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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la suspensión temporal del general Juan Miguel Huertas y del director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, ordenada por la Procuraduría en medio del escándalo por presuntas filtraciones de información a las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”.
Según dijo, la decisión también fue conocida por la cartera apenas este jueves 27 de noviembre. “Lo que vamos a proceder es acorde a lo que diga esa determinación de la Procuraduría. Y es un mensaje claro que todas las instituciones estamos velando por la integridad, la legitimidad, la transparencia”, afirmó tras finalizar la ceremonia por el aniversario del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, en el Cantón Norte de Bogotá.
El pasado 25 de noviembre, el mismo jefe de cartera señaló que el general Huertas no sería separado del cargo sin pruebas concluyentes, pero la Procuraduría concluyó que sí existen razones suficientes para suspenderlo a él y a Mejía.
En contexto: Las razones de la Procuraduría para suspender al general Huertas y a Wilmar Mejía del DNI
Aunque no ordenó el retiro del oficial, Sánchez aseguró que la medida es necesaria para “una mayor independencia en todo este proceso. Aquí hay que garantizar absoluta transparencia en esta línea, pero son investigaciones no solamente de tipo disciplinario, sino también de tipo legal. Ya la Fiscalía está adelantando los procedimientos respectivos, y todo lo que sea necesario hacer para garantizar la independencia, la transparencia, la no interferencia de los procesos que adelantamos, es bienvenida”.
El tema de inteligencia ha sido clave en los últimos meses, tras la decisión del presidente Gustavo Petro de pedir la salida del general Carlos Fernando Triana de la dirección de la Policía el pasado 17 de octubre. El mandatario cuestionó fallas en la anticipación del ataque contra un helicóptero policial, el 21 de agosto, en la vereda El Toro, en Amalfi (Antioquia), donde una explosión, atribuida a las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”, dejó 13 uniformados muertos. En entrevista con El Espectador, el ministro Pedro Sánchez explicó que las labores de inteligencia no detectaron los explosivos que estaban en la zona donde aterrizó el avión.
Frente a la pregunta sobre si ese atentado podría estar relacionado con las presuntas filtraciones hacia la estructura de “Calarcá”, el jefe de la cartera aseguró “que lo que ha comunicado Caracol es una información supremamente importante, necesaria, que el país debe conocer y que nosotros debemos hacer nuestros protocolos para confirmar o desvirtuar y hacer los análisis respectivos si eso tuvo alguna relación con ese atentado criminal”.
Sánchez también abordó la controversia por los bombardeos ordenados por el Gobierno Petro, después de que Medicina Legal confirmara la muerte de 15 menores de edad en distintas operaciones. El ministro reiteró que en esta administración se han autorizado 13 bombardeos y que “en este momento tenemos información que en tres de ellos, lamentablemente, murieron menores combatientes en función continua de combate, que muestra una tragedia muy grande”, afirmó.
Las cifras expuestas por el ministro contrastan con las entregadas por la defensora del Pueblo, Iris Marín, quien sostiene que existen reportes de cuatro bombardeos —en Arauca, Amazonas, Caquetá y Guaviare— donde habrían muerto menores reclutados, y cuestiona que estas operaciones continúen en zonas con evidente riesgo para ellos.
Sánchez volvió a defender la postura del Gobierno: “nuestro deber es proteger al pueblo colombiano y es la tarea más difícil, porque hay un problema de reclutamiento que estamos atacando fuertemente. Han sido 13 bombardeos de más de 1.400 combates que hemos tenido, es decir, la última opción”.
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Añadió que el Ejecutivo mantiene el compromiso de respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario: “seguimos empleando la fuerza legítima del Estado para proteger a los colombianos. Son decisiones dolorosas, difíciles y necesarias también”. Estas palabras reiteran lo dicho por el ministro en el debate de control político del pasado 19 de noviembre, donde reconoció que las autoridades conocían la probabilidad de presencia de menores en las áreas donde se autorizaron los bombardeos.
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