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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) atraviesa una de sus tormentas más duras por cuenta de los choques entre esa instancia y el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella; las amenazas de un millonario recorte a su presupuesto y las denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la inminencia de un incumplimiento de los compromisos del Estado por la falta de recursos. Mientras la justicia transicional enfrenta estos embates, las Salas de Justicia y las secciones de su Tribunal para la Paz siguen avanzando en su trabajo por esclarecer la verdad judicial de décadas de conflicto. Así lo hizo este 21 de septiembre con una nueva imputación contra cinco exjefes de las antiguas Farc por crímenes relacionados con violencia sexual y basada en género.
(En contexto: JEP imputa a cinco exmandos de las Farc por violencia sexual y de género en Valle y Cauca)
Por medio de un documento de 782 páginas, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó a alias “Calixto”, “El Pija”, “Jaime Barragán”, “Monín” y “Leonel Páez”, exjefes del frente sexto y las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de la guerrilla. Sus nombres reales, según indicaron a El Espectador desde el despacho del magistrado Raúl Sánchez, que fue el ponente de la decisión, tuvieron que ser reservados por cuenta de las amenazas que han recibido recientemente estos comparecientes. Esta es la tercera imputación de la justicia transicional en el marco del caso 05, que investiga la situación territorial del Cauca y el sur del Valle del Cauca, pero la primera de ese expediente relacionada con violencia sexual.
En el marco de su investigación, la JEP identificó un patrón macrocriminal relacionado con la violencia sexual y de género como mecanismo de control territorial y social de población civil y de mujeres y niñas que hacían parte de sus filas. La mayoría de las víctimas, según la imputación, pertenecían a comunidades indígenas, como el pueblo nasa, afrodescendientes y campesinas. La Sala de Reconocimiento de Verdad documentó 68 hechos victimizantes cometidos por las antiguas Farc en contra de 30 civiles y cinco exintegrantes de la guerrilla. Los crímenes se concentraron en los municipios de Florida (Valle del Cauca), Miranda, Corinto, Toribío, Jambaló, Caldono y Santander de Quilichao (Cauca).
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Los exjefes guerrilleros fueron imputados por su posible responsabilidad de mando en los crímenes de lesa humanidad de violación y persecución por motivos de género. También por los crímenes de guerra de violación, tortura y ultrajes contra la dignidad personal, tratos humillantes y degradantes. Los abortos forzados practicados a niñas y mujeres reclutadas fueron calificados bajo el crimen de guerra de tortura, mientras que la anticoncepción forzada fue imputado como ultrajes contra la dignidad personal. De igual forma, los actos de discriminación y violencia contra personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas fueron imputados como el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género.
Este patrón criminal, a su vez, se presentó en dos modalidades. La primera, según la imputación, está relacionada con los hechos de violencia sexual y basada en género cometidos al interior de la antigua guerrilla de las Farc. Al respecto, la JEP sostiene que en la cumbre guerrillera de 1993 se estableció “una política formal de anticoncepción forzada que derivó en una prohibición del embarazo y de la maternidad dentro de las filas”. Fue en ese contexto que las mujeres y niñas reclutadas de manera forzosa, especialmente por el frente sexto y la Columna Móvil Jacobo Arenas, fueron sometidas a la aplicación forzada de métodos anticonceptivos, abortos forzados y sanciones al interior de las filas de ese grupo.
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Una de las víctimas le contó a la JEP que, cuando tenía 13 años, hombres de la guerrilla la retuvieron en una carretera y la llevaron a un campamento que estaba en el resguardo indígena nasa de la vereda Las Brisas. Luego fue llevada a la vereda San Joaquín, del mismo municipio, donde afirmó haber sido violada por “el comandante Dago”, del frente Sexto de las Farc. La víctima aseguró que era “una práctica común” el abuso de los comandantes a las niñas menores de edad. “Entre comandantes como que se tapaban esa situación y el sexto, en especial, tenía como esa característica, de que los comandantes accedían a las niñas y a las menores de edad que se encontraban en las filas de las Farc”, narró la víctima.
“Allá veía a muchas niñas y, obviamente, todas pasaban comandante por comandante. Yo en ese entonces no entendía. Ya cuando fui creciendo y fui teniendo más conocimiento, es que entendía por qué allá pasaba eso (…) como que los ojos se me fueron abriendo. Entonces de ahí me empecé a dar cuenta, porque a mí me contaban, ¿no? Pero yo no creía. Allá me decían que a las niñas les hacían esto y esto, y yo no creía. Pero ya cuando me empieza a suceder a mí es cuando ya empecé a creer”, le contó la víctima a la JEP. Aseguró que en al menos dos ocasiones fue violada por el “comandante Dago” y que supo de casos de otras menores reclutadas junto a ella, como una que murió en un enfrentamiento con el Ejército.
La segunda modalidad de estos crímenes corresponde a hechos de violencia sexual y basada en género en contra de personas de la población civil. Allí se incluyó crímenes contra niñas y mujeres que fueron violadas y sometidas a vejámenes sexuales cuando estaban solas en sus casas y en fincas o cuando transitaban por los caminos de su región. También a quienes se negaron a ser reclutadas o que tenían alguna relación con integrantes de la fuerza pública. El despacho de Raúl Sánchez también documentó actos de persecución contra personas de identidad sexual diversa, intimidaciones, hostigamientos, amenazas, desplazamientos forzados y violencia sexual.
Otra de las víctimas que habló ante la JEP contó que vivía junto a su familia en una finca del municipio de Florida (Valle del Cauca), donde criaban animales y cultivaban alimentos. En la zona empezaron a aparecer hombres armados que montaron cambuches, se apoderaron del territorio y ejercían poder sobre los campesinos. El 1 de febrero de 2006, la víctima estaba sola en la finca cuando llegaron cuatro integrantes de las Farc. Dos montaron guardia afuera de la casa y los otros dos entraron a la vivienda, la agredieron verbalmente, la violaron y la amenazaron. “Yo intenté con lo que tenía en la mano salir corriendo (…) ¿Qué va a hacer uno contra estas personas? Uno se siente impedido, imposibilitado de hacer algo”, expresó.
Otras voces
Las voces recogidas por la JEP muestran que la violencia no terminó con las agresiones, sino que quedó inscrita en los cuerpos de las víctimas. “Yo tengo heridas en mi cuerpo de cada cosa que me pasó, y cada que me las miro me acuerdo de qué me pasó ese día y qué estaba haciendo”, relató una de ellas. Otra mujer contó que todavía sufre una infección urinaria, mientras que una tercera explicó que las lesiones en la columna le impiden levantar peso y realizar numerosas actividades cotidianas. Para las mujeres afrodescendientes, la violencia sexual estuvo atravesada, además, por el racismo. Una víctima recordó que los agresores repetían que “las negras son muy ardientes” y que sus cuerpos eran tratados como una especie de experimento.
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Otra sobreviviente lo resumió así: “El cuerpo de las mujeres, pero ante todo el de las mujeres negras, se ha convertido en un mal mito”. Según su testimonio, uno de los hombres dijo que quería comprobar cómo era “comerse una negra”; después del primer ultraje, continuaron sus compañeros. Las agresiones también les arrebataron los proyectos que habían imaginado para sus vidas. “Seguramente yo quería ser abogada y esa violencia me afectó el sueño”, dijo una de las mujeres ante la JEP. Explicó que los traumas, la falta de autonomía económica y la pérdida de independencia dejaron a muchas víctimas estancadas y avergonzadas, sin saber cómo retomar el camino.
Otras describieron esa incertidumbre con dos frases breves: “No hemos podido encontrar ni qué es lo que queremos ni qué vamos a hacer” y “tener que asumir la vida sola, en soledad”. El daño, advirtieron las víctimas, se extendió a sus hijos, sus familias y sus comunidades. “Si uno está enfermo en el alma, en el espíritu, el cuerpo también se enferma. Si una persona está enferma, se enferma toda una comunidad, un territorio”, señaló una sobreviviente. Otra describió una cadena de violencias que comenzó con la agresión sexual y continuó con el desplazamiento y la explotación: “Por haber sido víctima de violencia sexual fui desplazada. Por ser desplazada fui prostituta. Y por prostituta sufría más violencia sexual”.
Aun así, insistieron en que no cargarán con la culpa: “Hemos sido las que hemos puesto la cara, porque no fuimos culpables de lo que nos pasó”. Otra víctima más relató: “Uno me empujó arbitrariamente hacia un lado. Y entonces empezó a decirme palabras soeces, que ellos podían hacer conmigo lo que les diera la gana porque ellos eran dueños del territorio y de todo lo que tuvieran en ese territorio, tanto frutos, animales. Y que las mujeres que ellos quisieran también las podían poseer, porque ellos eran los que mandaban (…) Me violentaron, pegándome con la cacha de esa arma que tenían. Me dijeron palabras obscenas y también me golpearon físicamente. Cuando me rasgaron la ropa que tenía y ahí fue cuando llegaron al hecho de abusarlo a uno arbitrariamente”, contó la víctima. Como estos, son 35 los casos por los que la JEP llamó a los exjefes de las Farc a reconocer responsabilidad o negarla. En cualquier caso, la justicia transicional seguirá actuando mientras libra sus otras tormentas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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Carlos(63194)•22 de septiembre de 2026 – 09:34La JEP es un grupo de alcahuetas que por años ha protegido a los exFarc y sólo hizo hasta ahora una tibia condena. Y ahora lloran por plata, después de vivir del erario público por años sin condenar a criminales abusadores de niños, terroristas y asesinos que viven en la completa impunidad. Acabando la JEP nos ahorraríamos miles de millones de pesos, que se pueden usar para cosas que realmente sirven.
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MisterH(73471)•22 de septiembre de 2026 – 08:241. Y los responsables y patrocinadores de estas atrocidades estuvieron 4 años en el congreso felices de la vida 2. Curioso que la JEP por fin quiso meterse con los intocables de las FARC justo cuando los amenazan con reducción de recursos. Antes, nada.
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antonio(7747)•22 de septiembre de 2026 – 09:038 años en el congreso. Y dónde estan los resultados, las gestiones, los proyectos de ley en beneficio del pueblo ?? 10 terroristas de congresistas a razon de $ 50 millones mensuales
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antonio(7747)•22 de septiembre de 2026 – 07:48Esta sra Deisy narró que todo esto lo denunció ante la jep una vez y nunca la volvieron a llamar. Dónde estan las mujeres de la jEP ? Dónde está la esposa de Ivan cepeda que hace parte de la jep ? Parece que todas las mujeres que hacen parte de la jep son cómplices de estas atrocidades. Los que dicen que por la paz lo que sea, los invito que les entreguen sus hijas de 10 años a los monstruos del secretariado.
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antonio(7747)•22 de septiembre de 2026 – 07:45Anoche en la FM una mujer Deisy, narró que la reclutaron antes de cumplir 11 años, se la arrebataron a su mamá, al otro dia le pusieron el dispositivo T de cobre ( a una niña de 10 años ), despues de esto comenzaron los abusos sexuales, narró como Sandra Ramirez ( exsenadora ) las hizo desfilar en ropa interior frente a los del secretariado y narró como pablo catatumbo la manoseó, estando borracho y drogado y abusó de ella.