Mientras que la Sección Quinta del Consejo de Estado está a punto de resolver un expediente que podría sacar a Cielo Rusinque de la jefatura de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por, supuestamente, no cumplir los requisitos necesarios para el cargo, el gobierno de Gustavo Petro alista una jugada para cambiar las reglas y permitir que la funcionaria vuelva de inmediato al puesto. El Espectador conoció los avances del proceso judicial, un borrador de decreto que el Ejecutivo tiene listo y consultó con fuentes que aseguran que se trata de una “fantástica movida” para asegurar la permanencia de quien, para muchos, se ha convertido en la policía de la presidencia.
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La jugada del Gobierno se conoce a días de que el Consejo de Estado tome una decisión sobre la permanencia de Rusinque en la Superintendencia. El expediente está en el despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas y en él se acumularon cuatro demandas contra el nombramiento de la funcionaria en la SIC. Los demandantes sostienen que la ficha del petrismo no cumple con dos requisitos para ser superintendente: tener un título de postgrado en temas afines con el cargo, ni los diez años de experiencia en trabajos relacionados con propiedad intelectual; protección al consumidor; fusiones y adquisiciones; protección de datos personales; prácticas restrictivas de la competencia o libre competencia.
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La Sección Quinta tiene hasta el próximo 11 de noviembre para tomar una decisión. En el entretanto, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo publicó un borrador de decreto de cuatro páginas en el que, en palabras simples, busca modificar los requisitos de ley para nombrar jefes en las Superintendencias de Industria y Comercio, en la Financiera y en la de Sociedades. Justamente las exigencias por las que podría salir Rusinque de la SIC. Lo que el Gobierno quiere lograr es flexibilizar las exigencias para llegar a esos altos cargos y modificar el cambio que había logrado el gobierno Santos para endurecerlas conforme a las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Ese organismo internacional recomendó blindar la elección de los superintendentes para que allí lleguen profesionales preparados para desempeñar sus funciones. En especial, porque se trata de autoridades con funciones de vigilancia y control técnico, y que, en teoría, deberían estar libres de control político directo para hacer cumplir las leyes de su competencia. La almendra de lo que busca cambiar el gobierno Petro es, no solo reducir el tiempo de experiencia, sino también que sea válido cualquier título profesional y de postgrado y no uno directamente afín a las funciones del trabajo de superintendente.
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Para ser más exactos: el borrador de decreto del Ejecutivo busca disminuir de diez a seis años la experiencia laboral, y eliminar la exigencia de un postgrado relacionado con las tareas del cargo. Además de estos cambios, el gobierno también quiere cambiar el procedimiento con el que se eligen los candidatos. Hoy, la Presidencia debe hacer una invitación pública a través de su página web para que quienes cumplan con el perfil, se inscriban y sus hojas de vida sean estudiadas por la Casa de Nariño. Ahora, lo que busca el Gobierno es saltarse ese paso para que la convocatoria abierta sea solamente a discreción del primer mandatario.
Estos son los alegatos de Cielo Rusinque ante el Consejo de Estado:
El decreto, aunque todavía es un borrador, no le falta mucho para quedar en firme. El borrador se publicó el pasado 10 de octubre para que al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lleguen comentarios sobre su forma y fondo. Luego, el documento pasará a revisión jurídica de la Presidencia y, finalmente, a la firma de Gustavo Petro y sus ministros.
Mientras eso ocurre, ya hay expertos alertando sobre la “conveniencia” de esta modificación para la permanencia de Rusinque en la SIC. En diálogo con El Espectador, el abogado Samuel Alejandro Ortiz, uno de los demandantes del proceso contra la funcionaria en el Consejo de Estado, aseguró que, si el decreto queda en firme, no hay duda de su beneficiaria.
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“Para mí, para la fecha en que se efectuó el nombramiento de Cielo Rusinque, ella no reunía las calidades para desempeñar el cargo de superintendente de Industria y Comercio, previstas en el decreto 1083 de 2015. En particular, lo referente a los diez años de experiencia relacionada con las funciones del cargo a desempeñar. Sin embargo, con el borrador de decreto, la Presidencia pretende que los requisitos para ser, entre otros, jefe de la SIC, sean los dispuestos para cualquier empleo de nivel directivo”, ignorando las calidades que debería tener un superintendente, especialmente, las que tienen que ver con su experiencia en trabajos relacionados con los temas que le corresponden.
Para el demandante, con los cambios que busca hacer el Ejecutivo, “se rebaja el tiempo de experiencia a 72 meses (seis años) de experiencia profesional relacionada si tiene un título de postgrado en la modalidad de maestría. En ese caso, la señora Rusinque, ahora sí, reuniría los requisitos para desempeñar el empleo que ejerce actualmente”. Según la defensa de la funcionaria ante el Consejo de Estado, sus dos títulos de maestría en Derecho Constitucional y en Investigación en Estudios Políticos, ambos obtenidos en Francia, son suficientes para cumplir con los requisitos de ley. Sin embargo, parte de lo que reposa en el expediente es que ninguno de esos dos diplomas está relacionado con temas que resuelve la SIC.
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Para los demandantes, Cielo Rusinque, a la hora de ser nombrada como jefa de la SIC, además de no cumplir con los 10 años de experiencia, “ni siquiera acreditó postgrados para el momento de su nombramiento porque sus títulos, en el exterior, no estaban homologados ni convalidados (ni siquiera traducidos) para ese momento; y no aportó ninguna certificación sobre dichas maestrías en cumplimiento de las normas aplicables”. En todo caso, dicen los demandantes, “al analizar el contenido sustancial de los posgrados que dice haber cursado, está demostrado que no son afines a ninguna de las funciones específicas de la Superintendencia de Industria y Comercio”.
Volviendo al asunto del borrador del decreto, el abogado Samuel Alejandro Ortiz agregó que ese documento fue publicado justo “al tiempo en que se dispuso el trámite de sentencia anticipada en el Consejo de Estado”, para, en palabras sencillas, reducir los tiempos para que el alto tribunal decida si tumba o no el nombramiento de Rusinque. Al margen de esa decisión judicial, el alto Gobierno se está moviendo a toda máquina para tener lista la solución “fantástica” por si la justicia tumba a este alfil del petrismo con un decreto que, más allá de cambiar unos requisitos, parece estar hecho a la medida de una funcionaria.
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Este es el borrador completo del decreto del Ministerio:
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