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La guerra contra “Mordisco” y la retención de militares que enfrenta al Estado con civiles

El círculo cercano de “Iván Mordisco” ha tenido dos pérdidas en los últimos días. Uno de sus hombres de confianza en Cauca se entregó a las autoridades y otro, en Guaviare, murió en una operación del Ejército. Tras estos últimos hechos, 33 militares fueron retenidos por la comunidad, que pide explicaciones por la presunta muerte de un civil.

Valentina Gutiérrez Restrepo

27 de agosto de 2025 - 08:02 p. m.
De acuerdo con las autoridades, un líder de las disidencias de “Iván Mordisco” estaría instrumentalizando a la población para impedir labores del Ejército.
Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO
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En cuestión de 72 horas, Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido en el mundo criminal como “Iván Mordisco”, ha visto la caída de dos de sus hombres más cercanos en su guerra contra el Estado y por el negocio de las drogas. Primero fue Willinton Vanegas Leyva, alias “Dumar”, a quien un francotirador del Ejército le disparó el pasado 24 de agosto en la vereda Nueva York del municipio El Retorno (Guaviare). Él y otros disidentes más murieron en la operación.

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Luego, a primera hora de este miércoles 27 de agosto, el Ejército confirmó que se había entregado alias Anderson Andrey Vargas, alias “Kevin”, un hombre clave para “Mordisco” y la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) y su expansión en Cauca.

Dos golpes, en últimas, al círculo más cercano de “Mordisco”, pero en un contexto en el que el país está en ascuas por otro hecho violento: la retención de 33 militares en la zona donde murió “Dumar”. Según las Fuerzas Militares, detrás está Jhon Wilmer Ulcue Trochez, alias “Yimmi Parra, quien habría instrumentalizado a los pobladores de la vereda para impedir las labores del Ejército en la zona.

Este hombre es el actual jefe de la subestructura 44 del EMC y es uno de los más buscados en Colombia. Ante este panorama, hay otro factor en la ecuación propia del conflicto: el alcalde de El Retorno, Jhonny Casanova, señaló que en la operación en la que murió “Dumar” habría sido asesinado un civil.

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Por eso, explicó Casanova, la comunidad está exigiendo la entrega del cuerpo de esa persona, como condición para liberar a los soldados retenidos. Se trataría de Ramiro Correa Ortiz, quien el propio alcalde señaló que fue identificado por la comunidad. “Ellos están pidiendo que les expliquen por qué el Ejército asesinó a esta persona y por qué, al parecer, robaron unas pertenencias de la familia de la víctima”.

El alcalde Casanova también señaló que la población exige que a la zona se presenten delegados del Comisionado de Paz, así como del Ministerio de Defensa, la Defensoría del Pueblo y gobernadores regionales. “Estamos intentando solucionar esta situación a través del diálogo”, indicó Casanova.

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El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Hernando Cubides, confirmó que la comunidad está exigiendo la devolución del cuerpo de una persona que se encontraba en la zona donde ocurrieron los combates, como condición para liberar a los militares.

Sin embargo, el alto mando fue claro en su postura: “Esta exigencia representa una forma de chantaje armado, contraria al Derecho Internacional Humanitario y a los principios de dignidad humana” y otros derechos fundamentales. La condición que están exigiendo los pobladores de la vereda Nueva York, agregó Cubides, “busca instrumentalizar el dolor de las comunidades para obtener beneficios ilegítimos”.

Para mediar la liberación de los militares, a San José del Guaviare han llegado delegados de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) y delegados de la ONU. Allí también hacen presencia altos mandos de las Fuerzas Militares, como el propio almirante Cubides y el comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo.

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“Las Fuerzas Militares, junto con las autoridades competentes, están manejando esta situación con prudencia, legalidad y firmeza, evitando que se consolide un precedente de negociación bajo presión armada”, agregó Cubides en diálogo con El Espectador.

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A esta confrontación entre disidencias y el Estado, también existe otro escenario violento que ya fue alertado por la Defensoría del Pueblo. En su primera alerta de 2025, emitida el 21 de febrero, la entidad advirtió sobre la “posible expansión y confrontación armada” entre las facciones disidentes de las Farc comandadas por alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá”.

El organismo señaló que el riesgo se extendía a 48 comunidades de ocho departamentos, con especial incidencia en Caquetá, Meta, Cauca, Amazonas y Guaviare. La alerta subrayó que el bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, al mando de “Mordisco”, había irrumpido en territorios dominados por “Calarcá”, lo que incrementaba la posibilidad de choques armados.

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El hecho más reciente que se ha atribuido a la disidencia de “Mordisco” es el atentando terrorista del pasado 21 de agosto en la ciudad de Cali (Valle del Cauca). La explosión de un camión bomba instalado cerca a la base aérea Marco Fidel Suárez dejó un saldo de siete muertos y 77 heridos. Además de los daños millonarios a locales y viviendas de la zona.

Al parecer, el atentando sería una retaliación por la incautación de un arsenal de armas de la disidencia de “Mordisco” en el cañón del Micay (Cauca). Un día después de la tragedia en Cali, el 22 de agosto, el presidente Gustavo Petro anunció la captura de Luis Fernando Vera Fernández, alias Mono Luis, en El Peñón (Cundinamarca), hermano del líder de esta disidencia.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que el círculo cercano de “Iván Mordisco” cada vez se derrumba más: “La captura de su hermano, alias ‘Mono Luis’, el abatimiento de alias ‘Libardo’ y alias ‘Cholinga’ en Cauca, y ahora la neutralización de ‘Dumar’, confirman que estamos avanzando en desarticular por completo su grupo criminal”.

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El ministro fue enfático en que los operativos para combatir a las disidencias continuaran en el territorio, pero esta misión enfrenta nuevos retos cuando es ahora la población quien choca con las fuerzas militares, como este episodio de los 33 militares retenidos, hecho que el ministro Sánchez calificó como un “secuestro” con “carácter extorsivo”.

El jefe de la cartera ministerial informó que el cuerpo que exige la comunidad de la vereda se encuentra en San José del Guaviare, “acorde a los protocolos de Medicina Legal para estos casos”. Sánchez resaltó que el Gobierno iba a primar el diálogo con los pobladores, pero fue enfático en que “si esta (liberación) no se da, tengan la certeza que emplearemos todo el Estado para liberar a nuestros soldados”.

Ante esta advertencia, el alcalde de El Retorno manifestó que la población “está preocupada por el anuncio que hizo el ministro. Lo único que piden es que se haga justicia y se aclaren los hechos en los que murió el civil”. Y concluyó: “No nos interesa la confrontación que tengan con los grupos armados”.

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Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

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