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El Ministerio de Defensa le salió al paso a los cuestionamientos sobre un posible debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, a solo días de que el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, llegue a la Casa de Nariño. Desde la entidad emitieron un pronunciamiento en el que desmintieron esas versiones.
Desde esa cartera del Gobierno aseguraron que “una capacidad institucional no se mide únicamente por el número de equipos disponibles en un momento determinado. Comprende también el talento humano, la doctrina, la organización, el entrenamiento, la infraestructura, la logística, el mantenimiento y los recursos necesarios para cumplir las misiones constitucionales de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional”.
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A renglón seguido, desde el Ministerio de Defensa señalaron que en materia de capacidades aéreas las condiciones están aseguradas. La Policía y las Fuerzas Militares tienen, según su pronunciamiento, 620 aeronaves, de las cuales 168 están fuera de servicio. “Por haber culminado su ciclo de vida o encontrarse en proceso de retiro, reemplazo o disposición final, serán objeto de procedimientos técnicos y administrativos correspondientes”, aclararon.
De las restantes, 275 están disponibles y listas para el cumplimiento de labores diarias en misiones de defensa y seguridad nacional, control del espacio aéreo, transporte, vigilancia, inteligencia, evacuación aeromédica, apoyo humanitario y lucha contra las organizaciones criminales. La meta es llevar las capacidades del 61 % al 75 % e incrementar horas de vuelo.
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Otras 177 aeronaves actualmente están en mantenimiento, inspección o reparación. “Mejorar la disponibilidad operacional de aeronaves requiere inversiones sostenidas y una planeación de largo plazo para mantenimiento, repuestos, infraestructura, entrenamiento, horas de vuelo, recuperación de plataformas y adquisición de nuevas aeronaves”, indicó el MinDefensa.
Adicional a eso, la cartera de Defensa señaló que se aseguraron COP 16,8 billones de vigencias futuras hasta el 2032 para la compra de la flotilla de 17 aviones Gripen que Colombia le compró a la empresa sueca Saab para reemplazar los Kafir israelíes que llevaban varios años volando. Así como la transferencia tecnológica para su operación y mantenimiento.
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“Incluye logística, infraestructura aeronáutica, horas de vuelo, armamento, simuladores, entrenamiento de tripulaciones y personal técnico, pagos diferidos durante siete años y la correspondiente compensación industrial (offset), que generará beneficios económicos y sociales para el país. Esta decisión fortalece la defensa aérea de Colombia”, indicaron.
El gobierno entrante también dejó asegurados los recursos para fortalecer integralmente sus capacidades terrestres, navales, fluviales, aéreas, espaciales y ciberespaciales con casi COP 13 billones destinados para ese fin. De esa cifra, COP 5 billones serán para la compra de 13 aviones y 34 helicópteros, con una vida útil estimada superior a los 40 años.
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También se previeron recursos para la incorporación de 752 sistemas aéreos no tripulados (drones) y 400 sistemas detectores de drones, para fortalecer las capacidades de vigilancia, inteligencia y protección de la fuerza pública. Además de 188 vehículos tácticos blindados, 94 patrulleras y botes de alto y bajo calado, 16.209 radios de última tecnología, 16 buses, 119.609 armas individuales y colectivas, más de 84 millones de cartuchos de munición, 112 camionetas operacionales y 158 motocicletas.
No obstante, aclara el Ministerio de Defensa, esas cifras planteadas en principio podrían cambiar por condiciones del mercado, negociaciones y contratos. “Estos proyectos están debidamente estructurados por los gerentes funcionales y de proyecto, así como por los comités estructuradores técnicos y económicos y los equipos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en articulación con el Ministerio de Defensa”, señalaron.
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De paso, en su pronunciamiento, el Ministerio de Defensa advirtó que la proyección es que el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, tendría que invertir por lo menos COP 100 billones más “para cerrar la brecha histórica existente y alcanzar el nivel de capacidades requerido para enfrentar las amenazas internas, externas y transnacionales que afectan la seguridad y defensa nacional, así como la seguridad ciudadana”.
Concluyeron que, en el marco de los empalmes y la transición de gobierno, desde el Ministerio de Defensa tienen toda la disposición para entregar la información técnica, presupuestal y contractual para garantizar la transparencia del sector. “La seguridad y la defensa nacional son políticas de Estado. Por ello, los proyectos estratégicos, las inversiones de largo plazo y la modernización de las capacidades de la fuerza pública deben trascender los períodos de gobierno y mantenerse como una prioridad nacional”, concluyeron.
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