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El 22 de agosto pasado, cuando ya se escuchaba por los pasillos de la política que Laura Sarabia podía regresar al gobierno de Gustavo Petro, la exjefa de gabinete confirmó que estaba de viaje en Washington en reuniones de alto nivel. En ese momento se supo que se reunió con Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), con Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y otros miembros de la entidad. Los encuentros fueron la antesala de su nombramiento como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y de que la Fiscalía de Francisco Barbosa confirmara que en su contra hay una indagación por los hechos que llevaron a que su exniñera fuera sometida a la prueba del polígrafo.
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Mientras las investigaciones internas siguen su rumbo, el caso de Laura Sarabia también se está abriendo camino en Washington entre los despachos de la CIDH que están interesados en ponerle la lupa a lo que ella misma denunció: un caso de violencia contra mujeres en la política. Fuentes de la entidad internacional le contaron a El Espectador nuevos detalles de lo que la exjefa de gabinete denunció hace casi un mes y, además, confirmaron que el caso sí es de interés de la Comisión. Así se lo hicieron saber a Sarabia en un correo electrónico que firmó la secretaria Tania Reneaum, en el que hay otra pista de quién más está detrás de la decisión: Julissa Mantilla, comisionada de la CIDH que también estuvo al tanto del tema de la reunión con Sarabia.
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Hasta el año pasado, Mantilla fue la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se convirtió en una de las abanderadas más importantes de la defensa de los derechos de las mujeres en esa entidad internacional. Además, la abogada peruana fue una de las comisionadas más activas durante la intervención de la CIDH en medio del paro nacional de 2021. Sus antecedentes en ambos temas, que la han llevado a conocer de primera mano las particularidades de la política colombiana, la podrían convertir en una ficha clave para la estrategia internacional de Laura Sarabia, quien les hizo saber a Mantilla y a Reneaum que el episodio que la sacó de la Casa de Nariño estuvo plagado de hechos de acoso, insultos y amenazas.
Su salida del círculo más cercano del presidente Gustavo Petro ocurrió el pasado 2 de junio, en medio de una tormenta política y judicial que arrancó con la denuncia que hizo Marelbys Meza, exniñera de su hijo. La extrabajadora señaló que se había sentido amenazada y secuestrada cuando la Policía le practicó una prueba de polígrafo, luego del robo de un dinero de la casa de la exjefa de gabinete. En medio de esa polémica, se conoció que la Policía había interceptado ilegalmente a la exniñera y a otras personas cercanas, pero las autoridades no han esclarecido si Sarabia tuvo algo que ver en esas operaciones ilegales, que ya tienen al menos a cinco policías vinculados a una investigación y a varios de ellos en la cárcel.
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Al margen de esas investigaciones penales, lo que Laura Sarabia denunció en la CIDH es una arista diferente al caso de la exniñera, pero que se enmarca en el mismo contexto y tienen a un protagonista en común: Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela. Lo que contó la ahora directora del DPS a la Comisión Interamericana es que desde que asumió el cargo como jefa de gabinete, en agosto del año pasado, estuvo expuesta a insultos y amenazas de quienes le hicieron propuestas burocráticas, entre ellos, el exdiplomático barranquillero. Sarabia explicó que llegó al gobierno Petro, pues antes trabajaba con Benedetti, pero que desde su posesión estuvo sometida a un asedio y acoso permanente, además de un trato desobligante.
Lo que reiteró Sarabia ante la CIDH es que ese mal trato fue reiterado y siempre tuvo una razón: su condición de mujer joven con un altísimo grado de poder que Benedetti, pese a su cercanía con ella y con el presidente Petro, nunca logró tener. Fuentes de la Comisión agregaron que la exjefa de gabinete se refirió al trato del exdiplomático como uno desobligante, misógino y grosero y que duró al menos un año. Además, dijo que el excongresista le habría pedido que le informara y pidiera su autorización de prácticamente todas las decisiones del primer mandatario, una situación que, explicó Sarabia, minimizaba sus labores e infantilizaba su capacidad, simplemente por el hecho de ser una mujer joven en una posición de considerable connotación nacional.
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A renglón seguido, contaron funcionarias de la CIDH, Sarabia explicó que consideraba que los patrones de comportamiento de Benedetti solo servían para replicar narrativas y estereotipos de género con un solo fin: limitar el espacio de las mujeres en la esfera pública y en cargos de poder. Después de hacer un recuento de lo que vivió durante los primeros meses, Sarabia aterrizó en el caso que la sacó de la Casa de Nariño. Aunque no se refirió al tema penal, ni a los detalles del robo ni a que su exniñera fue interceptada ilegalmente por la Policía, Sarabia le contó a la Comisión que Benedetti filtró una serie de audios que se cruzaron ambos en los que, para ella, existieron graves amenazas, chantajes y comentarios con referencias sexuales dirigidos a denigrar su condición de mujer.
Los audios se conocieron justamente en medio del revuelo por la denuncia que hizo Marelbyz Meza. La revista Semana publicó varios de esos audios y la CIDH ya tiene registro de los mensajes con alusiones sexuales. Por ejemplo, uno que se cruzaron el 16 de mayo, en el que Benedetti le dijo: “Es que te están c*liando. Te está c*liando y está quedando en evidencia que vales verg*”. La Comisión también tiene referencias de las amenazas que denunció Sarabia. Una de ellas también la recibió en un audio: “Si antes te sentías amenazada, ahora sí es cul* de amenaza”; y otra más la conoció a través de una entrevista que el exembajador le entregó a la revista Cambio: “Si yo la tengo enfrente [a Sarabia], la mato”, dijo Benedetti. Este diario se contactó con el excongresista para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta.
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Al finalizar su reunión en la CIDH, Laura Sarabia les entregó a los funcionarios un documento en el que, en sus palabras, relató lo sucedido con el exembajador y en el que, además, dejó claro que lo que vivió durante agosto de 2022 y junio de 2023 no solo afectó su honra, buen nombre y reputación profesional, sino también al gobierno Petro. En este punto de su narración, Sarabia también les hizo saber a las funcionarias de la Comisión que le sorprendió que la Fiscalía no le prestara atención a lo que consideró un hostigamiento y violencia contra la mujer en la política y que, hasta la fecha, no haya impulsado medidas ni acciones para investigar los hechos. Por el contrario, explicó Sarabia, el ente investigador ha orientado su atención a investigar otros señalamientos.
Esa última declaración la hizo Sarabia en Washington, cuatro días después de que la Fiscalía le confirmara mediante un derecho de petición que sí estaba siendo investigada penalmente en el caso de su exniñera, pese a que un mes antes le había dicho que no había nada en su contra. Según Sarabia, esa reactivación del caso ocurrió justamente cuando se empezó a decir por los pasillos políticos que existía la opción de retomar su tarea en el gobierno Petro. La Fiscalía de Francisco Barbosa ordenó escucharla en interrogatorio el 5 de septiembre pasado, justamente un día después de que el presidente la posesionara como directora del DPS. Ella asistió a la diligencia programada, acompañada de su equipo de abogados defensores, pero el encuentro fue un fracaso.
Según fuentes cercanas al proceso, la Fiscalía no cambió a tiempo al fiscal encargado del expediente y a la diligencia asistió un funcionario que ya no tenía las credenciales para realizar el interrogatorio. Con la posesión de Sarabia, quien debe investigarla es un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que no alcanzó a estar listo para la cita de hace 12 días. Al cierre de esta edición, la Fiscalía no había reprogramado el encuentro. Y ahora, cuando la directora del DPS sea citada, la CIDH estará pendiente del caso. Pese a que Sarabia no pidió ningún tipo de medidas cautelares ni presentó formalmente su caso ante la Comisión, sí incluyó dos peticiones puntuales que, por ahora, parecieran tener eco en la entidad internacional
Primero, le solicitó a la relatoría adoptar las medidas que considerara necesarias para proteger sus derechos. Y, segundo, pidió que su caso se incluya entre los informes en los que se analice la situación de derechos de las mujeres en el libre ejercicio político en Colombia y en América Latina. Cinco días después del encuentro en Washington, Laura Sarabia conoció la respuesta: “La comisionada Mantilla, copiada en este correo, desea transmitirle que el tema que nos ha traído a la conversación será objeto del trabajo de monitoreo de la Secretaría Ejecutiva”, le contestaron desde la CIDH a la exjefa de gabinete. Con esa garantía debajo del brazo, Sarabia y el presidente Petro siguieron con su plan inicial: nombrarla directora del DPS.
Laura Sarabia completa dos semanas en su nuevo cargo y gente cercana a su círculo de confianza señala que arrancó a trabajar como un tren bala. No solo tiene la intención de mejorar los diálogos del presidente Petro con diferentes sectores, sino que tiene en la mira un asunto crucial: lograr el consenso político y del gremio para aprobar la reforma pensional. Su gestión ya tiene los ojos de todo el país encima, pues su regreso al Ejecutivo ha levantado polémica. Primero, porque ninguna de las investigaciones de los hechos que la sacaron del gobierno ha concluido. Y segundo, porque su nuevo cargo no es uno cualquiera: no solo tiene que gestionar un presupuesto de $10 billones, sino que está encargada de programas de inclusión social, atención a grupos vulnerables, subsidios y reintegración social.
Todo esto, además, bajo la lupa de la Fiscalía de Francisco Barbosa. Aunque todavía Sarabia y su defensa no saben quién quedó encargado del caso, lo que sí se sabe es que el asunto está en manos de Gabriel Jaimes Durán, coordinador de fiscales ante la Corte Suprema y mano derecha del fiscal general en asuntos de la talla de la investigación contra Sarabia. Mientras avanzan las pesquisas internas, que apuntan a que ya no será investigada por los delitos de tortura o secuestro, sino por abuso de autoridad, en la CIDH también empiezan a ponerle el ojo a lo que suceda en el caso de Sarabia, mientras ella insiste en su inocencia y en una premisa: “No temo a la búsqueda de la verdad en una recta administración de justicia que respete mis derechos y garantías procesales”.
Nota de la editora: una frase de este artículo fue modificada para aclarar que la comisionada Julissa Mantilla no estuvo en la reunión con Sarabia en Washington. Sin embargo, como quedó en constancia en un correo que la CIDH le envió a la exjefa de gabinete, la comisionada Mantilla le transmitió a la exjefa de gabiente “que el tema que nos ha traído a la conversación será objeto del trabajo de monitoreo de la Secretaría Ejecutiva”.
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