16 Aug 2018 - 11:05 p. m.

Las posiciones en el debate de la ubicación de los prostíbulos en Colombia

Este jueves se llevó a cabo la audiencia pública en la Corte Constitucional para definir el alcance de la prostitución en locales comerciales en los municipios del país.

Redacción Judicial

La Corte Constitucional estudió una tutela que presentó Nelcy Delgado, dueña de la Taberna Barlovento de Chinácota (Norte de Santander). / Óscar Pérez - El Espectador
La Corte Constitucional estudió una tutela que presentó Nelcy Delgado, dueña de la Taberna Barlovento de Chinácota (Norte de Santander). / Óscar Pérez - El Espectador

Los magistrados de la Corte Constitucional escucharon las opiniones de diferentes sectores sobre el alcance del ejercicio de la prostitución en los diferentes municipios del país de acuerdo con lo establecido en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT). La primera en intervenir fue Nelcy Esperanza Delgado, dueña de la taberna Barlovento, en Chinácota (Norte de Santander). La dueña de este establecimiento aseguró que las autoridades le cerraron su negocio argumentando que se encontraba en una zona céntrica del municipio. 

Cuando se le preguntó sobre cómo lograba tener cerca de ocho mujeres trabajando en su establecimiento, Nelcy contestó que las mujeres llegaban a pedirle trabajo y que se enteraban por medio del voz a voz. “Yo en ningún momento le pongo precio a ellas, ellas son las que ponen su precio. Yo lo único que les brindo es la habitación”, aseguró la propietaria. La petición central la dueña de Barlovento fue que se permitiera ejercer la prostitución como cualquier otro oficio “sin discriminación”. 

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El segundo en intervenir fue Armando Quintero Guevara, asesor externo de la alcaldía municipal de Chinácota. Quintero aseguró que la ubicación de la taberna iba en contra de los requisitos legales, principalmente porque a pocos metros del bar se ubicaba el Colegio Presentación -Centro-. “Deben prevalecer los derechos de las menores. Una de las formas de violación moral de los derechos de los menores es la exhibición de conductas obscenas y riñas”, afirmó el asesor.

De igual modo, Quintero aseguró que la cercanía de este establecimiento a una institución educativa perjudicaba a los menores de edad ya que “un individuo no nace con la prostitución inculcada”. Otro argumento expuesto por el asesor de la Alcaldía fue la no vulneración al derecho al trabajo de estas mujeres, ya que según él, el sellamiento de estos establecimientos obedece a omisiones del cumplimento de la ley. “El marco de protección para las prostitutas es del Estado porque son ellos quienes deben velar para prevenir el ejercicio de la prostitución y facilitar la rehabilitación de la persona prostituida”.  

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Otro de los intervinientes en esta audiencia fue Carlos Alberto Toro, quien hace parte de la inspección de Policía del municipio. Toro hizo un breve recuento de lo sucedido con Nelcy Esperanza Delgado y su establecimiento, resaltando que esta institución nunca le ha violado el debido proceso a la demanda y que, por el contrario, siempre se le hicieron las respectivas notificaciones sobre el sellamiento de su negocio.  

Además, narró cómo, en principio, la dueña del establecimiento trasladó su negocio a las afueras del municipio. Sin embargo, allí no tuvo mucho éxito y volvió a la cabecera, a pocos metros del centro educativo. “Yo sí quisiera, de manera respetuosa, que se tome una decisión en este caso porque esto afecta a los jóvenes que habitan este municipio y las casas en donde ellos mismos se encuentran”. 

Por su parte, Laura Ospina Mejía, procuradora auxiliar para asuntos constitucionales hizo un enérgico llamado para afrontar la problemática de la prostitución. “Se debe requerir que las autoridades ejerzan sus funciones de modo que actividades penalizadas, como las asociadas a la explotación sexual, y a la trata de personas no se puedan encubrir con la apariencia de constituir un trabajo sexual”, aseguró Ospina.  

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“La condición de vulnerabilidad de la población involucrada deriva en la existencia de una carga para que las autoridades verifiquen periódicamente las condiciones en las que se realiza la prostitución de manera que se protejan efectivamente sus derechos evitando camuflar la explotación sexual como una actividad lícita”, afirmó la representante de la Procuraduría. 

Explotación sexual: un tema para no dejar atrás 

Algunas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres también se hicieron presentes en esta audiencia ante el alto tribunal. Las voceras de la Iniciativa Pro Equidad de Género, quienes pidieron no hacer públicos sus nombres por razones de seguridad, hablaron sobre la conexión entre la prostitución y la explotación sexual.  Aseguraron que es necesario distinguir los desequilibrios de poder que se presentan en la explotación sexual y en la prostitución.

“En Colombia somos uno de los principales destinos de explotación y trata y esto es porque los tratantes son una empresa criminal que genera billones de pesos al año y las prostitutas son población vulnerable, desplazadas por el conflicto, que han sido violadas sexualmente, o desplazadas de sus países de origen, como lo estamos viendo con las mujeres venezolanas”, afirmó una de las voceras de esta organización. 

Para esta la Iniciativa Pro Equidad de Género, los explotadores sexuales en Colombia están empoderados por el simple hecho de que pueden pagar por servicios sexuales. Del mismo modo, mencionaron que el sistema penal en Colombia no se ha podido aplicar bien en estos casos: “Esto es ley desde 2005, pero desde entonces se han rescatado solo 500 mujeres víctimas de este delito. Mientras que en Perú y Argentina triplican esa cifra al año. ¿Por qué tan pocas víctimas rescatadas? Porque no hay claridad sobre lo que es ilícito y lo que no es ilícito”.

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“Aquí en cambio se justifica a los proxenetas y a las víctimas se les da toda la responsabilidad de su propia explotación. Colombia es el único país, por ejemplo, donde hemos indemnizado a una red de trata de personas con el impuesto de las personas contribuyentes, esto basado en una sentencia con enfoque machista, donde víctimas que denunciaron ser parte de esta red de explotación sexual fueron tratadas como “trabajadoras sexuales”. Eso es contrario al Estado de Derecho que esperamos tengan las mujeres”, señaló otra de las voceras ante los magistrados de la Corte Constitucional. 

Por otra parte, esta organización también presentó algunas cifras relacionadas con el fenómeno de la prostitución en el país. “Casi el 100% de quienes pagan por sexo son hombres, tienen perfiles de misoginia, y baja autoestima. La pornografía tiene un papel muy importante en la educación de lo que se debe pedir en la prostitución”. 

Algunos de los datos más importantes revelados por esta organización es que el 70 % de las prostitutas tiene un proxeneta que se lucra de su cuerpo y que las cadenas de poder que hay detrás de este negocio son invisibles a los ojos de las autoridades y la sociedad, como, por ejemplo, todo tipo de amenazas a las que son sometidas, las deudas, la violencia física, entre otros aspectos. 

Hay una financiación global para promover la idea de que es un trabajo sexual, y esto responsabiliza a las mujeres de su propia explotación. La violencia prevalece en la prostitución”, señala una de las exponentes. 

“Solo en Bogotá hay 23.500 mujeres en prostitución en las últimas tres alcaldías, y 90% de ellas no son de Bogotá, y han sido tratadas internamente. En los posconflictos aumenta la prostitución, la trata y Colombia ya está experimentando esto”.

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Claudia Quintero, directora de la Corporación Anne Frank, relató el daño que le causó el ejercicio de la prostitución en su vida. Describió la manera como era maltratada física y psicológicamente y pidió mayores condiciones de dignidad para realizar esta labor. “Ningún trabajo me hizo tanto daño como me lo hizo la prostitución. Me acabó la vida. Si es que se le puede decir trabajo. Recibí golpes de machistas que creían que al pagar por sexo podían pegarme. Los proxenetas me castigaban sino quería ir al prostíbulo. Una vida de dolor, que quizás 'decidí' con una pistola simbólica en mi cabeza: la del desplazamiento forzado, la falta de educación, el abuso, la pobreza”, afirmó Quintero.

Finalizada esta audiencia, ahora la Corte Constitucional entrará a estudiar el proyecto de falló que presentó el magistrado Luis Fernando Reyes, en el que planteó que que si bien los entes territoriales tienen competencia para regular el uso del suelo, no pueden dejar por fuera a la prostitución. No regular esta actividad en las normas de ordenamiento territorial no solo es una omisión, sino un acto de discriminación. ¿Por qué? Porque la prostitución es legal en Colombia si se hace de forma voluntaria y por mayores de edad, y porque las trabajadoras sexuales son un grupo marginado en situación de vulnerabilidad y, por tanto, merecedoras de protección constitucional.

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