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Gobernadores y alcaldes de diferentes regiones le expresaron este 26 de agosto a la Defensoría del Pueblo, durante una reunión en Bogotá, su preocupación por la creciente situación de violencia en los territorios. En las últimas semanas, el país ha atravesado fuertes atentados contra la población civil y la Fuerza Pública, la mayoría atribuidos por las autoridades a las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y Calarcá.
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El encuentro de este martes estuvo liderado por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y estuvieron representantes de la Federación Nacional de Departamentos, Asocapitales, Fedemunicipios y Asointermedios. Durante el encuentro, los mandatarios regionales advirtieron que la escalada de violencia en varias zonas del país no solo pone en riesgo a las comunidades, sino también a ellos mismos como gobernantes, lo que dificulta el ejercicio de sus funciones.
De igual manera, alertaron sobre los riesgos que esta situación representa para el proceso electoral que ya está iniciando, de cara a las votaciones de 2026, y que se da en medio de amenazas y presiones contra candidatos y autoridades. Ejemplo de ello es el caso del congresista Julio César Triana, víctima de un atentado armado en la tarde del 13 de agosto en La Plata (Huila). Así como el del senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el 7 de junio, que cobró su vida.
Ante las denuncias de los mandatarios, la Defensoría del Pueblo anunció que solicitará al Gobierno Nacional una reunión de alto nivel, en la que pedirá que participen también el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Consejería Comisionada de Paz y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con el fin de coordinar acciones frente a la crisis. No obstante, la defensora Marín ha dicho que, por ejemplo, la comunicación con el ministro Armando Benedetti en materia de alertas tempranas ha sido nula desde que él llegó al cargo.
También se pedirá la intervención de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reforzar las medidas de seguridad de gobernadores y alcaldes que, según se denunció, no pueden movilizarse libremente en sus propios territorios debido a las amenazas.
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Sobre esta situación, la gobernadora de Tolima, Adriana Matiz, pidió a la Defensoría que emita una alerta temprana en relación a los riesgos de seguridad que enfrentan los mandatarios locales, regionales y funcionarios públicos en el país.
“Nosotros no sentimos que haya una adecuada articulación con el Gobierno Nacional para poder defendernos en el tema de seguridad. Y no solamente un temor por la vida de los alcaldes y de los gobernadores, sino de nuestros funcionarios y de sus funcionarios (Defensoría), que mantenemos en el territorio”, señaló Matiz.
La mandataria señaló que la respuesta institucional ha sido insuficiente: “Aquí la medida que nos dan es: ‘pues no salgan al territorio, quédense en la capital’, cuando no es el deber ser del gobierno departamental ni de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo”.
En ese sentido, hizo un llamado directo a la defensora del Pueblo: “Queremos hoy pedirte, en nombre de los gobernadores y alcaldes de este país, es que nos acompañes en esta lucha que estamos dando en el territorio, y que esa alerta se emita directamente por la Defensoría del Pueblo para que el Gobierno Nacional tome las medidas pertinentes. Nosotros nos sentimos solos en el territorio”, declaró la gobernadora de Tolima.
El pasado 25 de agosto, tras la reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (Cormpe), el ministerio de Defensa anunció un plan de refuerzo en la seguridad para los precandidatos presidenciales, con miras a las elecciones de 2026. De acuerdo con el balance oficial, actualmente hay 194 funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP), 326 policías, 107 vehículos blindados y 56 chalecos antibalas asignados.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, aseguró que la capacidad de protección se duplicó en los últimos meses, pasando de 229 a 520 personas entre personal de la Policía y de la UNP, a lo que se suma el despliegue de 6.351 uniformados de la Policía Nacional y 96 pelotones del Ejército en diferentes regiones del país.
¿Cuál será el esquema de seguridad para las elecciones de 2026?
En el marco del Diálogo para Construir Consensos, liderado por la Procuraduría General de la Nación este 26 de agosto, Mindefensa explicó que estas medidas forman parte del Plan Democracia 2026, diseñado para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral.
Según precisó, el plan contempla tres fases: preelectoral, electoral y post-electoral. Actualmente, se avanza la primera etapa, que prioriza la seguridad de los precandidatos y refuerza dispositivos en 24 departamentos catalogados como de mayor riesgo.
Además de la protección a líderes políticos, se ha dispuesto un esquema de seguridad colectiva con más de 6.000 policías y 3.000 militares en zonas críticas, a partir de un mapa de riesgos electorales que orienta la presencia institucional.
El ministro advirtió, sin embargo, que los riesgos no son únicamente físicos, sino también digitales, haciendo referencia a campañas de desinformación y a los discursos de odio que circulan en redes sociales, los cuales, según dijo, pueden incidir negativamente en el ambiente democrático.
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El Gobierno Nacional reiteró que el calendario electoral se mantiene en firme y que los comicios de 2026 se desarrollarán con garantías plenas de libertad y seguridad. No obstante, el jefe de la cartera de Defensa destacó que aunque se está realizando un esfuerzo presupuestal para ampliar las capacidades de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que todavía hace falta más.
“Si queremos seguridad, debemos invertir en seguridad y tenemos que hacer un esfuerzo adicional, ya que lo ha planteado el Gobierno Nacional para que invirtamos en solucionar problemas estructurales de la fuerza”, concluyó el ministro Sánchez Suárez.
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