Tres ataques con drones cargados con explosivos fueron perpetrados en la madrugada del martes 14 de octubre en el municipio de Calamar (Guaviare). El primer atentado fue contra las instalaciones del Batallón de Selva 24, General Luis Carlos Camacho Leyva. La Cuarta División del Ejército activó de inmediato los protocolos de seguridad para responder a los ataques, “mitigar los efectos de la agresión y evitar mayores consecuencias”.
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Un soldado resultó herido en el ataque y fue evacuado hacia un centro asistencial donde, según se supo, permanece estable. Esa fue solo una de las acciones con las que las disidencias de las Farc, al mando de “Iván Mordisco”, buscan controlar a sangre y fuego esa zona del país.
Minutos después, una segunda granda fue lanzada por medio de un dron, contra la casa del alcalde de Calamar, Farid Camilo Castaño. De acuerdo con las autoridades, en el momento en que un grupo de policías se dirigía a la vivienda del mandatario para verificar la situación, otro explosivo fue lanzado “en una clara ofensiva coordinada y cobarde por parte de los grupos armados ilegales, que buscó atemorizar a la población civil y generar zozobra en la región”, dijo el Ejército.
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La explosión dejó a tres personas heridas: una mujer que trabaja en la vivienda, un hermano del alcalde y su madre, Lucinda García. Un cuarto dron cerca a la unidad militar fue advertido y derribado con disparos por los militares, antes de ser activado.
Todos los ataques fueron atribuidos por el Ejército a la estructura Armando Ríos, de las disidencias de las Farc, comandadas por alias “Iván Mordisco”. Fuentes de la institución señalaron que los drones son operados a distancia por los guerrilleros, que definen su objetivo, lanzan las granadas que tienen incorporados y conducen los artefactos de regreso a los sitios desde los que son controlados.
“Este ataque indiscriminado y cobarde, además de constituir una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), evidencia el accionar terrorista de estas estructuras ilegales, que no dudan en poner en riesgo la vida de la población civil con el único fin de sembrar miedo”, señaló el Ejército.
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Las autoridades citaron a un consejo de seguridad urgente en San José de Guaviare, con participación de la Policía, la cúpula militar y las autoridades regionales. Además, la Fiscalía está al frente de las investigaciones relacionadas con los detalles de los ataques y sus responsables. El gobernador de Guaviare, Yeison Rojas, rechazó contundentemente la guerra que las disidencias de las Farc se juegan en su departamento.
“No podemos permitir que los actores armados sigan sembrando miedo ni retroceder hacia tiempos de violencia”, escribió Rojas en redes sociales. Agrego: “Hago un llamado al Gobierno Nacional y al ministro de Defensa para fortalecer la protección del alcalde y de todos los mandatarios locales del departamento”.
La Defensoría del Pueblo también rechazó los ataques y señaló su preocupación por la magnitud del hecho. Según sus cálculos, se puso en riesgo la vida de más de 1.044 estudiantes de la Institución Educativa Carlos Mario Hoyos, ubicada cerca del lugar del ataque.
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La entidad enfatizó que desde enero de este año había advertido que el municipio de Calamar está en riesgo extremo por cuenta de la acción de los grupos armados. Es el único en esa categoría en el departamento. La entidad ya había señalado que desde noviembre de 2024 había reportes de presencia de guerrilleros de las disidencias de “Calarcá Córdoba” en la vereda La Cristalina, donde ejercen presiones a líderes, amenazan y extorsionan.
También esa entidad de derechos humanos ha dicho que, en torno a la disputa entre las disidencias de “Calarcá Córdoba” e “Iván Mordisco”, se han recrudecido los mecanismos de control social y las intimidaciones contra la población civil.
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Jorge Mantilla, investigador y experto en seguridad, le explicó a El Espectador que Guaviare “es una fotografía de lo que puede ser el conflicto y la violencia en Colombia durante los próximos años, porque representa muy claramente dos aspectos centrales: la fragmentación de los grupos armados y el acaparamiento de tierras”. Esto, en una región que históricamente ha sido un corredor estratégico para las economías ilegales.
“El primer punto es la división de los grupos armados, en este caso las disidencias que hacían parte, anteriormente, del Estado Mayor Central. El segundo aspecto es que esta guerra se da en el marco de una economía que no es propiamente del narcotráfico, sino que está asociada al acaparamiento de tierras, a las lógicas de expansión de la frontera agrícola mediante el uso de infraestructura ilícita. Es decir, carreteras y trochas no planificadas”, señaló Mantilla. Y agregó: “Hay un reordenamiento territorial que se está dando en Guaviare por parte de los grupos armados y esto va a traer, en últimas, un aumento de la violencia contra la población civil”.
Sobre este último ataque, Mantilla señaló que el uso de drones por parte de los grupos al margen de la ley pone a la fuerza pública de cara a un reto complejo en relación con asuntos como la movilidad de las tropas. “Los grupos armados pueden tener una superioridad aérea sobre las unidades militares, pues estas dependen de la disponibilidad, la distancia y la logística necesaria para pedir un apoyo aéreo”, concluyó el experto.
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Por ahora, no hay pronunciamientos adicionales sobre los resultados del consejo de seguridad ni sobre las decisiones que se tomarán desde el Gobierno Nacional para enfrentar la guerra de grupos ilegales que tiene a los habitantes de Guaviare levantando los escombros de la guerra.
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