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En el marco de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que el Gobierno Nacional decidió “ofrecer una recompensa de hasta COP 50 millones por información que permita identificar y capturar a quienes incurran en conductas que atenten contra la transparencia del proceso electoral”.
La decisión se adoptó tras un Consejo de Seguridad y Paz realizado en la tarde de este miércoles 18 de febrero, en el que, según el jefe de la cartera, se abordó uno de los objetivos prioritarios: “combatir la compra de votos y demás delitos electorales”.
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En un comunicado, el ministro indicó que la recompensa se entregará a quienes suministren “información oportuna y precisa que permita capturar y judicializar a los autores de delitos electorales”, como violencia, amenazas y constreñimiento al votante.
También será recompensado quien entregue información sobre los responsables de compra de votos y corrupción electoral, así como de fraude, suplantación y voto ilegal. La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, también hizo presencia en el Consejo de Seguridad, donde entregó elementos de análisis sobre el contexto electoral en el departamento de Norte de Santander.
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Marín se refirió a los retos de seguridad derivados de la presencia de grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el frente 33 de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y Los Pachenca. En particular, señaló cuatro riesgos específicos para el proceso electoral en ese departamento.
Según la defensora, el primero está relacionado con el proselitismo político, es decir, la propaganda y las acciones realizadas para ganar votantes, “así como con seguimientos, intimidaciones e interrupciones de actividades de campaña por parte de actores armados, con el propósito de condicionar el ejercicio del derecho al voto”.
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En segundo lugar, advirtió sobre las barreras para el ejercicio del derecho al voto, debido al riesgo por la existencia de “minas antipersona, el uso de drones, los retenes ilegales, el secuestro y la falta de transporte público, situaciones que podrían impedir el acceso de la población rural a los puestos de votación”.
En tercer lugar, mencionó “la afectación del censo electoral como consecuencia del desplazamiento forzado ocurrido desde enero de 2025”. Según explicó, muchas personas inscritas en municipios de los que fueron desplazadas y que actualmente se encuentran en otros territorios no tendrían garantizado su derecho al voto en los lugares de recepción.
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Finalmente, indicó que el cuarto riesgo es la violencia digital, “debido a que la Defensoría ha identificado señalamientos contra algunas candidaturas, a las que se les atribuye afinidad con determinados grupos armados”.
La Defensoría también alertó sobre ataques contra la población y las autoridades del Pueblo Barí, “así como sobre la situación de los líderes de juntas de acción comunal en los municipios de El Tarra y Tibú, quienes estarían siendo víctimas de constreñimiento por parte de grupos ilegales con el fin de influir en los resultados electorales”.
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Por último, la defensora instó a adoptar medidas para garantizar el derecho al voto de las personas que se encuentran en centros de detención transitoria, así como a restablecer el funcionamiento de los puestos de votación en zonas afectadas por la ola invernal, como el departamento de Córdoba.
Además, la defensora del pueblo pidió que se garantice el derecho a la protesta y a la manifestación pacífica, debido a que el Día Internacional de la Mujer coincide con la jornada electoral del 8 de marzo.
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