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“He tomado una decisión: nuestras investigaciones muestran que el mal llamado Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ son la junta del narcotráfico y deben ser consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta, incluida Bogotá”. Con estas palabras, el presidente Gustavo Petro anunció una movida que podría cambiar la dinámica del conflicto en el país.
Durante un evento en la ciudad de Valledupar (Cesar), el mandatario anunció que se declarará grupos terroristas a esas tres organizaciones al margen de la ley, que tienen amplia influencia en regiones como el suroccidente del país, el Magdalena Medio y la región norte. Su declaración se dio al tiempo que se registraban los ataques terroristas en Amalfi (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca), que dejaron a seis civiles y 13 policías muertos.
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El primer hecho ocurrió antes del mediodía, cuando un helicóptero de la Policía que movilizaba a uniformados que adelantaban labores de sustitución de cultivos de uso ilícito en zona rural de Amalfi fue atacado con drones. El hostigamiento fue atribuido por las autoridades al Bloque Magdalena Medio, estructura 36 de las disidencias de las Farc, comandadas por alias “Calarcá Córdoba”. Esa organización, que tiene fuerte incidencia en la región, opera allí al mando de Óscar Javier Cuadros Zea, alias “Chejo”.
El segundo atentado se presentó a las 2:50 del mismo 21 de agosto, cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez de la ciudad de Cali. Un camión bomba, instalado por la estructura Jaime Martínez de la facción disidente comandada por alias “Iván Mordisco”, fue detonado. El hecho causó la muerte de seis civiles, incluida una mujer en embarazo y un menor de 17 años. Además, 77 personas resultaron heridas y hubo daños graves en construcciones aledañas.
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Estos dos hechos se suman a la difícil escalada violenta que ha vivido Colombia durante los últimos meses, especialmente en zonas como el suroccidente del país. Por esa razón, el presidente Petro pidió elevar a las organizaciones ilegales responsables de la crisis, a la categoría de grupos terroristas. La decisión tiene importantes implicaciones tanto en lo jurídico como en materia de seguridad y defensa para el país.
Las consecuencias de la decisión
Andrés Nieto Ramírez, experto en seguridad, explicó en diálogo con El Espectador que son al menos cuatro las “implicaciones jurídicas y operativas” que, de concretarse, podría tener este anunció. La primera es que, en cuanto esa declaratoria quede en firme, se activan todos los tratados firmados por el Estado colombiano desde 1949, que estén relacionados con enfrentar al terrorismo.
“Hace que todos los países entren en el alerta, inicien cooperación de investigación e inteligencia, que reporten todas las actividades económicas que puedan identificarse en otros países de ese mismo grupo y que se inicien las labores jurídicas, como mecanismos de extradición, extinción de dominio, incautación de bienes, identificación de personas que apoyen de forma directa o indirecta”, explicó Nieto Ramírez.
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En segundo lugar, señaló el experto, “se cierra la posibilidad de un diálogo”. Esto, debido a que elevar a este tipo de organizaciones ilegales a la categoría de grupos terroristas, le cierra la puerta a la posibilidad de negociar una salida al conflicto. “Lo que queda es el enfrentamiento militar y la contención para el cuidado de los territorios y las personas”, señaló Nieto Ramírez.
Por otro lado, las autoridades deben poner de inmediato bajo su radar todas las propiedades, bienes y activos de personas relacionadas de manera directa o indirecta con el grupo terrorista. Esto, en el contexto colombiano, implica que, por ejemplo, las redes de apoyo del Clan del Golfo, conformadas por al rededor de cinco mil personas que no están en las filas directamente, según cifras de las Fuerzas Militares, se conviertan en objetivo para la justicia.
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“No importa qué tan cercana es la persona investigada al grupo terrorista o si es un líder o no. Sencillamente, con demostrar la justicia que está colaborando de manera directa o indirecta, tendrán que responder ante la ley”, dijo el experto. Finalmente, en el contexto específico de Colombia, esta declaratoria “cambia el panorama en el proceso de la paz total”. Se cierra a la puerta a treguas y ceses al fuego.
Un camino pendiente
Pese al anuncio del presidente Petro de declarar a dos facciones disidentes de las Farc y al Clan del Golfo como grupos terroristas, así como su interés en llevar a la Corte Penal Internacional (CPI) un caso en contra de las disidencias, lo cierto es que la declaratoria debe surtir un trámite que toma tiempo y debe pasar por el Congreso de la República.
En su diálogo con este diario, Nieto Ramírez explicó que en Colombia existen lineamientos para esa declaratoria, regidos por la Ley 804 de 2003, por medio de la cual se aprobó el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas. Esa ley, explicó el experto, “da la luz jurídica para saber cómo se configura el acto terrorista y a quien lo ejecute. Articula en Colombia, a su andamiaje jurídico, lo que ya había dicho Naciones Unidas desde 1997″.
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Se resume en tres pasos:
- El presidente debe manifestar de forma expresa su interés de declarar a determinados grupos ilegales como organizaciones terroristas.
- El Ministerio de Defensa, la Fiscalía y agencias de inteligencia e investigación que colaboran con el Estado recopilan toda la información para demostrar que ese grupo actúa en contra del Código Penal, puntualmente del artículo 343, que se refiere al terrorismo como delito.
- La información recopilada se le presenta al Congreso de la República, a Naciones Unidas, Interpol y demás redes de cooperación internacional con las que Colombia tenga acuerdos vigentes, a modo de notificación de la decisión de la declaratoria de grupo terrorista.
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Con ese mismo documento como sustento, explico Nieto Ramírez, el presidente podrá pedirle a mandatarios de otros países que también declaren como terrorista al grupo ilegal en sus países. “Es por eso, por ejemplo, que Estados Unidos lo hace con diferentes grupos que no están en su país, pero que tienen injerencia en alguna situación”, dijo el experto.
Agregó que, de recibir apoyo de otros países en la declaratoria, “todos entran en coordinación para dar información y facilitar las investigaciones, capturas, incautaciones, extinciones de dominio o, si es el caso, procesos de extradición de lo que se compruebe que tiene relación con ese grupo terrorista”. Es un trámite que, a juicio del experto, es sencillo y ya existen los lineamientos jurídicos para hacerlo. Solo quedará esperar si la decisión trasciende el anuncio del presidente Petro y se formaliza o si se desvanece en el discurso.
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