Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara enviar a la cárcel a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), los abogados de ambos presentaron recursos para apelar la determinación.
El exministro Velasco, quien estuvo al frente de la cartera del Interior, intervino para pedirle a la Corte Suprema de Justicia que cambie la decisión del Tribunal. En su recurso de reposición, pidió que se le permita defenderse en libertad o, al menos, que pueda hacerlo desde prisión domiciliaria. Dijo hacerlo con respeto, pero marcando una diferencia de fondo con la decisión del Tribunal.
En su intervención, sostuvo que la magistrada modificó la teoría del caso de la Fiscalía, lo que, según él, lo deja sin claridad sobre qué debe controvertir. “Yo me pregunto qué debo controvertir en la reposición: la teoría del caso del juez o de la Fiscalía”, afirmó. Velasco cuestionó especialmente que el Tribunal haya inferido la existencia de órdenes implícitas bajo la lógica de la “delincuencia de cuello blanco”.
A su juicio, ese razonamiento no fue planteado por la Fiscalía y resulta incompatible con el derecho de defensa. “Cuando me sirven, las órdenes eran expresas; cuando no puedo probarlas, digo que se sobreentendían”, dijo, al advertir que “para temas tan delicados como ordenar un delito, no se debe sobreentender”.
El caso llegó a este punto luego de que la Fiscalía les imputara cargos a los dos exministros por los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. El proceso tiene su origen en el escándalo de la (Ungrd), por el presunto direccionamiento de contratos y recursos públicos a cambio de apoyos políticos en el Congreso.
La Fiscalía sostiene que, desde el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior, se habría coordinado un esquema para ofrecer proyectos de inversión como “cupos indicativos” a congresistas, con el fin de asegurar votos en iniciativas clave del Gobierno y la aprobación de créditos públicos. En ese entramado aparecen contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la propia Ungrd, así como los nombres de exfuncionarios, asesores y parlamentarios que hoy son investigados por la justicia.
Aunque el ente acusador solicitó prisión domiciliaria, el Tribunal Superior de Bogotá consideró que la gravedad de los hechos y el riesgo para la institucionalidad democrática justificaban una medida más severa y ordenó su envío a un centro carcelario.
El exministro también rechazó la conclusión de que represente un peligro para la sociedad. Recordó que ha sido investigado durante más de 18 meses sin que la Fiscalía haya señalado intentos de obstrucción. “No se presenta un solo hecho que diga cómo puedo afectar el proceso”, afirmó, y cuestionó que el Tribunal no valorara pruebas que, según él, acreditan su retiro de la actividad política.
“Yo ya no estoy en el cargo” y “¿cuál sería mi interés en una agenda legislativa de un gobierno en el que ya no estoy?”, agregó. Sobre el caso del senador Julio Elías Chagüi, Velasco sostuvo que su actuación se limitó a una práctica institucional ordinaria: gestionar citas entre congresistas y funcionarios del Gobierno.
“El espacio natural de un ministro del Interior es el Congreso”, dijo, y explicó que durante años facilitó reuniones entre parlamentarios, gobernadores, alcaldes y altos funcionarios, sin que eso implicara direccionamiento contractual. Insistió en que no existe “un chat, una reunión ni un solo vínculo” que lo conecte con contratistas o con ofrecimientos indebidos, y defendió que su actuación hizo parte del ejercicio legítimo de la política.
En la parte final de su intervención, Velasco profundizó en su crítica a la valoración probatoria del Tribunal y aseguró que, en su criterio, se ha intentado construir artificialmente el delito de concierto para delinquir. Señaló que algunos relatos se habrían armado a partir de hechos que, según dijo, son demostrablemente falsos.
Como ejemplo, mencionó un supuesto desayuno atribuido a él, del que afirmó que era imposible su presencia. “Era imposible que yo estuviese porque estaba, a esa misma hora, en Cali, con la procuradora, el alcalde, funcionarios y periodistas”, afirmó, y cuestionó por qué esa versión no fue sostenida luego ante la Fiscalía.
“Van acomodando las circunstancias para hacer creíble una historia que es mentirosa”, agregó. Velasco insistió en que nunca sostuvo reuniones con contratistas ni dio instrucciones relacionadas con contratos y aseguró que, como ministro del Interior, no intervenía en la gestión de obras. “Yo no llamaba, yo no hacía eso”, dijo.
Sobre los congresistas mencionados en el expediente, sostuvo que muchos pertenecían a la oposición y no respaldaron las reformas del Gobierno, lo que, según él, desvirtúa la tesis del intercambio de contratos por votos. “La mayoría de esos congresistas eran de la oposición y no votaron las reformas”, afirmó, y defendió que pedir proyectos para las regiones no es ilegal.
En un tono más personal, recordó un proceso pasado por falsos testigos y aseguró que, pese a la decisión judicial, se presentará voluntariamente ante las autoridades. “Aquí estoy, me presento y acepto la decisión”, dijo, aunque advirtió que hoy siente que no tiene garantías. “Mi lugar es este: dándole la cara a los colombianos y defendiéndome con pruebas”.
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