El Juzgado Primero de Control de Garantías de Puerto Asís (Putumayo) otorgó la libertad por vencimiento de términos al soldado profesional Dairo José Arboleda Toro. El uniformado era procesado por la operación militar desarrollada en la vereda Alto Remanso, del municipio de Puerto Leguízamo, el 28 de marzo de 2022. El hecho terminó en la masacre de 11 civiles.
Por este caso también fueron imputados tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados del Ejército. Entre ellos, Arboleda Toro, quien recuperó la libertad el pasado martes 2 de septiembre, pues pasaron 240 días desde la presentación del escrito de acusación, sin que iniciara el juicio oral.
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El teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, otro de los imputados, podría tener la misma suerte, en caso de formalizarse a solicitud de libertad que podría darse ante un juez de Medellín (Antioquia).
¿Qué pasó en la masacre de Alto Remanso?
De acuerdo con la información que ha recopilado la Fiscalía, el operativo militar en la vereda Alto Remanso, en Puerto Leguízamo (Putumayo), fue adelantado por 25 uniformados distribuidos en cinco equipos, conformados por integrantes del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea.
El objetivo de ese operativo era dar con el paradero de alias “Bruno”, un hombre que para entonces hacía parte de los denominados Comandos de Frontera. Según el ente investigador, los uniformados tendrían información de que el hombre no estaba en Alto Remanso. Pese a esa certeza, los ataques armados terminaron en un crimen en contra de la población civil.
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Los uniformados habrían asesinado a 11 personas que habían participado en un bazar comunitario en la vereda, entre ellas un gobernador indígena, el presidente de la Junta de Acción Comunal, un menor de edad y ocho civiles más que se encontraban en estado de indefensión.
Además, cinco personas resultaron heridas, entre ellas una adolescente embarazada que dormía en su vivienda. En su momento, el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, durante el gobierno de Iván Duque, calificó la operación militar como “exitosa”.
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En ese entonces, las versiones del Ejército señalaban que el operativo iba dirigido contra Carlos Emilio Loaiza, alias “Bruno”, señalado de financiar al grupo armado Comandos de Frontera. La misma organización ilegal que a la fecha se disputa el control de las rentas ilegales en la frontera entre Colombia y Ecuador, en departamentos como Putumayo y Nariño.
En contraposición a la versión oficial, la Fiscalía ha dicho que el Ejército tenía conocimiento previo de qué alias “Bruno” no se encontraba en la vereda y que, de manera errónea, se señaló al presidente de la Junta de Acción Comunal de ser el disidente. Los 24 militares señalados por la masacre fueron imputados en junio de 2023, por los delitos de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida en modalidad de tentativa.
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