A las 8:14 de la mañana, 22 cilindros bomba detonaron en el barrio Prados de Alcalá, a 30 metros del batallón Simón Bolívar en Tunja (Boyacá). La explosión, que ocurrió el pasado 8 de noviembre, destruyó parte del cantón militar Gustavo Rojas Pinilla y dejó tres civiles heridos.
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La detonación, que debía ser controlada, se activó en medio de una operación de técnicos antiexplosivos de la Policía, que pretendían desactivar los artefactos instalados en una volqueta abandonada en la vía. Los intendentes Diego Alejandro Sáenz y Miguel Ángel Cruz, los dos únicos uniformados entrenados en esta especialidad en todo el departamento de Boyacá, fueron los encargados de esta tarea.
No murieron por cuestión de cinco pasos. La llamada para responder la emergencia la recibieron a las 6:40 de la mañana de ese sábado. Horas antes, exactamente a las 5:06 de la mañana, una cámara registró cómo una volqueta azul llegó al barrio acompañada por una motocicleta. El vehículo fue estacionado en plena vía y, segundos después, el conductor descendió y abordó la moto en la que huyeron.
Media hora después, la comunidad alertó sobre la presencia del automotor y de su carga sospechosa: tenía arena a ras y 24 cilindros, todos conectados por un cable blanco. Lo que no sabían los denunciantes es que se trataba de una plataforma en la que había 24 tatucos cargados de explosivos.
“Nunca había sucedido un caso de esta magnitud en el departamento. Los casos que se presentan son esporádicos”, señaló el intendente Diego Sáenz, quien recuerda haber sido alertado por la “jefe de la sección de investigación criminal de la Policía de Tunja, que nos enviaron unas fotografías del artefacto explosivo”.
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En ese instante, Sáenz llamó al intendente Miguel Cruz y, a las 7:00 de la mañana, llegaron al comando de Policía para recoger el equipo antiexplosivos. Al barrio Prados de Alcalá llegaron a las 7:20. “Ya el Ejército y la Policía habían evacuado el barrio y el batallón. En ese momento empezamos a aplicar los protocolos establecidos para la desactivación de artefactos explosivos”, detalló Sáenz.
Para esta misión en específico, el intendente Miguel Cruz fue el encargado de llevar un traje antiexplosivos, de más de 50 kilos, hecho de materiales como kevlar y aramida, el nombre de unas fibras que impiden la propagación del fuego. “Cuando se pone el traje, uno procura estar separado de todo tipo de sentimientos y pensamientos que puedan afectar nuestro estado anímico para proceder”, le contó Cruz a este diario.
Con la zona acordonada, el intendente avanzó por el costado derecho de la volqueta para comenzar a analizar el sistema de activación del carro bomba e intentar desactivarlo. “Hay muchos sistemas de activación: por radiofrecuencia, a distancia, por movimiento o por liberación de tensión”, explicó.
Mientras Cruz intentaba definir a qué tipo de artefacto se enfrentaban, el intendente Sáenz trabajaba a unos metros de la volqueta, sosteniendo una cuerda de acero conectada al traje antiexplosivos de su compañero. Su labor era crucial: podía pasarle a Cruz cualquier herramienta que necesitara y comunicarle cualquier movimiento sospechoso, y viceversa.
Lo que no alcanzaron a identificar los intendentes Cruz y Sáenz es que el carro bomba habría sido equipado con un sistema de activación temporizada, “donde los terroristas definen una hora de explosión. Resulta ser algo impredecible”, señaló Cruz. Recordó estar a unos cinco pasos de la volqueta cuando, de manera imprevista para ellos, la carga se activó.
La arena voló por los aires, igual que los tatucos. Por la onda explosiva, las ventanas de las viviendas se reventaron y un par de mascotas salieron despavoridas sin rumbo. “Desafortunadamente, la activación del vehículo se da antes de que podamos realizar algún tipo de acción que lo detenga”, describió Cruz.
De los 24 cilindros instalados, 22 fueron expulsados con más de 200 kilos de explosivos que terminaron por caer en la base militar que estaba a unos 30 metros. “Lo más importante fue que se evitaron pérdidas humanas gracias a la evacuación y los dos explosivos que no estallaron alcanzaron a ser sometidos a una detonación controlada”, concluyó Cruz.
La amenaza del ELN en Boyacá
Los intendentes Sáenz y Cruz se retiraron del lugar y su insisto fue pensar en sus familias. Pero con esa detonación no controlada solo empezaba esa agitada mañana en Tunja. La cúpula militar se reunió en un consejo de seguridad extraordinario para determinar las medidas que garanticen el orden público en el departamento.
El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, fue el primero en señalar que el plan para atacar el batallón fue ejecutado por la estructura Adonay Ardila Pinilla del Eln. “Este grupo terrorista busca consolidar un corredor de movilidad que existe entre Arauca, Boyacá y Casanare para mover narcotráfico y lo que producen de la minería ilegal”, agregó Cubides.
En contexto: ELN estaría detrás del plan para atentar contra base militar en Tunja: comandante de las FF. MM.
Cubides detalló que esta facción, que hace parte del frente de guerra oriental, tiene como líder a Jussef Morales Betancourt, alias “Poeta”, por cuya ubicación se ofrece una recompensa de hasta COP 500 millones. Asimismo, anunciaron incentivos de COP 200 millones para lograr la captura de otros jefes de esa estructura: alias “Elicer”, “Omaira”, “Jesús Suárez”, “Percy” y “Giraldo”.
Entre las acciones inmediatas, la Policía anunció la llegada de 150 policías a Boyacá y 30 a Tunja para reforzar los operativos de control. En todo caso, el atentado del fin de semana marcó un precedente y encendió las alarmas del que, hasta el pasado 8 de noviembre, fue considerado uno de los departamentos más seguros de Colombia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Valentina Gutiérrez Restrepo
