Alianzas de clanes políticos, una lujosa mansión en Barranquilla, millones destinados a comprar votos, dos condenas de la Corte Suprema de Justicia, una fuga de película con destino a Venezuela y una tercera condena por burlar a la justicia. Esas son algunas claves en la historia de Aida Merlano Rebolledo, quien en diez años pasó de ser líder de los barrios del sur de la capital del Atlántico a senadora, y hoy enfrenta tres sentencias condenatorias. La más reciente es la del pasado 5 de diciembre, a tres años y medio de prisión, por el delito de fuga de presos.
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La decisión fue tomada por la jueza 18 penal del circuito de Bogotá, quien el pasado viernes le dio luz verde a un preacuerdo al que llegaron Aida Merlano y la Fiscalía, tras aceptar su responsabilidad en los hechos del 1 de octubre de 2019. Ese día, durante una cita odontológica a la que la excongresista, entonces presa en la cárcel El Buen Pastor (Bogotá), tuvo permiso para salir, se le fugó a las autoridades y salió del país ilegalmente. Para entonces, ya tenía una de las tres condenas que hoy pesan en su contra, relacionada con corrupción electoral en el Caribe.
Los escándalos que en los últimos años han rodeado a Aida Merlano no solo fueron el motivo de la caída en picada de su carrera política. También afectaron a personas de su círculo cercano, como su hija Aida Victoria Merlano, condenada por haberle ayudado en la planificación y ejecución de su fuga de la cárcel. También ha salpicado a una larga lista de políticos de departamentos como Atlántico, Bolívar y Magdalena, pertenecientes a los clanes Gerlein, Name y Char, que habrían apoyado económica y logísticamente su ascenso público.
Justo esta semana, en la tarde del 4 de diciembre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a Arturo Char, exsenador de Cambio Radical, por su presunta participación en una poderosa red de compra de votos en Atlántico. En 2023, el alto tribunal dijo que allí “se habrían ejecutado delitos contra los mecanismos de participación democrática”, para beneficiar a políticos en ascenso como Aida Merlano. A ese escándalo de corrupción electoral que fue el origen de todo, se le conoce como el expediente “Casa Blanca”.
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La caída de Aida Merlano
Una denuncia ciudadana marcó el punto de partida en el descenso de la carrera política de Aida Merlando. Para entonces ya había pasado de ser líder en algunos barrios del sur de Barranquilla a ser elegida diputada del Atlántico en 2011, representante a la Cámara en 2014 y senadora de la República en las elecciones legislativas en 2018. Además de tener una lujosa mansión de tres pisos, ubicada en el exclusivo barrio El Golf, de Barranquilla, que resultó ser, como lo determinó la Corte Suprema de Justicia, el centro de operaciones de su red de corrupción electoral.
El 9 de marzo de 2018, la Policía de Barranquilla recibió un aviso de que en una vivienda del barrio El Golf estaban comprando votos. Se trataba de “Casa Blanca”, donde funcionaba la sede política de Aida Merlano. Dos días después, el 11 de marzo, las autoridades adelantaron un allanamiento a ese inmueble y encontraron taquillas y cajeros como en un banco, 18 computadores con listados de personas y sus números de cédulas, recibos de caja, letras de cambio y un DVR con los videos de las cámaras de seguridad.
La Policía y la Fiscalía también encontraron dos carpetas físicas con listados de votantes, libretas con instrucciones para líderes políticos, certificados electorales, una contadora de billetes y una caja fuerte con COP 261 millones. Como si fuera poco, también allí había una pistola Glock negra y un proveedor con ocho cartuchos, un revólver Llama Martial, otro de empuñadura plástica, una escopeta y municiones. Sería la Corte Suprema de Justicia la que diría luego que esos hallazgos eran prueba de la “estructura criminal electoral” que funcionaba allí.
El allanamiento dejó al descubierto que en el círculo cercano de corrupción electoral de Aida Merlano trabajaban al menos 21 personas, entre particulares, líderes políticos, concejales y diputados de Barranquilla y del Atlántico. Una red que se hizo extensiva a Bolívar y Magdalena mediante “casas de apoyo” en las que compraban votos para que la excongresista llegara al Senado en 2018 y ocupara la curul que le había cedido Roberto Gerlein Echevarría. En abril de 2018, tras el allanamiento, Aida Merlano se entregó a las autoridades.
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Los hallazgos de “Casa Blanca”
Fue la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia la que asumió el expediente contra la entonces congresista Aida Merlano, quien quedó detenida tras su entrega voluntaria. Sus indagaciones revelaron que la red de corrupción electoral tenía una dinámica bien definida. Amarraban cada voto con un pago de COP 15.000, a los que se sumaban COP 35.000 después de asegurar que el elector había votado por la candidata indicada. En casos excepcionales se pagaban hasta COP 90.000 por cada voto.
También los líderes políticos que apoyaban la red criminal desde el año 2014, cuando empezó a operar, tenían sus propias ganancias. La Corte dijo que recibían COP 10.000 por cada voto que gestionaran y aseguraran en la urna. Los pagos se controlaban con talonarios marcados con los nombres de los líderes y tenían herramientas de lectura de códigos de barras para hacer seguimiento a los puntos de votación en los que estaban registradas las personas a las que se les había comprado el voto para Aida Merlano.
Los documentos analizados por el alto tribunal mostraron que hubo en una ocasión 871 entregas de dinero por COP 2.411 millones; en otra fueron 524 entregas que sumaban COP 1.981 millones. Aida Merlano se defendió diciendo que se trataba de “gastos de representación”, pero el argumento de la Corte fue otro: “De manera libre, consciente y voluntaria se concertó con particulares, políticos y empresarios para organizar, promover, dirigir y encabezar la empresa criminal destinada a obtener cargos de elección popular a través de la corrupción al sufragante”.
Para el alto tribunal, Aida Merlano “actuó como líder, con amplias actividades de conducción, coordinación y autonomía” en esa red de compra de votos. Argumentos como el de que las armas eran usadas para la seguridad del inmueble también fueron desestimados. La excongresista fue condenada a 15 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de corrupción al sufragante agravado y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas. En su momento pidió la casa por cárcel, pero se la negaron y fue enviada a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.
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Una campaña que sobrepasó las cifras
A raíz de los hallazgos en “Casa Blanca” y la primera condena contra Aida Merlano, la Corte Suprema de Justicia abrió en su contra una segunda investigación por el delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. Esto, con relación a su campaña al Senado en el año 2018. El alto tribunal ya había analizado otras pruebas previamente, como videos en los que la excongresista decía que necesitaba COP 2.000 millones, porque solo tenía COP 1.300 millones que no eran suficientes para la financiación de sus “casas de apoyo”.
Los cheques, comprobantes de pago y documentos hallados durante el allanamiento le dieron pistas a la Corte de que el dinero para financiar la campaña provendría de otros importantes alfiles políticos del Caribe, como la familia Gerlein Echeverría, y que con la compra de votos se habrían sobrepasado los montos de financiación de campañas permitidos por la ley. Para el alto tribunal, en la campaña se violaron “los principios de igualdad y pluralismo político, esenciales para garantizar la transparencia en los procesos electorales”.
Para la Corte Suprema de Justicia, hubo un “exceso ostensible” por parte de Aida Merlano y su equipo de campaña. “La clandestinidad que rodeó los giros de recursos buscaba evadir el control de las autoridades, como, por lógica, también lo era el omitir la rendición de cuentas sobre ingresos y gastos de campaña o la designación de un gerente. La razón es que la entonces candidata sabía que las cifras de financiación excedían significativamente los límites legales establecidos”, indicó en su momento el alto tribunal.
El 2 de noviembre de 2022, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió la segunda condena contra Aida Merlano, hallada responsable del delito de violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. La defensa de la excongresista apeló la decisión, pero el 6 de noviembre de 2024 la Sala de Casación Penal ratificó esa condena y dejó en firme la pena de cinco años de prisión y el pago de una multa de más de COP 3.430 millones.
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La fuga de Aida Merlano
La más reciente decisión en contra de Aida Merlano, que en esta ocasión no fue apelada por su defensa, fue tomada en la mañana del 5 de diciembre por la jueza 18 penal del circuito de Bogotá. La togada condenó a tres años y medio de prisión a la excongresista, por su aceptada responsabilidad en el delito de fuga de presos. Además, le negó la prisión domiciliaria. “Los hechos hablan por sí solos en el sentido de que esta persona tiene la posibilidad de abandonar el país y que no le importa abandonar el arraigo familiar”, dijo la jefe del despacho.
Esa condena se dio gracias a un preacuerdo al que llegaron Aida Merlano y la Fiscalía, por el episodio del 1 de octubre de 2019. Ese día, la excongresista obtuvo un permiso para asistir a una cita odontológica en el Centro Médico La Sabana, ubicado en la localidad de Usaquén, en Bogotá. Con un plan preparado previamente y una soga escondida en su ropa, la mujer aprovechó la asistencia a la cita para escaparse de la custodia de las autoridades. La fuga quedó registrada en cámaras de seguridad.
Los videos dejan ver cómo la cuerda que había sido camuflada por Aida Merlano fue lanzada por una de las ventanas del consultorio. Con rapidez la usó para bajar del tercer piso a la calle. Pese al golpe contra la acera del edificio y obviando a las personas que, sin saber que se trataba de una fuga, intentaron ayudarla, abordó una motocicleta conducida por un hombre que la estaba esperando. Lejos de la custodia de las autoridades, se supo después que la excongresista había escapado a Venezuela, de donde fue deportada el 10 de marzo de 2023.
Durante la audiencia del 5 de diciembre, Aida Merlano se defendió diciendo que la decisión de fugarse fue tomada tras las violaciones a las que estaba siendo sometida al interior de la cárcel El Buen Pastor. “No me arrepiento de la fuga, me arrepiento de los delitos que me llevaron a estar en ese lugar. Fui víctima de una persecución sistemática del Estado. Una justicia que me señaló por delitos que no cometí, pero que acepto”, dijo. Pese a sus justificaciones, ahora tendrá que pasar tres años y medio más tras las rejas, por burlar el sistema electoral y también a la justicia.
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Por Gustavo Montes Arias
