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Laura Camila Sarabia Torres, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y quien fuera una de las personas más cercanas al expresidente Gustavo Petro, tuvo este 14 de septiembre una cita con la justicia. La Fiscalía le imputó cargos a la exfuncionaria por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso, relacionados con la pérdida de una maleta con COP 4.000 millones de su apartamento en 2023 y la prueba de polígrafo practicada a Marelbys Meza, exniñera de su hijo. Una movida que pone a la excanciller frente a un llamado a juicio, pero que deja sin atar el capítulo de las chuzadas a los teléfonos de dos de sus exempleadas.
La audiencia se desarrolló ante el despacho de la jueza primera de control de garantías de Bogotá y estuvo liderada por la fiscal Patricia del Socorro Hernández Zambrano, pues la titular del caso, Marcela Abadía, se encuentra por estos días en licencia de vacaciones. Laura Sarabia asistió de forma virtual con su abogado, el exfiscal Mario Iguarán, y durante cerca de cuatro horas escuchó los argumentos de la Fiscalía para investigarla porque, al parecer, se habría aprovechado de su poder e influencia como jefa del gabinete ministerial de Petro para que se aplicara la prueba de polígrafo a su exempleada. Esto, según el ente investigador, a pesar de que era una orden que estaba por fuera de sus funciones y competencias. Pero la exfuncionaria negó su responsabilidad y ha dicho que respeta a las autoridades, confía en sus decisiones y su único deseo es “que Marelbys recupere su tranquilidad, pueda retomar su vida y avanzar”.
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Los hechos que enredan a Sarabia
El origen del proceso penal de Laura Sarabia está en una denuncia interpuesta el 26 de mayo de 2023 por Marelbys Meza en contra de su antigua jefa, en la que puso en conocimiento de la Fiscalía que en enero de ese año había sido sometida a la fuerza a una prueba de polígrafo y que su teléfono celular podría estar interceptado de forma ilegal. Durante la audiencia, la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia narró que el 27 de enero de 2023 Laura Sarabia se trasladó al Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), en Bogotá, para tomar un vuelo hacia la ciudad de Cali. Allí le entregó “un maletín con artículos personales” a su entonces jefa de seguridad, la teniente Sandy Alvernia Guerrero.
La indicación, según narró la Fiscalía, era llevar el maletín al apartamento de Laura Sarabia y entregárselo a su esposo, Andrés Fernando Parra Valverde. En ese equipaje, al parecer, había una bolsa de tela, color negro, con documentos personales y dinero en efectivo. El esposo de la entonces jefa de gabinete de Petro no estaba en el apartamento y, según señala la imputación, fue Marelbys Meza, quien trabajaba con Sarabia desde septiembre de 2022, quien lo recibió. Dos días después, el 29 de enero, Laura Sarabia habría llamado desde Villa de Leyva (Boyacá) a su esposo para que revisara el maletín y sacara la bolsa con los documentos y el dinero. Pero, según los funcionarios del búnker, el esposo de la exfuncionaria no encontró lo uno ni lo otro.
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De inmediato, detalla la imputación, Andrés Parra le avisó a su esposa, quien se habría puesto en contacto con el coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, entonces jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad de la Policía, y le habría dado la orden de “adelantar labores investigativas”. El caso lo asumió la patrulla Orión Cuatro, del Grupo de Hurto a Residencias de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín). La Fiscalía sostiene, además, que Laura Sarabia y su esposo se pusieron en contacto por WhatsApp con Marelbys Meza para que, a pesar de que era domingo y estaba en su día de descanso, se trasladara a la casa de la jefa de gabinete de Petro por la supuesta pérdida del dinero.
Los funcionarios del búnker sostienen que al final de la tarde, cuando Laura Sarabia regresó de Villa de Leyva a Bogotá, al parecer, se contactó de nuevo con el coronel Carlos Feria y “le ordenó que le practicara una prueba de polígrafo a Marelbys Meza”, dijo la Fiscalía. Además, le habría dicho personalmente a la niñera de su hijo que “debía someterse a esa prueba” para esclarecer si había tenido o no participación en la supuesta pérdida del dinero. Para la Fiscalía, la exfuncionaria del gobierno Petro habría incurrido en el delito de abuso de función pública, pues habría aprovechado su influencia en el Gobierno Nacional para ordenar una prueba que solo podía ser dispuesta directamente por el jefe de la Oficina de Polígrafos de la Policía.
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Según el ente investigador, la función de Laura Sarabia como jefa de gabinete era asesorar al presidente Petro y no ordenar pruebas de polígrafo. Agregó que ese procedimiento tampoco se puede aplicar a “una empleada particular”, como lo era Marelbys Meza, y que la exfuncionaria “abusó de su cargo”. Esto, porque el polígrafo es un procedimiento que, según la ley, está reservado para tres circunstancias: ser un filtro de idoneidad para funcionarios o aspirantes a cargos en esquemas de seguridad de altos funcionarios, verificar de forma rutinaria y aleatoria los estándares de honestidad de estos trabajadores o verificar información sobre hechos puntuales que comprometan la seguridad del presidente de la República.
Por otro lado, la Fiscalía asegura que Laura Sarabia habría constreñido ilegalmente a su exempleada, Marelbys Meza, para que accediera a la práctica de la prueba de polígrafo. La mujer le dijo al ente investigador que, al llegar a la casa de su jefa ese 29 de enero de 2023, evidenció un “aumento del esquema de seguridad, inclusive de funcionarios de criminalística”, lo que llamó su atención. Luego, Andrés Parra le habría hablado sobre la pérdida de la bolsa con el dinero, “instándola a devolverla” y que así “no le pasaría nada”. Según el ente investigador, la exdirectora del Dapre también “la confrontó y la interrogó”, pero la niñera negó haber tomado el dinero, “sabiendo del poder que tenía dentro del Gobierno”.
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Según la Fiscalía, Laura Sarabia “utilizó como medios proactivos para ese constreñimiento la asimetría de poder que tenía con Marelbys Meza” y la dependencia económica de su empleada, que la ubicaba “en una posición de vulnerabilidad”. El ente investigador sostiene que, por las prácticas presuntamente usadas para “doblegar la voluntad” de la niñera, la exfuncionaria del gobierno Petro habría incurrido en el delito de constreñimiento ilegal agravado. Su propósito se habría cumplido en la tarde del 30 de enero cuando, según la denuncia, la niñera fue trasladada al Edificio Galán, sede del Dapre, en el centro de Bogotá. Allí, durante unas tres a cuatro horas, la mujer fue sometida a la prueba de polígrafo, al parecer, a órdenes de Laura Sarabia.
La imputación sostiene que la exjefa de gabinete, “como funcionaria pública, determinó por mandato a Carlos Alberto Feria” y “lo determinó para que usara indebidamente los equipos” con los que se habría practicado la prueba de poligrafía. La Fiscalía sostiene que “el interrogatorio se enfocó de manera exclusiva en indagar por el hurto del dinero”, lo cual está por fuera de los lineamientos para la práctica de dicha prueba. En ese sentido, señaló la fiscal durante la audiencia, Laura Sarabia “sabía que estaba emitiendo una orden fuera de su competencia” y que la prueba ni los equipos podían usarse para fines distintos a los señalados. En ese sentido, le imputó el delito de peculado por uso. Pero la exfuncionaria no aceptó ninguno de los cargos.
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Su abogado, el exfiscal Mario Iguarán, pidió durante la audiencia varias precisiones por parte de la Fiscalía relacionadas, entre otras cosas, con el presunto rol de Laura Sarabia en la orden de practicar la prueba de poligrafía a Laura Sarabia. “Hasta donde sabemos, siempre ha existido una sala de polígrafo en la Presidencia de la República y ha habido eventualidades de personas, sin número”, dijo el jurista. También le pidió al ente investigador que fuera más específico sobre las razones que tienen los funcionarios del búnker para asegurar que la exdirectora del Dapre sabía que, al ordenar el examen a la exniñera de su hijo, tenía pleno conocimiento de que estaba incurriendo en un acto ilícito y estaba desbordando sus competencias.
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¿Y las chuzadas?
Durante la diligencia, la jueza de control de garantías reconoció a Marelbys Meza como presunta víctima del caso, así como la Presidencia de la República, representada por el abogado Andrés Tapias Torres. Otras dos personas pidieron su reconocimiento, pero les fue negado: Marbel Alcira Morales Quevedo, la fiscal que tuvo a su cargo la investigación del presunto robo de la maleta con dinero y que, según su abogado, habría sido “instrumentalizada” para adelantar la investigación del caso; y Fabiola Perea, quien también trabajaba en la casa de Laura Sarabia y denunció haber sido objeto de seguimientos e interceptaciones telefónicas ileglaes. Lo que se sabe hoy es que la Policía elaboró informes de inteligencia irregulares para chuzar su teléfono y el de Marelbys Meza en medio de la investigación por la pérdida del dinero.
Incluso, las dos mujeres fueron señaladas falsamente de hacer parte del Clan del Golfo, donde Marelbys Meza supuestamente tenía el alias de “La Madrina” y Fabiola Perea sería conocida como “La Cocinera”. Esa información fue desmentida. Por el contrario, las condenas contra el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero John Fredy Morales Cárdenas, involucrados en el caso, demostraron que se hicieron informes ficticios para involucrar falsamente a las dos exempleadas de Laura Sarabia y señalarlas de supuestamente hacer parte del mencionado grupo ilegal. En la audiencia de este 14 de septiembre, el abogado Mauricio Marín Martínez, quien representa a Fabiola Perea, pidió su reconocimiento como víctima, pero la jueza lo negó.
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Según explicó la jueza, no se han expuesto los argumentos necesarios para sustentar que Fabiola Perea haya sido víctima del caso, puntualmente en lo relacionado con la práctica de la prueba de polígrafo a Marelbys Meza. En diálogo con El Espectador, el jurista señaló que hay razón en que los hechos por los cuales Laura Sarabia fue imputada este lunes no tienen relación directa con las chuzadas a Fabiola Perea. Sin embargo, señaló que sí “llama la atención” que la Fiscalía no haya tenido en cuenta el capítulo de las interceptaciones ilegales, incluso a pesar de que ya hay dos expolicías condenados y la Fiscalía radicó escrito de acusación en contra del coronel Carlos Feria. El abogado Mauricio Marín señaló que para el ente investigador “es como si no existieran esos hechos” y se obviaran en el caso de la exdirectora del Dapre.
“Aquí siempre paga el de menos, nunca persiguen al verdadero poder”, dijo el abogado. Agregó que Fabiola Perea le ha pedido a la Fiscalía que la escuche, pero no ha tenido respuesta. Y le hizo un llamado al ente investigador para que no descarte una adición a la imputación de Laura Sarabia por el capítulo de las chuzadas: “Lo que falta investigar es la posible injerencia de Laura Sarabia sobre los policías que hicieron las interceptaciones. No conocemos ninguna línea de investigación sobre ese tema. Vale la pena que la Fiscalía obtenga las evidencias que hay en el otro proceso (el de la condena contra los uniformados) e inicie la indagación correspondiente”. La decisión de ampliar esa investigación está en manos de los funcionarios del búnker, que ahora avanzarán hacia la acusación contra quien fuera una de las personas más cercanas a Petro.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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usucapion1000(15667)•Hace 58 segundosE.E. ha perdido credibilidad e ignora la opciòn de comentar quienes se inscriben. El NUEVO Espectador borra o no transcribe los comentarios que no estàn de acuerdo con su giro a la derecha. Es lamentable.
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javier(96673)•Hace 58 minutos¿Todavía están creyendo que los dineros robados de la casa de Laura Sarabia se los alzó el espíritu del cacique Quemuenchatocha?