da especial atención en la corporación y se extreman con sigilo las medidas que tienen los jueces. Tenemos un estatuto que impide, por ejemplo, que hablemos con las partes por fuera del proceso, que se tomen determinaciones que no son conocidas por las partes, y toda esa aplicación de normas permite tener la tranquilidad de que los magistrados no se pueden ver involucrados en situaciones que puedan afectar, no solamente la transparencia, sino el ejercicio de la administración en ese caso concreto. Puedo afirmar que somos muy celosos de nuestras funciones y no solamente queremos parecer, sino que somos personas que tenemos una responsabilidad muy alta y la ejercemos de esa manera.

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¿Qué se debe reformar de la justicia?

Venimos de un contexto de insatisfacción ciudadana en varios ámbitos de la sociedad, y en la justicia el reclamo más crítico hace referencia a la lentitud en los procesos. Lo que ocurre es que eso está acompañado de una compleja problemática en la justicia. La demanda de justicia desde 1991 ha crecido en 264 % y la oferta institucional no ha crecido ni siquiera en 38 %. Esa desigualdad hace que el número de procesos que entren tengan un índice de evacuación inferior al que se requiere y la congestión no permite que podamos ejercer nuestra función con la celeridad, la oportunidad y la prontitud que se requieren. Me parece que la gran reforma a la justicia es la gran descongestión de la Rama Judicial, donde existan un plan, unas herramientas y unos recursos para los jueces.

¿Y la relación con el Gobierno?

Tuvimos una entrevista la semana pasada con la ministra de Justicia, en la cual nos esbozó los planteamientos que tiene el Gobierno. Lo primero que nos llena de tranquilidad es que quiere hacerse una reforma con la participación de todos aquellos que de una u otra forma puedan aportarle a la justicia. Entre ellos, nosotros. Nos parece deseable y puede llegar a un buen camino y entendimiento con las demás ramas del poder público. La ministra señaló que existían unos puntos que ellos iban incluir y nos los trasladó con la finalidad de que nosotros hiciéramos las opiniones y críticas que consideráramos necesarias.

¿Cuáles?

Lo relativo al gobierno y la administración de la Rama Judicial, la forma de vinculación, períodos y requisitos de los magistrados y el presupuesto. No hay una verdadera autonomía en donde no hay recursos. Y también, aspectos que señala ella (la ministra) en descongestión, a través del otorgamiento de facultades judiciales a autoridades administrativas. Sobre esto, la posición de la Rama Judicial en su momento y del Consejo de Estado es que hay que mirar con cuidado ese otorgamiento de funciones. Nos preocupa un poco ese tema. La reforma a la justicia no debe ser entendida como una reforma constitucional y totalmente radical. Ojalá que así no se plantee, sino que sea multinivel: puede haber reformas normativas, de cambios a la Constitución o a la ley estatutaria de administración de justicia.

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La ministra había hablado de hacer microrreformas. ¿Qué les dijo?

Creo que tenemos un panorama muy promisorio, porque la persona que ejerce el Ministerio de Justicia ha sido de la Rama Judicial, conoce las angustias, los problemas que nos aquejan, y eso le permite tener serenidad al momento de analizar con nosotros cualquier posible reforma. Segundo, la ministra fue muy receptiva para que podamos aportar a esa reforma, y la visión es que se haga por varias vías. Bien sea a través de una reforma constitucional sobre los aspectos esenciales y, en el aspecto legal, que se den herramientas claras para mejorar el acceso a la justicia, la congestión, el mejoramiento de la selección de los jueces, en fin, todas aquellas materias que siempre son recurrentes en una reforma a la justicia.

La pelea por la autonomía presupuestal de la rama lleva años. ¿Cómo se podría llegar a una solución?

Lo principal de tener un presupuesto es que sea sostenible, que exista un mínimo con base en el cual se pueda trabajar año a año, de acuerdo con una planeación que debe hacer el órgano de gobierno y administración (en este momento, el Consejo Superior de la Judicatura). Que haya unos flujos financieros ciertos para la rama, que no queden dentro del contexto de las otras ramas y que tampoco sea una solicitud recurrente ir a pedir al Ejecutivo lo que necesita, cuando tiene que contar necesariamente con unos recursos ciertos. Hemos solicitado que exista una previsión normativa en que a la rama se le asigne un porcentaje cierto del presupuesto nacional. Y otra cosa muy importante: del presupuesto de la rama, casi el 98 % es de funcionamiento. Si el país quiere mejorar la justicia, tiene que invertirle, y el 3 % de inversión es muy poco para lo que necesita la justicia. Hay que invertir más en la justicia y en la infraestructura.

¿Qué se necesita?

El mejoramiento de nuestras instalaciones, por ejemplo. Nuestro sistema es oral y escrito: necesitamos salones para las audiencias. Necesitamos una verdadera transformación digital y ese es un tema que —entendemos— está en la agenda del señor presidente como prioritario y se viene trabajando para conseguir los recursos para llegar el expediente electrónico y el juicio en línea y para que el ciudadano tengo una herramienta mucho más expedita de acceso a la administración de justicia.

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¿Qué temas necesitan una reforma urgente en este tribunal?

Somos el tribunal supremo de lo contencioso y órgano de cierre, que fundamentalmente tiene como tarea la unificación de la jurisprudencia para tener seguridad jurídica. Para que, ante casos similares, haya decisiones homogéneas por parte de los jueces. El año pasado presentamos un proyecto con el Gobierno Nacional de reforma al Código de Procedimiento Administrativo, que tiene, digamos, tres pilares. El primero, fortalecer el Consejo de Estado como órgano de unificación de jurisprudencia; el segundo, generar dobles instancias de aquellos procesos que conocemos nosotros en única instancia, y tercero, tener un código que pueda ser más fácilmente entendido e interpretado por nuestros jueces, de manera que hacemos algunos ajustes puntuales a nuestros procedimientos y trámites judiciales.

¿Qué piensa de que la Corte Suprema esté al borde de quedarse sin quórum?

Pues me debo abstener de pronunciarme en relación con una actividad de otra alta corporación, por lo mismo del respeto a la autonomía e independencia que deben tener en su funcionamiento. Así como nosotros lo exigimos en el Consejo, creo que ellos también deben esperar que las demás cortes y poderes públicos estén en condiciones de independencia y autonomía, lo cual se podría afectar con un pronunciamiento.

¿No les hace un llamado los magistrados?

Yo puedo contar la experiencia de nuestra corporación. Nosotros hemos trabajado en la agilización de las elecciones con la reforma de nuestro reglamento. Generamos un espacio para que pudiéramos llenar nuestras plazas y cumplir nuestras funciones en tiempos aconsejables.

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La Jurisdicción Especial para la Paz asumió hasta el proceso de pérdida de investidura del exsenador Musa Besaile. ¿Están de acuerdo con que la JEP asuma los procesos de muerte política?

Yo le soy sincero: en este momento la corporación no ha asumido ninguna posición en relación con este tipo de asunto. No ha sido estudiado. Lo que sí le puedo decir es que la Constitución es muy clara y que la figura de la pérdida investidura es uno de los pilares fundamentales para la depuración de la política en Colombia, como lo manifestó el Constituyente y le señaló una competencia constitucional al Consejo de Estado para el conocimiento de ese proceso. Esa cláusula está plenamente vigente y se ejerce por esta corporación.

Pareciera que, en Colombia, las decisiones judiciales se midieran por el aprecio o disgusto hacia el personaje involucrado. Y la respuesta a la nulidad de la elección de Antanas Mockus así lo muestra. ¿Qué piensa?

Los jueces no tomamos decisiones por razones políticas y es posible que las decisiones que tomemos, cuando no son vistas por una de las partes como favorables a sus pretensiones, puedan dar lugar a las sensaciones que correspondan. Pero esos son elementos que el juez no puede entrar a considerar. En el caso del senador Mockus, la corporación entró a estudiar dos tipos de acciones diferentes que alegaban que había incurrido en una inhabilidad al presentarse al Congreso, porque había celebrado seis meses antes de su elección contratos con entidades del Estado. ¿Qué se anuló? El acto de elección. En la pérdida de investidura, en juicio de doble instancia, se determinó que no se configuraban las condiciones (para una inhabilidad de por vida para presentarse como congresista). (Sobre la tutela), la Sala Plena no se pronunció de fondo, dijo que la parte tiene otra vía legal, que es el recurso extraordinario de revisión. No son decisiones contradictorias porque los efectos son disímiles.

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Usted llega a la presidencia siendo magistrado de la Sala de Consulta, es decir, no participa en la Sala Plena para el estudio de procesos. ¿Eso dificulta su labor?

Mi trayectoria y mi experiencia han sido de servicio público. Me he desempeñado en la Registraduría, en el Ministerio de Justicia y en otras entidades públicas. Cuando ingresé acá lo hice como magistrado auxiliar de la Sección Tercera, el Consejo de Estado y la Jurisdicción los conozco desde adentro. Tuve el privilegio de haber sido el secretario técnico de la Comisión de Reforma del Código contencioso administrativo, y el tránsito a la Sala de Consulta lo veo como un plus, porque entonces, para representar a la corporación en este momento, conozco ambas funciones. Me deja la tranquilidad de que no será por falta de conocimiento que yo cometa algún yerro.

¿Usted de dónde es?

Yo nací en El Banco, Magdalena. Mi origen es costeño. Por cuestiones de mis padres, nos radicamos en Bogotá a temprana a edad y me he desarrollado en mi vida tanto académica, profesional y familiar en Bogotá.

Rolo por adopción...

Costeño de agua fría (risa). Estudié en la Universidad Externado de Colombia, soy docente allí y en la Universidad del Rosario. Entre mis aficiones está el fútbol, pero desde mi cómodo sillón, viendo televisión. Me gusta el cine. No me gusta que no haya disposición de servicio. Me disgusta el “no se puede”. No me gusta que la gente dé solamente lo que se le pide. No me gusta la mentira. Sí me gusta que se tenga la visión humana en todas las cosas. Uno no debe desprenderse del contexto social o humano en donde uno se desempeña. O sea, no me gusta la automatización de las personas. Mi familia ha sido muy sacrificada conmigo por cuestiones de trabajo desde que inicié mi carrera profesional. De todas formas, manejo unos espacios sagrados. Me gusta mantener mis fines de semana, en lo posible, y de los que trabajan conmigo.