7 Oct 2021 - 9:01 p. m.

La historia de un patrullero preso sin pruebas en su contra

Óscar Devia lleva cuatro meses en prisión por orden de la justicia penal militar. Aunque la Fiscalía ya dijo que nada tiene que ver en el crimen del joven Santiago Murillo y que la Corte Constitucional aclaró que esa justicia castrense no puede llevar el caso, el uniformado sigue preso. Conozca aquí su historia.

jcote@elespectador.com / @SebasCote95

El próximo 9 de octubre, el patrullero Óscar Devia va a cumplir cuatro meses privado de su libertad. En junio de este año, el juez 188 penal militar ordenó medida de aseguramiento en su contra, pues estaría vinculado con el homicidio del joven Santiago Murillo, baleado en Ibagué el pasado 1° de mayo en el marco del paro nacional. La Corte Constitucional dejó claro que ese crimen no es competencia de esa justicia militar y aclaró que toda investigación debe quedar en manos de la Fiscalía. El ente investigador ya acusó al mayor Jorge Mario Molano (suspendido por la Policía), quien habría disparado el arma, y también explicó que Devia no tiene nada que ver en el homicidio. Aun así, el patrullero sigue preso.

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El uniformado de la Policía Metropolitana de Ibagué, quien está suspendido y preso en la cárcel de Facatativá (Cundinamarca), recién tiene su primer percance disciplinario en 18 años de carrera, como dicen sus allegados. Un proceso que arrancó luego de que, el pasado 1° de mayo, Santiago Murillo fuera asesinado en la calle 60 con carrera 5ª de Ibagué. El tiempo parece haberse detenido para Devia. En junio de este año fue procesado en la justicia penal militar (JPM), al mismo tiempo con el mayor Molano, quien ahora enfrenta un juicio en la justicia ordinaria por homicidio, luego de que su arma de dotación coincidiera con el registro de la bala alojada en el cuerpo de Murillo.

Aunque el caso del oficial avanzó y ya fue acusado, el de Devia parece haber quedado en el olvido. Su defensa asegura que el expediente del patrullero tenía los mismos hechos que el proceso contra Molano, pero como la Corte solo se pronunció sobre este último, Devia quedó en el limbo. “En este momento, el patrullero es una víctima de la justicia. Es víctima de jueces que no han querido resolver su situación jurídica. La Corte Constitucional era la llamada a otorgarle la libertad cuando resolvió quién debía tener la competencia”, expresó el abogado Sergio Clavijo, defensor de la familia Devia. De hecho, la Fiscalía, en su escrito de acusación contra Molano, dejó claro cuál sería el papel de Devia en estos hechos.

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En ese documento, revelado por este diario en la edición del pasado 15 de septiembre, el ente investigador solo mencionó al patrullero para decir que el mayor habría intentado inculparlo, tras huir en una motocicleta y dejarlo en el lugar de los hechos, aprovechando que tenían una contextura física similar. Por ahora la Fiscalía no tiene pruebas en contra de Devia. Una versión similar a la que tiene su familia, que asegura que a Devia lo trataron de involucrar en el homicidio del joven Santiago Murillo para salvar de culpa al mayor Molano. “Es lamentable que siga privado de la libertad. Intentaron responsabilizar a un patrullero de bajo rango”, explica la familia del patrullero Óscar Leonardo Devia.

En contraste con la Fiscalía, hace cuatro meses el juez 188 penal militar ordenó medida de aseguramiento contra Devia, pues consideró que podría haber accionado su arma de fuego esa noche. “El teniente Pablo Parra (otro de los detenidos en la JPM) mencionó que había observado al patrullero Devia desenfundar el arma de dotación y hacer una detonación, estos mismos dichos se encuentran en la declaración y ampliación del patrullero Edwan Smith Acosta, quien refirió, respecto de su compañero que estaba al lado de chaleco reflectivo: ‘(…) quiero aclarar que sonaron las detonaciones y yo giré rápidamente donde estaba el compañero y alcancé a ver que tenía un arma en la mano’”, explicó la justicia castrense.

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Hace un mes y medio la defensa de Devia reforzó su insistencia, luego de que la Corte Constitucional decidiera que la JPM debía apartarse del caso en el expediente de Molano. El fallo de la alta corte fue bien recibido por el equipo de abogados y la familia del patrullero encarcelado, sin embargo, lamentaron que no se haya mencionado una sola vez a Devia en ese documento. Así, el caso se fue enredando más. El abogado del patrullero solicitó explicaciones al juez 188 penal militar, el mayor René Mauricio Monroy, quien respondió que todo lo relacionado al caso Santiago Murillo fue enviado a la Fiscalía Tercera de la Unidad de Vida.

En ese despacho militar, además, cursa una solicitud de libertad, y la familia Devia teme que quede empolvada porque la Corte Constitucional le prohibió tomar decisiones sobre ese caso. Según una fuente de la justicia castrense, de emitir un solo auto, el juez podría incurrir en prevaricato o quedar inmerso en una investigación disciplinaria. Y mientras tanto, la libertad de Devia está embolatada. El abogado del patrullero presentó un “hábeas corpus”, una figura jurídica que le permite presentarse ante un juez para que resuelva su libertad. Sin embargo, el caso se enredó todavía más por esa vía. El pasado 26 de septiembre, el Juzgado Promiscuo Municipal de Cachipay (Cundinamarca) negó la solicitud de libertad.

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De acuerdo con el juez, no es posible que “se reemplace a la autoridad competente, obligada a pronunciarse respecto de la solicitud de revocatoria y/o modificación de la medida de aseguramiento que con ocasión a un proceso penal se profirió; y menos aún cuanto se está pendiente por resolver precisamente dicho pedimento que fue elevado a través de apoderado judicial”. Es decir, le lanzó la pelota al Juzgado 188 Militar, el cual está impedido por orden de la Corte Constitucional. La defensa de Devia presentó una apelación, la cual fue resuelta el pasado 30 de septiembre por el Juzgado Segundo Civil de Circuito de Facatativá. Tampoco tuvo suerte.

“El derecho fundamental a la libertad del actor (Devia) está restringido legítimamente por medio de una decisión judicial oportuna, legal, argumentada y proferida por autoridad judicial competente para la época en la cual se adoptó (la JPM). En este caso, ya la defensa efectuó la solicitud de libertad ante el competente y está pendiente para resolver. Puede la defensa o la Fiscalía solicitar a la Corte Constitucional la aclaración del auto que dirimió el conflicto de jurisdicciones”, concluyó el juzgado. En ese fallo de “hábeas corpus” de segunda instancia quedaron retratadas las respuestas de todos los que han participado en el proceso de Devia.

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Por ejemplo, la Fiscalía 11 Seccional de la Unidad de Vida de Ibagué, la cual llevó a juicio al mayor Jorge Mario Molano, extrañó que el juez 188 penal militar no hubiese, hace tiempo, decretado la libertad de Devia. “En un acto completamente desconocedor de derechos se limitó a no resolver de fondo la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento invocada por el defensa, previo a la remisión a la Fiscalía del caso”, señaló la delegada del ente investigador. El juez 188 penal militar, por su parte, explicó que estaba impedido por orden de la Corte Constitucional y que todos los documentos del caso Santiago Murillo ya están en poder de la Fiscalía.

El juez castrense entregó 10 cuadernos con 2.010 folios, para que el funcionario del ente investigador “resolviera” el lío. Este diario conoció que la JPM tuvo en su poder un total de 47 pruebas documentales contra Devia y tres indagatorias, entre las que se encuentran las del mayor Molano y el testigo Pablo Andrés Parra. “Es muy grave esta situación, porque no resuelve la Fiscalía, no resuelve el juez 188 penal militar, no resuelven los jueces el “hábeas corpus”. Devia sigue purgando una detención preventiva por un caso en el que la Fiscalía ha dicho que, por el momento, no tiene ninguna relación con los hechos. Simplemente es un testigo”, agregó el abogado Clavijo.

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“Ha sido un trauma para toda la familia tener que apersonarse de las necesidades del hogar, de la defensa jurídica, de los costos del proceso, nos ha tocado hacer unos préstamos a gota a gota para conseguir los recursos económicos. Hemos tenido que recolectar plata, hemos hecho rifas, hemos mandado a hacer tamales. Él ha vendido tamales en el interior de la cárcel”, agrega la familia del uniformado en diálogo con El Espectador. A pesar de todo el enredo jurídico, el panorama para Devia podría aclararse pronto: la Fiscalía ya solicitó una audiencia para el próximo 12 de octubre, en la que pediría su libertad y aclarar lo que ya hizo en la acusación contra Molano: que nada tiene que ver con el asesinato de Murillo.

“Queremos que se garanticen los derechos del patrullero Devia. Él tiene varios hijos. Toda la familia tiene que hacer ‘vacas’ (recolección de dinero) para visitarlo”, agrega el abogado de la familia Devia. Los allegados del patrullero tienen fe en que tras la audiencia puedan verlo en el hogar, pues en la Fiscalía lo consideran testigo y no sospechoso. “Los niños están destruidos. La familia, de verdad, está ansiosa de tenerlo en casa”, concluyeron. Entretanto, el mayor Jorge Mario Molano, quien se ha declarado inocente, sigue siendo el principal señalado por el crimen. Mientras la Fiscalía ya dijo que Devia no tiene que ver con el crimen, sigue preso con el oficial que ya está acusado por el crimen.

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