A las 9:00 de la mañana del viernes 7 de noviembre, el sol en el centro de Bogotá parecía inundarlo todo. Las palomas volaban hacia el costado norte de la Plaza de Bolívar, tejiendo con sus alas una red que cubría la fachada del reconstruido edificio del Palacio de Justicia. Cuarenta años atrás, a la misma hora, aún se estaban extinguiendo las últimas llamas del fuego que ardió durante al menos 28 horas en el corazón de la justicia colombiana, por la toma y retoma del edificio en el que funcionaban el Consejo de Estado y la Corte Suprema.
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El asalto armado por parte de la guerrilla del M-19 y la respuesta desmedida de las Fuerzas Militares, el 6 y 7 de noviembre de 1985, hicieron rugir el horror de la guerra. Un centenar de personas murieron en ese holocausto, incluidos 11 magistrados de las altas cortes. Al menos 11 más fueron desaparecidas y otras tantas fueron llevadas a la Casa del Florero, interrogadas y torturadas durante horas. Un hecho que, incluso, le mereció en 2014 una condena internacional al Estado, por su responsabilidad en los graves crímenes que ocurrieron allí.
Cuatro décadas después, las marcas del holocausto del Palacio de Justicia siguen latentes en la piel del país y, sobre todo, de las víctimas que no han bajado la bandera en su petición constante de justicia, verdad y reparación. Antes, durante y después de la toma y retoma violenta del edificio, los errores del Estado y de sus instituciones han sido la constante. Así fue recordado en la conmemoración de los 40 años de ese suceso y los actos simbólicos que se concentraron en el centro de Bogotá.
La voz de la justicia, 40 años después
En el marco de la conmemoración de los hechos del Palacio de Justicia, la Rama Judicial y las víctimas del holocausto se miraron frente a frente para hablar sobre las cuentas pendientes del Estado y rendir homenaje a la memoria de los muertos y los desaparecidos. El primer acto simbólico de la jornada del 7 de noviembre de 2025 fue organizado por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Los presidentes de esos tribunales recorrieron la plazoleta interna del Palacio de Justicia cargando en sus manos cinco arreglos de flores blancas que fueron puestos frente a la placa conmemorativa que tiene grabados los nombres de las víctimas del holocausto. La ofrenda floral le dio paso a una serie de intervenciones en las que, tanto los magistrados como las víctimas, le hablaron directo al país sobre la importancia de la memoria para la construcción de paz y de verdad, así como las obligaciones que el Estado ha omitido.
El primero en hablar fue Gabriel Andrade, hijo del magistrado auxiliar Julio Cesar Andrade, quien tenía 36 años cuando murió durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. Sus supuestos restos fueron entregados el 8 de noviembre de 1985. Pero, más de 30 años después, la familia supo que en su tumba no estaba el cuerpo del jurista. En su lugar estaban los restos de Héctor Jaime Beltrán, mesero del restaurante del edificio, a quien su esposa, Pilar Navarrete, buscó durante más de tres décadas tras desaparecer en el holocausto.
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“Han sido 40 duros años, particularmente para quienes la tragedia les tocó dos veces a la puerta de la casa. Una vez era un muerto y luego de unos años un desaparecido”, dijo al inicio de su intervención, en referencia a los graves errores que cometió el Estado en la identificación de los restos de su padre. Agregó: “El acto miserable y cobarde de la guerrilla del M-19 fue la condición para que la vida del magistrado auxiliar y todas las vidas que se perdieron y desaparecieron allí, se esfumaran en el vacío de la impunidad”.
A renglón seguido, se refirió al presidente Gustavo Petro que, pese a no estar en el evento, se ha pronunciado sobre el holocausto con mensajes que han sido como un golpe en el estómago para las víctimas. “El mismo movimiento terrorista que ejecutó el asalto sangriento a la sede de la ley, hoy ostenta en la persona de sus desmovilizados y no juzgados por este crimen, la dirección máxima del Estado. El victimario, sin haber saldado su deuda con la justicia por las desapariciones forzadas que su acción generó, dirige los destinos de la nación. Una afrenta que grita impunidad”, dijo.
Luego, hizo referencia a la impunidad que aún cubre el expediente del caso. Desde 2010, cuando la entonces fiscal Ángela María Buitrago llevó a los tres primeros militares a juicio por las violaciones de derechos humanos durante el holocausto, el avance de la justicia ha sido casi nulo. “No es venganza. Exigimos que la verdad no se someta a las prerrogativas del poder actual. Exigimos que la memoria de los desaparecidos no sea una nota a pie de página en el ascenso del excombatiente”, concluyó Andrade.
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Otra de las voces de las víctimas que se levantaron durante el homenaje organizado por la Rama Judicial fue la de Alejandra Rodríguez Cabrera, hija de Carlos Augusto Rodríguez Vera, quien era el administrador del restaurante del Palacio de Justicia y, cuarenta años después de la toma y retoma del edificio, aún sigue desaparecido. La acompañaron Samuel Beltrán, nieto de Héctor Jaime Beltrán Fuentes, y Manuel Urán, nieto del magistrado Carlos Horacio Urán, quien también murió durante los hechos de noviembre de 1985.
“En un país atravesado por violaciones a los derechos humanos, la memoria se vuelve una herramienta para contar la verdad. Recordar no es una opción, es una herencia y una responsabilidad que asumimos como acto de resistencia frente al olvido y como construcción de un futuro de paz”, expresó durante la lectura de un fragmento del libro conmemorativo que se presentó en el marco del homenaje. Alejandra Rodríguez es una de las voces más importantes de la búsqueda de los desaparecidos del Palacio de Justicia.
Ella nació solo 35 días antes del holocausto. Su vida, como narró en diálogo reciente con El Espectador, ha girado en torno a la búsqueda de su padre y a mantener viva su memoria. “He aprendido que el tiempo no sana, sino que transforma las heridas en huellas que narran una historia. En un país como el nuestro, mi existencia se ha convertido en un fragmento de esa narrativa. Una voz que ha caminado por los senderos de la soledad y la búsqueda, entretejiendo la verdad con hilos de dolor y esperanza para hacer memoria”, concluyó.
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En la misma línea fueron los discursos de los presidentes de las altas cortes. El magistrado Octavio Augusto Tejeiro, presidente de la Corte Suprema de Justicia, resaltó la importancia de recordarle al país por qué el mensaje contra la violencia es claro: nunca más. “Es necesario que la memoria se proteja, se mantenga y se alimente, para evitar que estos hechos vuelvan a suceder. Las tragedias se evitan si nuestros corazones las mantienen vivas. Actos como este deben servirle al país para la reflexión, el pensamiento y la introspección”, dijo.
También el presidente del Consejo de Estado, el magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, se pronunció durante el acto. Señaló al M-19, indultado en 1989, por la responsabilidad en la toma violenta y su deuda con la verdad. Pero también recalcó que la fuerza del Estado fue desmedida a la hora de la retoma y acabó con las vidas de “las mentes más preclaras de la justicia colombiana y de un centenar de personas”. Y concluyó: “La justicia ha actuado, pero aún quedan capítulos por responder”.
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Las víctimas se toman la plaza
Luego del acto protocolario de la Rama Judicial, que concluyó con una misa en la Catedral Primada de Colombia, los familiares de las personas asesinadas y desaparecidas en el Palacio de Justicia se tomaron la Plaza de Bolívar. La explanada que une a las tres ramas del poder público en Colombia y cuyas sedes se encuentran a solo unos pasos —el Palacio de Justicia, el Congreso de la República y la Casa de Nariño— fue el escenario de los actos simbólicos y las demandas de las víctimas.
Sobre las 3:00 de la tarde, misma hora a la que terminó la retoma militar, el 7 de noviembre de 1985, las víctimas citaron a un acto simbólico por la memoria de sus seres queridos. Una fila de 19 sillas ubicadas en el costado occidental de la plaza servían de caballete para las fotos de 18 de las personas que perecieron en el Palacio. La silla número 19 fue reservada para un retrato en especial: el de Eduardo Umaña Mendoza, el primer jurista que buscó esclarecer lo sucedido y acompañó a las víctimas, pero que fue asesinado en 1998.
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Una de las personas que tomó la palabra fue Sandra Beltrán, hermana de Bernardo Beltrán, cuyo cuerpo estuvo desaparecido durante más de 30 años y fue hallado en 2017 en la tumba del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry. Otra víctima no solo del holocausto, sino también los graves errores y negligencias de las instituciones, que no adelantaron correctamente la identificación de los cadáveres, y del Ejército que ordenó, después del holocausto, lavar el Palacio de Justicia para intentar borrar las huellas de la infamia.
“Estamos a unos pasos de la Casa del Florero, a donde fueron conducidos nuestros familiares retenidos, torturados, para posteriormente asesinarlos y desaparecerlos. Estamos a unas cuadras de la Casa de Nariño, donde han pasado diez gobiernos, 40 años, cuatro generaciones en completa impunidad”, dijo Sandra Beltrán. A renglón seguido, detalló parte de lo que las investigaciones, especialmente de la justicia internacional, han logrado establecer sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el holocausto.
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“A esa casa fueron subidos nuestros familiares tratados como ‘especiales’, de acuerdo a los testimonios que aparecen en la sentencia en donde Alfonso Plazas Vega los separaba. De allí fueron conducidos al Cantón Norte, tratados de una manera cruel, indignante, torturados, negados”, denunció. Y concluyó: “Por eso decimos que por nuestros desaparecidos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha y resistencia. El amor y la persistencia de nuestros padres y el legado de dignidad permanecen con nosotros hoy, después de cuarenta años”.
Su voz se unió a las de las otras personas que, al unísono, en el centro administrativo del poder colombiano, le recordaron al Estado que, aunque hayan pasado 40 años, la memoria y las demandas de justicia, verdad y reparación no tienen fecha de caducidad. Su recuerdo permanece vivo en el pecho de cada uno de los buscadores de quienes el 6 de noviembre de 1985 salieron de casa y no regresaron: “Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. ¿Dónde están los desaparecidos del Palacio de Justicia? ¡Que el Estado responda!”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
Por Paulina Mesa Loaiza
