Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este lunes 16 de febrero la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), decidió expulsar al general (r) Mauricio Alfonso Santoyo Velasco al haber incumplido “de manera grave e injustificada el régimen de condicionalidad al no aportar verdad plena”. Es decir, que pese a haberse acogido a la JEP, no entregó la información necesaria para cumplir con los requisitos de verdad, justicia y reparación de las víctimas.
Por medio de una decisión de 65 páginas, firmada por los magistrados Pedro Elías Díaz Romero y Carlos Alberto Suárez López, el general (r) Santoyo pasará de nuevo a la justicia ordinaria, donde se adelanta un proceso en su contra, dentro del cual ya había sido acusado por la Fiscalía 56 Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos. Además, la JEP ordenó su captura inmediata, con base en una orden que había sido emitida el 26 de abril de 2019.
Contexto: Las razones por las que la JEP está a un paso de expulsar a Mauricio Santoyo
Actualmente, el general (r) Santoyo está recluido en la Escuela de Posgrados de la Policía, ubicada al norte de Bogotá. Sin embargo, el exoficial, tendrá que ser trasladado a un centro de reclusión para que cumpla allí con la medida preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra.
El caso de Claudia Monsalve y Ángel José Quintero
El exoficial Mauricio Santoyo, quien fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, se hallaba sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco de dos investigaciones penales, entre las que se encuentra la desaparición de Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, dos defensores de derechos humanos que desaparecieron en Medellín (Antioquia) en octubre de 2000.
Lea: Alias “Víctor”, testigo en caso Uribe, es condenado por falso testimonio en otro proceso
Al momento de su desaparición, Monsalve Pulgarín y Quintero Mesa trabajaban en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes) y habían denunciado la presunta participación de uniformados de la fuerza pública en desapariciones en la región. Para abril de 2001, la Fiscalía General de la Nación ya tenía indicios sobre la posible relación de Santoyo con ambas desapariciones.
El ente investigador logró identificar que la Policía de Medellín había interceptado ilegalmente más de 2.020 líneas telefónicas, entre ellas, las que usaban las dos víctimas. Por ello, la Fiscalía vinculó a Mauricio Santoyo como autor mediato de esos crímenes, ya que, para el momento de los hechos, se desempeñaba como director del Gaula de Medellín.
Le puede interesar: Tribunal de Bogotá advierte presuntas maniobras dilatorias en caso contra Julián Bedoya
Las pruebas entregadas por el ente investigador señalaron que la órdenes falsas que permitieron las “chuzadas” a Monsalve Pulgarín y Quintero Mesa, fueron firmadas por agentes Gaula Urbano de Medellín, donde justamente trabajaba el general (r). A pesar de las evidencias entregadas por la Fiscalía, el exoficial nunca respondió por los hechos y continuó avanzando en su carrera militar.
La condena en Estados Unidos
El 20 de agosto de 2012, el exoficial fue condenado en Estados Unidos por el delito de conspiración para proveer apoyo material y recursos a una organización terrorista extranjera, en este caso, a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Mauricio Santoyo llegó a un acuerdo con las autoridades de ese país y pasó siete años preso para luego ser deportado a Colombia el 29 de abril de 2019.
Lea también: A la cárcel presuntos implicados en crimen contra el defensor de DD. HH. Fabio Álex Ortega
A su llegada a Colombia, el hombre fue capturado para que respondiera por las desapariciones de Monsalve Pulgarín y Quintero Mesa, pero la JEP asumió el proceso y, en septiembre de 2021, el general (r) consiguió un puesto en esa jurisdicción con el compromiso de contribuir, no solo al avance judicial de ese expediente, sino a encontrar los cuerpos de ambos líderes sociales que continuan desaparecidos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
