La Fiscalía General de la Nación ordenó la detención preventiva de Francisco Alberto Marulanda Ramírez, señalado como presunto coautor del desplazamiento forzado de, al menos, 70 familias campesinas de la hacienda Bellacruz, en el sur del Cesar. La decisión fue confirmada por el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), que representa a las víctimas.
Según detalló el colectivo de abogados, Marulanda Ramírez fue vinculado al proceso como persona ausente en 2016, tras varios intentos fallidos de hacer efectivas las órdenes de captura en su contra. "La Fiscalía consideró necesaria la detención para garantizar su comparecencia, evitar la fuga, impedir la continuidad de la actividad delictiva y proteger la investigación y sus pruebas y ordenó librar la boleta de detención", se lee en el comunicado.
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"Por fin se da un paso para buscar algo de justicia en el caso, pero advirtiendo que este señor no está detenido y se debe hacer efectiva la orden de captura. Las pruebas son absolutamente contundentes para demostrar que él era el que ordenaba y planificaba la totalidad de las operaciones para desplazar a los habitantes de esta región, que eran poseedores de unos predios baldíos", explicó Eduardo Carreño Wilches, cofundador de Cajar.
La investigación busca establecer la responsabilidad de Marulanda Ramírez en los desplazamientos forzados ocurridos en febrero de 1996 en las veredas San Alonso, Caño Alonso, Loma Atrato, Las Cotas y Sector Mata Redonda, en inmediaciones de la hacienda Bellacruz, en los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque (Cesar).
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Según detalló Cajar, grupos paramilitares llegaron a las viviendas de las familias campesinas y las obligaron a abandonar sus parcelas, en algunos casos mediante la destrucción de ranchos, la quema de cultivos, el robo de animales y otras formas de violencia. Carreño Wilches señaló que la familia de Marulanda Ramírez anexó dichos predios a sus propiedades tras el desplazamiento de las familias campesinas.
De acuerdo con el colectivo de abogados, para la Fiscalía Marulanda Ramírez "desplegó acciones concretas con la verbalización de órdenes que se materializaron por hombres de las autodefensas, quienes ejecutaron los intereses de la familia Marulanda en contra de setenta familias asentadas en la Hacienda Bellacruz, contra quienes cayeron múltiples amenazas y acciones violentas que obligaron a esa comunidad a abandonar su proyecto de vida, perdiendo todos sus bienes y tranquilidad".
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En su comunicado, Cajar señala que en la decisión, que niega el beneficio de la libertad provisional a Marulanda Ramírez, se le vincula por el delito de deportación, expulsión, traslado o desplazamiento forzado de población civil, en concurso homogéneo y agravado por coparticipación criminal.
Los hechos en la hacienda Bellacruz
Las familias habían llegado desde 1986 a las tierras que consideraban baldíos de la Nación. Tras años de desalojos y una toma de la oficina del extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) en el municipio de Pelaya (Cesar), lograron que el Estado reconociera sus parcelas. Allí sembraron yuca, plátano y maíz, y criaban gallinas y cerdos.
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Sin embargo, en febrero de 1996 llegaron paramilitares al sector. Según detalló Cajar, los testimonios recogidos en la resolución señalan que grupos de hasta 30 hombres armados, algunos con pasamontañas, llegaban de día o de noche a los ranchos. "Les decían a los campesinos que la tierra era de los Marulanda, los acusaban de guerrilleros, quemaban sus viviendas y acababan con sus cultivos y animales".
Asimismo, señalaron que a varias familias les dieron hasta cinco días o 24 horas para irse o serían declaradas como "objetivo militar". El 28 de septiembre de 1996 fueron asesinados los hermanos Eliseo y Eder Narváez Corrales, quienes se habían negado a abandonar sus tierras.
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Cajar también señaló que quienes intentaron quedarse fueron obligados a pagar vacunas de hasta COP 10.000 por hectárea cada seis meses. "El cobro se hacía en La Mayoría, la casa principal de la hacienda, donde, según los testimonios, se alojaban los paramilitares", se lee en el comunicado.
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