Una turba de hombres vestidos con camuflados se tomó las calles del barrio El Campín, de Barrancabermeja, sobre las 9:00 de la noche. Era sábado 16 de mayo de 1998 y los habitantes de la capital petrolera de Colombia se preguntaban, entre gritos de alarma, si se trataba de policías, soldados o integrantes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que estaban adelantando un operativo. Eran paramilitares.
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Fuertemente armados y montados en camiones y camionetas, integrantes de las Autodefensas de Santander y el Sur del Cesar (Ausac) entraron a la ciudad y desplegaron una caravana del horror en la que asesinaron a siete civiles y a otros 25 se los llevaron hacia el corregimiento de San Rafael de Lebrija (Santander).
En los días posteriores, estas personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas. Solo hasta el año 2008 fueron recuperados los primeros cuerpos en fosas excavadas en una finca de ese centro poblado. La masacre del 16 de mayo es solo uno de los hechos que desangraron a Barrancabermeja, una ciudad sembrada al pie del río Magdalena y golpeada por la violencia que durante años perpetraron los paramilitares, en alianza con la fuerza pública y hasta con funcionarios de la empresa Ecopetrol.
Así lo expone la más reciente imputación adelantada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que llamó a 12 personas a reconocer responsabilidad en graves crímenes de guerra y de lesa humanidad: homicidio, persecusión, exterminio y desaparición forzada. Esa instancia documentó, en total, los asesinatos de 431 personas y las desapariciones de otras 85 entre los años 1988 y 2000.
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En una diligencia adelantada en el muelle de la Terminal Fluvial Yuma, en Barrancabermeja, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, y la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, anunciaron la imputación de José Eduardo González Sánchez, exjefe de seguridad de Ecopetrol en la refinería de esa ciudad.
El exfuncionario fue llamado para que responda por su presunta participación en masacres, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, persecución contra sindicalistas y organizaciones de derechos humanos como la Unión Sindical Obrera (USO) y la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS) ocurridos entre el 8 de enero de 1988 y el 29 de diciembre del año 2000.
Los hechos corresponden al período denominado como la toma paramilitar de Barrancabermeja. Es la primera imputación del subcaso Magdalena Medio del caso 08 de la JEP, que investiga los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con paramilitares o terceros civiles.
La justicia transicional también imputó a nueve exoficiales del Ejército y dos de la Policía: José Domingo García García, Juvenal Ovidio Brugés Palmera, Carlos Eduardo Avendaño Ávila, Oswaldo Prada Escobar, Óscar Diego Sánchez Vélez, Jesús Herrera García, Héctor Eduardo Peña Porras, Fernando Millán Pérez, Alberto Bayardo Bravo Silva, Nilson Durán Durán y Juan Carlos Celis Hernández.
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De acuerdo con la investigación liderada por la magistrada Catalina Díaz Gómez, entre 1998 y 2000 en Barrancabermeja se fraguó una “alianza criminal” que tenía como objetivo “expulsar al enemigo común”: la guerrilla. Para hacerlo, policías, militares, funcionarios de Ecopetrol y paramilitares habrían operado de manera conjunta y habrían desplegado una campaña de estigmatización.
Con su estrategia señalaron de auxiliadores de grupos ilegales a integrantes de importantes sindicatos de trabajadores, como la USO, y de organizaciones sociales que denunciaban las graves violaciones a los derechos humanos en la región, como CREDHOS. Para la JEP, el rol de José Eduardo González Sánchez desde Ecopetrol habría sido clave.
La imputación lo denomina como un “actor bisagra” que sirvió como enlace del sector privado y estatal con las autodefensas en el Magdalena Medio. También habría facilitado la creación de un sistema de infiltraciones a la USO, de la cual habrían hecho parte otras tres personas a su mando.
Estos se habrían camuflado para entrar a reuniones del sindicato, acceder a información privilegiada, adelantar seguimientos apoyados por inteligencia militar y perfilar a líderes sindicalistas que luego fueron asesinados. Uno de los crímenes que se habría fraguado de esa forma, según la JEP, es el del líder sindical Aury Sará Marrugo, secuestrado el 30 de noviembre de 2001 y asesinado el 5 de diciembre de ese año.
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En palabras de la magistrada Catalina Díaz Gómez, José Eduardo González Sánchez “tenía las tres camisetas”, pues al mismo tiempo actuaba en tres roles: era coronel retirado del Ejército, trabajaba en el grupo de seguridad de la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja y hacía parte de la nómina paramilitar del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas.
González reconoció ante la JEP que el objetivo común era “tomarse Barrancabermeja, quitar de las garras de Barrancabermeja a la guerrilla”. La JEP señaló que los pagos a este funcionario por parte de los paramilitares provenían directamente de Guillermo Cristancho Acosta alias “Camilo Morantes” y Mario Jaimes Mejía, alias “Panadero”.
La magistrada Díaz explicó en conversación con El espectador que, si bien la JEP no tiene competencia para vincular terceros civiles corporativos, invitaron a Ecopetrol a un diálogo restaurativo para el esclarecimiento de la verdad. “Muchos actores del territorio se preguntan cuál fue el rol de la empresa en lo que ocurrió y por qué solo se imputa al capitán retirado y no a sus superiores. Es porque ya todos están muertos”, señaló.
Agregó que tienen expectativas positivas de avanzar en ese proceso: “Esperamos poder avanzar en el diálogo restaurativo con la empresa porque tienen un recorrido muy importante en temas de derechos humanos y es un actor central en el territorio. Ojalá Colombia sea un ejemplo para el mundo en esa conversación entre actores corporativos, las víctimas y la justicia”.
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En el caso de la masacre del 16 de mayo de 1998, según la JEP, miembros del Batallón Nueva Granada del Ejército habrían desmontado los controles militares para facilitar la incursión de los paramilitares y dejando completamente desprotegida a la población.
Otro de los casos representativos es la masacre de La Tata, el 26 de febrero de 1990 en Cimitarra (Santander), en la que fueron asesinados Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas, líderes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), y la periodista Silvia Duzán Sáenz. Y la masacre del 28 de febrero de 1999, en los barrios nororientales de Barrancabermeja, en la que fueron asesinadas ocho personas y dos desaparecidas. Según la imputación, ese hecho fue “el resultado de una alianza renovada” entre policías, militares y paramilitares.
Sobre la investigación, la magistrada Díaz resaltó el dolor que le causa la impunidad que campeaba sobre los expedientes. “Desde hace 20 años los paramilitares habían confesado su alianza con los militares y habían ofrecido nombres desde generales hasta soldados, con apellidos, cargos y posición. Los fiscales de Justicia y Paz compulsaron copias, pero es sorprendente cómo no surgieron investigaciones o condenas. Solo uno de los hoy imputados había sido condenado”, dijo.
Aclaró que caso distinto fue lo que ocurrió en la Corte Suprema de Justicia. “En los casos de parapolítica, esa instancia condenó a senadores y exalcaldes por ese fenómeno. Pero los militares que se aliaron con los paramilitares y sobre los que se hallaron pruebas hace 20 años, nunca habían sido investigados”, expresó la magistrada en su diálogo con este diario.
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La JEP revisó más de 30 sentencias de Justicia y Paz que daban cuenta de la forma en la que operaron los paramilitares en el Magdalena Medio. Además de miles de informes de inteligencia, documentos oficiales, informes periciales y de organizaciones de víctimas que retratan la barbarie de la que fueron objeto los habitantes de la región y hasta el propio río que bordea a la ciudad petrolera.
Este último, en el marco del caso 08, también fue reconocido como víctima por haber sido usado como fosa común para ocultar los cuerpos de cientos de víctimas. Son, en total, 529 las personas acreditadas como víctimas individuales y 15 organizaciones reconocidas como víctimas colectivas. Entre ellas, las mencionadas USO y CREDHOS.
El despacho de la magistrada Catalina Díaz Gómez también escuchó las versiones voluntarias de 35 comparecientes y 10 testigos. Entre ellos, exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso, Rodrigo Pérez Alzate, alias “Julián Bolívar”, y alias “El Panadero”, sobre quienes no tiene competencia directa porque sus expedientes están en Justicia y Paz. Esas voces sirvieron para reconstruir el horror que sembraron las autodefensas en el Magdalena Medio, en alianza con las fuerzas estatales y funcionarios de Ecopetrol.
Por eso también la Sala de Reconocimiento de Verdad convocó a la estatal petrolera a un espacio dialógico con las víctimas, en el que buscan avanzar en la construcción de la verdad sobre la responsabilidad del Estado en estos graves crímenes. La razón es que aún hay mucha verdad por contar y esa es su única demanda.
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Por Gustavo Montes Arias
