El próximo viernes 7 de agosto el presidente Gustavo Petro Urrego dejará la Casa de Nariño y entregará la jefatura del Estado a Abelardo de la Espriella, marcando el final de lo que fue el primer gobierno de izquierda en Colombia. Aunque durante los últimos cuatro años apuntó a iniciativas de paz y cambios estructurales en el funcionamiento del Estado, varias de esas apuestas se vieron empañadas por escándalos de presunta corrupción y problemas administrativos que derivaron en procesos judiciales que siguen en curso. Estos son cuatro de los líos más grandes con la justicia que marcaron el gobierno Petro, a sus funcionarios y que todavía están pendientes por resolverse ante distintas autoridades judiciales.
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El saqueo a la Ungrd y la supuesta compra de congresistas
El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) se convirtió en el mayor caso de presunta corrupción del gobierno de Gustavo Petro, luego de que se descubriera que recursos destinados para atender emergencias habrían sido desviados por una red de corrupción. Según la Fiscalía y la Corte Suprema, dichos recursos terminaron comprando apoyos políticos en el Congreso. Las declaraciones de los exdirectivos de la entidad Olmedo López y Sneyder Pinilla permitieron ampliar la investigación y llevaron a establecer que el supuesto entramado no solo involucró contratos de la Ungrd, sino también proyectos del Invías, por un valor superior a los COP 612.000 millones, con el propósito de garantizar mayorías legislativas para las iniciativas del Ejecutivo.
La Corte Suprema de Justicia mantiene procesos contra los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle, llamados a juicio por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, por, supuestamente, recibir COP 4.000 millones en coimas. Asimismo, Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado, están en juicio por cohecho impropio por supuestamente aprobar créditos de la Nación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp) en el Congreso a cambio de proyectos de la entidad. La senadora Martha Peralta es investigada por su presunta intervención para direccionar contratos en La Guajira y el excongresista Julio Elías Chagüi por haber sido un supuesto articulador del entramado.
Por su parte, la Fiscalía adelanta procesos contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), señalados de intentar comprar con coimas al Congreso para destrabar la aprobación de proyectos claves del Ejecutivo. Entre otros, están procesados el prófugo exdirector del Dapre Carlos Ramón González, imputado por peculado por apropiación a favor de terceros, cohecho por dar u ofrecer y lavado de activos; la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, acusada de actuar como enlace para la entrega de sobornos; y los exdirectivos de la Ungrd Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Carlos Barreto, investigados por su participación en el desvío de recursos y la celebración de contratos irregulares.
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El escándalo de los helicópteros del Ejército
En diciembre de 2024, la Procuraduría emitió una alerta porque, al parecer, había graves retrasos en el mantenimiento de la flotilla de helicópteros MI-17 rusos del Ejército, que estaban parqueados en el fuerte militar de Tolemaida. Lo que se destapó tras esa advertencia fue un caso de presunta corrupción cuyo alcance se cuenta en dólares: exactamente USD 32 millones. La Fiscalía tomó el caso y empezó a tirar del hilo hasta encontrar que, entre septiembre y diciembre de 2024, al interior del Ministerio de Defensa se habría fraguado una empresa criminal que buscaba entregar de forma irregular el millonario contrato de mantenimiento a una firma llamada Vertol Systems Company.
Lo que ha dicho la Fiscalía es que Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación; Herbert Arnulfo Buitrago Galán, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa; el coronel Julián Ferney Rincón, de la Brigada de Aviación Número 32; el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora; y el asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera, Diego Alejandro Manrique, habrían beneficiado a Carlos Martín Uribe Forero y al ciudadano estadounidense James Lester Montgomerie, de la empresa Vertol, para quedarse de forma irregular con el contrato. Hoy, todos están imputados.
Lo que ha dicho la Fiscalía, apoyada en parte en lo que señaló la Procuraduría en su alerta de 2024, es que la empresa Vertol no tenía la capacidad técnica ni la experiencia necesarias para hacer el mantenimiento de la flotilla de helicópteros. Sin embargo, al interior del Ministerio de Defensa habrían hecho todas las movidas necesarias para entregarles el millonario contrato que, finalmente, no pudieron cumplir. Incluso, según el ente investigador, el 15 de abril de 2025 la cartera de Defensa le habría girado USD 16.231 millones a Vertol, “pese a que el contratista únicamente había ejecutado actividades por cerca de USD 2,6 millones”. La empresa terminó sancionada en 2025 por el propio Ministerio, por COP 33.700 millones.
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Los enredos con los pasaportes de los colombianos
En la Cancillería ocurrió una paradoja judicial relacionada con el caso de los pasaportes. El excanciller Álvaro Leyva fue llamado a juicio en abril de 2026 por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por acción. Al parecer, en septiembre de 2023 emitió tres resoluciones con las que habría desviado una contratación de COP 559.000 millones para garantizar el funcionamiento del sistema de pasaportes hasta julio de 2026. Aunque un equipo asesor recomendó entregarle el contrato a la firma Thomas Greg & Sons, el exfuncionario del gobierno Petro declaró desierta la licitación sin mayor explicación, negó una reposición y declaró la urgencia manifiesta que le permitía contratar de forma directa.
Pero luego fue José Antonio Salazar Ramírez, exsecretario general de la Cancillería, quien resultó enredado por el mismo expediente. El funcionario que debía hacer cumplir las órdenes del canciller Leyva está imputado por su presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público. Según la Fiscalía, tras los tres actos administrativos con los que Leyva tumbó la entrega del contrato de pasaportes a Thomas Greg and Sons, Salazar Ramírez terminó deshaciendo sus decisiones, favoreciendo intereses opuestos a los de su jefe y acabó con un expediente penal más delicado que el del exministro, pues habría favorecido de forma irregular a la empresa de los hermanos Bautista.
Lo que investiga la Fiscalía en el caso de Salazar Ramírez es que, al parecer, el 26 de febrero de 2024 habría emitido tres nuevas resoluciones con las que habría echado para atrás las decisiones de Leyva, su antiguo jefe: revocó la declaratoria desierta de la licitación, negó la reposición de Thomas Greg and Sons y terminó de forma anticipada la urgencia manifiesta. ¿El objetivo? Según los funcionarios del búnker, quería dejar vía libre para que la mencionada empresa se quedara con el contrato de pasaportes. “Con estas actuaciones habría excedido sus competencias, en el entendido de que solo tenía funciones administrativas y de coordinación institucional”, señaló la Fiscalía en su imputación.
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Ricardo Roa y sus líos judiciales
Ricardo Roa Barragán, quien hasta el pasado 30 de julio fue el presidente de Ecopetrol, se convirtió en los cuatro años del gobierno del presidente Gustavo Petro en uno de los personajes más sonados del país. No solo por la importancia de estar a la cabeza de la estatal petrolera de Colombia, sino también por sus enredos con la justicia. Uno de ellos, al parecer, relacionado de forma directa con las finanzas de la empresa más importante del país. El próximo 20 de agosto, Roa Barragán será acusado por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias de servidor público, relacionado con la compra de un lujoso apartamento al norte de Bogotá, a un precio mucho menor del real.
Lo que sostiene la Fiscalía es que, al parecer, en 2024, cuando Roa ya había sido nombrado presidente de Ecopetrol y Luis Enrique Rojas estaba al frente de Hocol, su filial dedicada a la extracción de petróleo y gas natural en el país, habría ordenado amarrar un contrato para el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG, en La Guajira, a favor de la empresa Gaxi SA ESP. El punto de coincidencia, según el ente investigador, es que quien habría mediado para la compra del apartamento de Roa, avaluado en COP 2.700 millones y vendido finalmente en solo COP 1.800 millones, habría sido Juan Guillermo Mancera, representante legal de Gaxi, la empresa que estuvo a una firma de quedarse con el millonario contrato.
Si bien ese proceso está relacionado con una posible afectación directa a los intereses de Ecopetrol y de la nación, no es el único expediente abierto en contra de Roa Barragán. La Fiscalía también lo imputó en un segundo caso por su presunta responsabilidad en el delito de violación de topes electorales, por COP 1.664 millones, relacionado con los movimientos financieros cuando fue gerente de la campaña Petro Presidente, en 2022. Según el ente investigador, a la campaña que gerenciaba habría entramado más dinero del permitido por la ley y habría sido usado en ruedas de prensa en hoteles, desayunos, préstamos, transporte, logística, alimentación, créditos para eventos de cierre de campaña y piezas publicitarias.
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