Antes de posesionarse, el equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella ya empezó a mover las piezas que definirán el rumbo de la seguridad en Colombia. Uno de los anuncios que más ruido generó esta semana lo hizo el general en retiro Jorge Eduardo Mora López, designado para ocupar el Ministerio de Defensa: el regreso del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), tal como se conocía antes de 2022. Aquel año, en medio de las secuelas del estallido social, el Gobierno de Gustavo Petro decidió reemplazar al Esmad por la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), un cambio que quedó consagrado en el Decreto 003.
Para Mora López, esa reforma le quitó margen de maniobra a la fuerza pública a la hora de responder a situaciones de alteración del orden público, por eso, dijo el ministro designado, una de las primeras medidas del nuevo Gobierno será derogar ese decreto y las demás normas que dieron vida a la Undmo, lo que, en la práctica, traería de vuelta al Esmad como parte del esquema de seguridad del país. “Se van a derogar una serie de decretos que le ataban las manos a la Fuerza Pública”, declaró Mora López al justificar la decisión.
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El anuncio no pasó inadvertido entre quienes durante años han documentado el actuar de la fuerza pública en medio de protestas. Para averiguar qué implica esa propuesta, El Espectador habló con abogados de la oenegé Temblores y del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), dos organizaciones que han representado a víctimas de la Fuerza Pública en el marco de manifestaciones.
La primera en responder fue July Henríquez Sampayo, coordinadora del Cajar, quien empezó por desmontar la premisa misma del anuncio: el Esmad, dijo, nunca desapareció. Lo que ocurrió, explicó, fue una fusión con nuevas dependencias de diálogo, de manera que la Policía conservó esa capacidad dentro de lo que hoy se conoce como la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden.
Esa unidad, precisó Henríquez, mantiene la función de intervenir “mediante el uso de la fuerza, cuando las medidas de diálogo no son suficientes, pero mantiene sus capacidades operativas, equipos de control y elementos de dotación, como armas menos letales, escudos, uniformes de protección y vehículos blindados, entre otros. Lo que sucede es que su momento de intervención fue armonizado con los estándares de derechos humanos”.
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Desde su perspectiva, el anuncio del general (r) Mora representa un retroceso. La derogatoria que se anuncia, explicó, no solo afectaría un nombre o una sigla, sino que borraría el marco normativo que dio origen a cerca de 30 equipos de diálogo distribuidos por el país y a los protocolos que hoy conciben el uso de la fuerza como último recurso, tal como debe ser en una democracia. Lo que Mora describe como ataduras, dijo Henríquez, son en realidad herramientas pensadas para el diagnóstico, la “mediación, interlocución y coordinación interinstitucional, incluso con las organizaciones de derechos humanos que en terreno facilitan la verificación de derechos”.
Además, la abogada del Cajar recordó que “eliminar el marco normativo desarrollado hasta el momento para conservar solo un cuerpo antidisturbios sería un incumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia STC-7641 de 2020, un riesgo latente para toda la ciudadanía colombiana y un agravio a las víctimas del Esmad”. Y agregó que “no hay que olvidar que tanto el Estado como varios de los integrantes del Esmad han sido condenados por el abuso de la fuerza y la violación del derecho a la vida e integridad personal en contexto de protesta”.
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Frente a los cambios que se lograron con la creación de la Undmo, Henríquez destacó “el fortalecimiento del marco normativo, la participación en mesas de trabajo con las víctimas de violencia policial y la capacitación en derechos humanos”. Según explicó, se expidieron decretos y resoluciones enfocados en el respeto de los derechos humanos y en la regulación del uso de la fuerza bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, lo mínimo que debe atender un funcionario encargado de hacer cumplir la ley, como lo son los policías, que tienen el deber de proteger a la ciudadanía, lo que implica usar adecuadamente las armas del Estado.
La conversación con la oenegé Temblores no fue menos crítica. Alejandro Lanz, codirector ejecutivo de la organización, contradijo la afirmación del general Mora de que la Undmo “le ató las manos” a la fuerza pública para atender alteraciones del orden público: “El nuevo ministro no ha leído la resolución ni las otras normativas relacionadas con la regulación del uso de la fuerza por parte de la Policía en el país. Estas normativas reconocen y protegen la discrecionalidad de los uniformados de la Policía, de la Undmo y de las demás unidades y dependencias sobre la necesidad y la proporcionalidad del uso de la fuerza”, señaló a este diario.
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De acuerdo con el abogado, el decreto vigente faculta a los uniformados “para decidir autónomamente, de acuerdo con cada contexto, si hacen uso de la fuerza y cuáles medios y elementos emplean. Además, una regulación más específica y rigurosa del uso de la fuerza también les otorga mayores garantías a los policías para defenderse ante eventuales procesos judiciales o disciplinarios. Todo esto es lo contrario a atarles las manos”.
Por su parte, frente al impacto que esa decisión tendría sobre los recursos y las capacidades institucionales que ya fueron implementadas en la Undmo, el codirector de Temblores declaró que se perdería la inversión realizada en cambios de uniformes, adecuación de vehículos y en formación, capacitación y entrenamiento del personal de diálogo.
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Además, señaló que “se crea un nuevo gasto para la adquisición de nuevos uniformes, la reubicación y reentrenamiento del personal y la readecuación de vehículos y elementos. Esperamos que la misma Policía le haga caer en cuenta al nuevo Gobierno que no le conviene echar atrás esta transformación, que ha contado con una gran inversión y que ha fortalecido la imagen y las relaciones de la Policía Nacional con otras fuerzas policiales del mundo”.
Hay un segundo avance, menos visible pero igual de relevante, según Lanz: la apropiación que ha tenido la propia Undmo de su transformación interna. “Los mismos integrantes de la Undmo reconocen que la primacía del diálogo y la eficacia de los Equipos de Diálogo (EDI) para reducir la necesidad del uso de la fuerza terminan protegiendo también la integridad de los mismos policías, además de la ciudadanía. Adicionalmente, la Undmo es vista hoy en día por otras fuerzas policiales del mundo como un referente de éxito en el desescalamiento de la conflictividad social”, declaró.
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¿Y qué pasaría con el derecho a la protesta si el Esmad regresa? Ahí Lanz fue enfático: “Se pierde una instancia de diálogo que ha demostrado ser efectiva para reducir el uso de la fuerza por parte de la Policía” que, según las propias cifras de la institución, ha mostrado resultados concretos. De acuerdo con un reporte reciente elaborado por Temblores con esa información, el uso de la fuerza en escenarios de protesta se redujo en un 68 % en promedio por mes entre los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro. La proporción de intervenciones, es decir, las veces en que la fuerza terminó siendo utilizada por cada evento de protesta, bajó de 0,14 en el gobierno Duque a 0,08 en el gobierno Petro.
Finalmente, para la abogada July Henríquez, el punto central de todo este debate son las víctimas. Como representantes de estas últimas, el Cajar ve con “profunda preocupación” el anuncio del Gobierno de De la Espriella: “Esto es gravísimo porque se reactivarían las prácticas de uso desproporcionado de la fuerza que ya dejaron cientos de traumas oculares, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias en el país. Para las víctimas, debilitar los controles civiles y de rendición de cuentas actuales no solo cierra los espacios de mediación pacífica, sino que eleva de forma alarmante el riesgo de repetición de graves violaciones a los derechos humanos en las calles”.
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Por Valentina Gutiérrez Restrepo
