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A comienzos de 2019, la Procuraduría dejó en firme la destitución e inhabilidad en contra de Edwin Besaile Fayad, exgobernador del Córdoba, por actos de corrupción que desangraron las arcas del departamento que gobernó por un periodo no mayor a tres años. Justo un año después, el ministerio emite una nueva sanción al exgobernador y el exsecretario de Desarrollo de la Salud José Jaime Pareja, esta vez por el cartel del hemofilia.
El exmandatario local fue sancionado con una suspensión de 11 meses, mientras que su exfuncionario fue destituido e inhabilitado por 13 años. Vale recordar que Besaile Fayad y Pareja ya habían sido destituidos e inhabilitados por 10 años, esto debido a un proceso disciplinario por haber ordenado el pago de casi $5.000 millones para cubrir las terapias de rehabilitación a menores en condición de discapacidad sin que existiera contrato entre la gobernación de Córdoba y la IPS Funtierra Rehabilitación, encargada de las supuestas rehabilitaciones.
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Ahora, la Procuraduría pudo establecer que el exmandatario de Córdoba pidió la disponibilidad de recursos y permitió el pago de más de $1.500 millones a favor de la IPS San José de la Sabana para suministrar medicamentos para tratar la hemofilia y Von Willebrand no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) a 14 personas que no tenían estas enfermedades. Gracias a la acción de Besaile, el patrimonio de la IPS habría aumentado injustificadamente.
El Ministerio Público también encontró que Besaile incumplió con su labor de hacer seguimiento y vigilancia sobre el uso de los recursos, a pesar de que la Contraloría de la República ya había emitido alertas frente a las irregularidades en el pago de estos medicamentes de una enfermedad cuya presencia en la población es muy limitada. Por estos hechos, la Procuraduría señaló como grave la culpa del exgobernador. Por esto emitió la sanción de 11 meses, la cual se le descuentan los 6 meses de la suspensión provisional que emitió el ente de control mientras realizaba las investigaciones.
(Además: Procuraduría notificó al Gobierno destitución de Edwin Besaile, gobernador de Córdoba)
En cambio, la sanción contra el exsecretario de Desarrollo de la Salud fue catalogada como gravísima, debido que desatendió elementos básicos de su labor como funcionario público. Esta falla habría consistido en que no hizo los controles efectivos “pese a haber sido informado de las observaciones del ente de control fiscal que evidenciaron inconsistencias en los procedimientos, documentos y controles".
Por otro lado, la Procuraduría absolvió a Boris Zapata Romero, exsecretario de Hacienda de la Gobernación de Córdoba, y a María Eugenia Ferreira, exdirectora financiera de la misma entidad. El Ministerio Público determinó que la labor que ellos realizaron no implicó ninguna irregularidad y cumplieron con el procedimiento establecido para la aprobación de estos dineros.
(Además: Procuraduría confirmó destitución de Edwin Besaile y Alejandro Lyons)
Son varios los procesos disciplinarios y judiciales que enfrenta Besaile actualmente. En agosto del año pasado, la Fiscalía lo imputó por las posibles irregularidades en la construcción del Coliseo Miguel Happy Lora, de Montería.
La Fiscalía le imputó al hermano de Musa Besaile y a otros dos gobernadores de Córdoba -Martha Sáenz Correa (2008-2011) y Alejandro Lyons (2012-2015)- por los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y prevaricato por omisión. Los presuntos delitos se habrían presentado en la celebración del convenio interadministrativo para la remodelación del escenario que fue bautizado en honor al campeón mundial de boxeo en la categoría peso gallo, nacido en Córdoba en 1961. Según la Fiscalía, en la obra se habría presentado un detrimento de $1.501.344.842.