La Fiscalía imputó cargos contra Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, por su presunta responsabilidad en las irregularidades encontradas en la planeación y ejecución del contrato para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.
Una juez de control de garantías formalizó la imputación de cargos contra Suárez Soto, luego de que este se presentara a la audiencia. La diligencia se había retrasado inicialmente el pasado 21 de abril, cuando el exfuncionario no compareció y la Fiscalía solicitó que fuera declarado en contumacia, petición que la juez terminó negando.
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La investigación señala que el exfuncionario, sin tener competencia funcional para ello, habría direccionado el proceso contractual suscrito el 31 de diciembre de 2024 con la empresa estadounidense Vertol Systems, por USD 32 millones.
Según la Fiscalía, Suárez Soto habría ordenado adelantar la contratación mediante un proceso de selección directa reservada, con el fin de beneficiar a esa firma, representada por un ciudadano estadounidense, que no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera necesarias para ejecutar el contrato.
El exviceministro no aceptó los cargos formulados en su contra por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.
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Las pruebas señalan que el exviceministro habría participado en reuniones de estructuración para flexibilizar los requisitos del proceso, mantuvo comunicación directa con los contratistas y realizó gestiones ante la Aerocivil para agilizar un trámite indispensable para la ejecución del contrato.
Además, la Fiscalía estableció que Suárez Soto conoció informes técnicos y jurídicos que advertían sobre el incumplimiento de los requisitos por parte del contratista y que, presuntamente, dispuso que un funcionario específico realizara la evaluación financiera correspondiente.
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El ente investigador sostiene que la forma de pago habría sido modificada para autorizar un desembolso anticipado equivalente al 50 % del valor total del contrato. Así, el 15 de abril de 2025 se giraron USD 16.231.700, pese a que solo se habían ejecutado actividades por cerca de USD 2,6 millones. Tras declararse el incumplimiento del contrato, aún está pendiente el reintegro de más de USD 13 millones.
El caso hace parte de un proceso judicial que se adelanta desde marzo contra cuatro personas vinculadas al escándalo de corrupción por el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército. Además de Suárez Soto, fueron vinculados el exdirector de Logística del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán, y los contratistas Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie.
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El Estado logró en enero de este año recuperar más de USD 20 millones tras la declaratoria de incumplimiento del contrato. Sin embargo, la recuperación total de los recursos no resolvió el problema de fondo: persiste la incertidumbre sobre la disponibilidad de una de las capacidades aéreas más estratégicas del Ejército.
El secretario general (e) del Ministerio de Defensa, Giovanni Arturo González Zapata, explicó que ese dinero no puede reinvertirse directamente en la Aviación del Ejército ni destinarse a nuevos contratos de mantenimiento, pues las reglas fiscales obligan a que ingrese al Tesoro Nacional, lo que restringe su uso inmediato para atender la crisis de la flota.
Según el funcionario, el incumplimiento del contrato afectó de manera directa la disponibilidad, el sostenimiento y la seguridad operacional de los MI-17. La suspensión del mantenimiento integral y la escasez de repuestos impidieron ejecutar operaciones y cumplir los programas previstos, lo que elevó el riesgo técnico, alteró la continuidad logística y redujo la capacidad operativa de estas aeronaves.
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Las consecuencias se reflejan en al menos 11 helicópteros. Tres de ellos, directamente relacionados con el contrato, quedaron fuera de servicio al no recibir el mantenimiento requerido y llegar a sus límites técnicos, mientras que otras ocho unidades operan de forma limitada por la falta de repuestos. La situación ha reducido la capacidad de respuesta aérea en distintas regiones del país y el Ejército deberá mantener restringidas las operaciones de esta flota hasta que el Gobierno defina un nuevo proveedor.
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