Mujer que vendió apartamento a senador Benedetti se declara inocente por lavado de activos

Para la Fiscalía, Ruby Corredor Ruíz, antigua asesora del Ministerio de Justicia, habría incurrido en lavado de activos para comprar un apartamento por un valor de $1.600 millones, que luego vendería al senador Armando Benedetti.

Redacción Judicial
30 de octubre de 2019 - 03:59 p. m.
Ruby Corredor, de acuerdo a la Fiscalía, no pudo justificar la procedencia de los dineros con los que compró en un remate un apartamento por $1.600 millones.  / El Espectador
Ruby Corredor, de acuerdo a la Fiscalía, no pudo justificar la procedencia de los dineros con los que compró en un remate un apartamento por $1.600 millones. / El Espectador

La Fiscalía imputó a Ruby Corredor con los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares por la compra en un remate de un apartamento por $1.600 millones, que un año después le vendería, por el mismo valor, al senador Armando Benedetti. Para el ente acusador, Corredor no tenía la capacidad económica para pagar dicha propiedad y nunca pudo justificar la procedencia de los dineros con los que se hizo la compra. Sin embargo, la imputada no aceptó los cargos. 

Las pesquisas en contra de la mujer, que llegó a trabajar como asesora del Ministerio de Justicia, comenzaron, según la Fiscalía, por un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en el que quedó consignado que la ahora imputada no contaba con los recursos sufrientes para comprar un inmueble de más de $1.000 millones de pesos y nunca habría justificado la procedencia de los dineros con los que llegó a pagar el apartamento en cuestión.

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Dicho apartamento, que pasó al Frisco en un proceso de extinción de dominio contra un vinculado en procesos de narcotráfico, fue comprado por Ruby Corredor en 2009 en un proceso de remate por un valor de $1.600 millones, según la imputada, para poder vivir allí con su familia. Sin embargo, un año después, vendió este apartamento, llegando a incurrir en pérdidas.

Aunque Corredor, en indagaciones anteriores a la imputación, aseguró que el dinero para comprar la propiedad habría salido de sus cuentas y de una serie de prestamos, para la Fiscalía, el dinero provino de actividades delictivas. Para probar dicho punto, el ente acusador aseguró que en ninguna de las cuentas y servicios bancarios que tiene la imputada existía un monto que pudiera llegar a cubrir la compra del inmueble.

En este apartado, la fiscalía declaró que Corredor habría incurrido en lavado de activos ya que hubo un intento de “Ocultar, encubrir y dar apariencia de legalidad a un dinero de procedencia ilícita. De lo contrario se habría justificado la procedencia de los dineros y se habría clarificado la trazabilidad de los recursos”.

La propiedad en cuestión salió en remate el 24 de julio de 2009, a través de la empresa Estrategias Comerciales y de Mercadeo. Esta empresa llegó a recibir cinco ofertas, entre las que estuvo la de Corredor, que fue allegada justo un día antes de que finalizara el plazo de postulación. Ese mismo día, la mujer hizo un pago inicial de $189 millones de pesos en efectivo, mientras que los demás proponentes hicieron el pago de esa primera cuota a través de cheques. Un hecho que, para la Fiscalía, es muestra de las irregularidades.

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Al día siguiente se realizó el proceso de remate. En un primer momento, la oferta de Corredor fue  de $946 millones. Luego tras una segunda puja de los ofertantes, la mujer llegó a ofrecer $1.600 millones, aunque en los documentos y formatos originales el monto es de $1.503 millones, este fue reemplazado por la cifra mencionada anteriormente. Un hecho calificado de irregular y denunciado por los ofertantes, pero que no fue tenido en cuenta por la empresa encargada del remate.

Sobre estos hechos, la Fiscalía aseguró que “hubo varias anomalías en el proceso de adjudicación y solo se trató de una fachada”. Para probar este punto, la Fiscalía señaló que la imputada ni siquiera supo cómo fue el proceso del pago del apartamento. Mientras que Corredor dijo que hizo 3 pagos, el último a principios de 2010, por un valor de 2.000 millones de pesos, los giros bancarios, según el ente acusador, demostraron que el último pago se realizó el 10 de diciembre de 2009 y la suma total desembolsada fue de poco más de $1.600 millones.

Para el ente acusador, Ruby Corredor no pudo justificar la procedencia de la millonaria suma que pagó por el apartamento. Aunque aseguró que el dinero salió de su cuenta y de un préstamo con la sociedad Beltrán y Co, las pruebas recolectadas por la Fiscalía demostrarían otras procedencias. De acuerdo a la imputación, la cuenta de Corredor no tuvo un movimiento de dicha magnitud y los cheques con los que se hizo los giros no figuran al nombre de Beltrán y Co, sino de otra sociedad, que no hizo el reporte de dichos montos en la DIAN.

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La Fiscalía también presentó otros inmuebles, entre apartamentos y locales comerciales, que habrían sido comprados por Ruby Corredor sin justificar la procedencia de ellos. Para el ente acusador, los trabajos realizados por la mujer en el Ministerio de Justicia y Superintendencia de Notariado y Registro no generaban el suficiente dinero para poder comprar el apartamento o las otras propiedades.

"Una venta ilógica"

El ente acusador también llamó la atención por la venta del apartamento, un año después de su compra, al senador Armando Benedetti. En este caso, de acuerdo con la representante de Fiscalía es bastante sospechoso que la mujer haya vendido el apartamento al congresista por el mismo valor de la compra, “yendo en contra de la lógica de comprar bienes inmuebles debido a que se valorizan con el transcurso del tiempo”.

Para justificar este punto, Corredor dijo que, a pesar de haber comprado la propiedad para su vivienda, decidió venderla apenas supo que había estado vinculada a un proceso de extinción de dominio por narcotráfico. Además, aseguró, ante la Fiscalía, que vendió el apartamento al mismo precio de compra ya que llevaba varios meses ofreciéndolo sin tener un solo cliente.

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Sin embargo, para el ente investigador, estas afirmaciones no son ciertas ya que al comprar el inmueble en un proceso de remate de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, se conocía que su procedencia estaba relacionada a delitos de narcotráfico. Asimismo, la Fiscalía, en diálogo con el administrador del edificio en donde está localizada la propiedad, pudo determinar que los apartamentos de dicha zona no duran más de dos meses en venta, debido a su atractivo para los compradores.

Durante la imputación la Fiscalía declaró que no tenía ninguna lógica la venta del apartamento por parte de Corredor ya que “lo enajenó al año sin ganar un centavo”, y llegó a asumir varios de los costos de la venta, como la escrituración, IVA y otros impuestos, que no le corresponderían en un proceso normal. De esta forma, como concluyó la representante del ente acusador, este apartamento le habría traído cuantiosos gastos a Ruby Corredor, y sus finanzas no lo demuestran así. En las cuentas de la mujer, para la Fiscalía, solo se observan movimientos de dinero diseñados, supuestamente, para darle una apariencia de legalidad a la compra y venta del inmueble.

La Fiscalía llamó la atención sobre los pagos de la cuota de administración por parte del senador Armando Benedetti, un año antes de comprarlo formalmente. El ente acusador tendría en su poder comprobantes de pago del 1 de diciembre de 2009, por un valor de $10 millones, en los que el político del Partido de la U habría pagado las cuotas ordinarias y extraordinarias de administración de la propiedad de los últimos 6 meses de dicho año.

Tras la imputación, la fiscal del caso procedió a pedir la medida de aseguramiento debido a las posibles influencias de la imputada en varios entes estatales y la posibilidad de que salga del país sin responderle a la justicia. Para soportar su solicitud, el ente acusador mostró interceptaciones en las que Ruby Corredor hablaba con generales del Ejército pidiendo que se encontraran en persona y funcionarios de la Cancillería para que le otorgaran un puesto en el exterior.

Para la defensa, la Fiscalía está “tratando de pescar”, ya que los indicios revelados no serían concluyentes frente a la imputación. El abogado aseguró que los cargos no están claros y ni siquiera se determinan a ciencia cierta a qué personas habría favorecido las actuaciones de la procesada. También indicó que el único motivo real por el que la Fiscalía pidió la medida aseguramiento en su contra es que debido a su carrera profesional llegó a conocer a personas que ostentan altos cargos.

Por Redacción Judicial

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