Un juzgado del circuito judicial de Bogotá negó una acción de tutela interpuesta por Plural Comunicaciones S.A.S., operador de Canal 1, contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).
En la tutela, radicada el pasado 25 de noviembre de 2025, Plural Comunicaciones y sus directivos, Ramiro Andrés Avendaño y Santiago Valencia Becerra, señalaron a la SIC y al MinTIC como responsables de vulnerar derechos fundamentales a la libertad de expresión, de información y de prensa y su derecho al debido proceso. El reclamo surgió por el inicio de una investigación por una supuesta integración empresarial entre Canal 1 y Caracol Radio.
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Según la investigación de la SIC, las empresas se “fusionaron”, supuestamente, sin la autorización que exigía la ley y, por ello, se les formuló cargos el 9 de septiembre de 2025. Sin embargo, los accionantes afirmaron que no requerían el visto bueno de la entidad porque no hubo fusión y que, inicialmente, la propia Superintendencia les había indicado que ese aval no era necesario. Pese a esto, dos meses después, la Superintendencia cambió de opinión y determinó que Caracol Radio y Canal 1 sí necesitaban autorización para su integración.
Al revisar el caso, el juzgado señaló que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para resolver la disputa, ya que los tutelantes no probaron haber agotado todos los recursos administrativos y judiciales que tenían a la mano para defenderse. Asimismo, indicó que los demandantes tampoco acreditaron “la ocurrencia de amenaza de un perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez de tutela en el presente caso”.
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Por su parte, Canal 1 anunció que impugnará el fallo, en lo que calificaron como “un segundo raund judicial para defender la continuidad del canal y la libertad de prensa”. Entre los argumentos presentados, el canal explicó que el juzgado no abordó de manera adecuada las discusiones de fondo sobre los derechos fundamentales de Plural Comunicaciones S.A.S., ni resolvió los riesgos que enfrenta la operación del canal, “dejando la puerta abierta a futuras vulneraciones”.
¿Por qué Canal 1 dice que vulneraron sus derechos?
Para Canal 1, el problema no radicaba en que el Estado vigilara los medios de comunicación, sino en la forma en que lo hizo. Tras la decisión de la superintendencia, iniciaron las investigaciones que llevaron al pliego de cargos contra las empresas. En la tutela, los accionantes también sostuvieron que, durante el trámite adelantado por la SIC, se habían presentado múltiples irregularidades.
“Entre ellas, restricciones en el acceso al expediente, incorporación progresiva y extemporánea de pruebas, uso de documentos protegidos por secreto profesional, dilaciones injustificadas y divulgación de información reservada”, lo que, según ellos, habría afectado gravemente su derecho de defensa.
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Además, uno de los puntos centrales de la acción de tutela indicaba que la SIC había generado un efecto de presión sobre la libertad de prensa. Canal 1 sostuvo que la Superintendencia no se limitó a revisar contratos o cifras, sino que valoró decisiones relacionadas con la programación y la pauta publicitaria del canal.
El medio también indicó que las actuaciones del MinTIC y de la SIC “no constituían hechos aislados, sino que hacían parte de un contexto sistemático de hostigamiento institucional que buscaba incidir en la línea editorial y en la operación de un medio de comunicación independiente”, lo que habría afectado sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, libertad de información, libertad de prensa y debido proceso.
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