En la tarde del lunes 6 de octubre, el Juzgado Tercero Penal de Medellín ordenó investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y a su hermano, Santiago Uribe Vélez, por su presunta responsabilidad en los asesinatos de dos defensores de derechos humanos perpetrados en los años 90.
Se trata de los casos de Jesús María Valle Jaramillo, asesinado el 27 de febrero de 1998, y el de Eduardo Umaña Mendoza, homicidio perpetrado el 18 de abril de ese mismo año. La decisión se dio en medio de una condena en contra de José Miguel Narváez, subdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por su responsabilidad en el secuestro de la fallecida senadora Piedad Córdoba.
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En los años 90, el abogado Jesús María Valle Jaramillo era el presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. El 27 de febrero de 1998 dos sicarios fueron hasta su oficina en Medellín, donde justo ese día un campesino de Ituango lo esperaba para contarle detalles de lo que había pasado meses antes en la masacre del corregimiento de El Aro.
Según Valle, esas masacres fueron perpetradas en colaboración u omisión de militares de la Cuarta Brigada del Ejército. “No me mueven odios contra el gobernador (Álvaro Uribe Vélez) o el comandante de la brigada. No tengo intereses políticos. Lo hago porque ese es mi pueblo y no quiero que siga sufriendo”, señaló en 1997, durante una entrevista.
A mediados de ese año, cuando ya se habían perpetrado las masacres de La Granja y la de San Roque, en 1996, Valle Jaramillo siguió con las denuncias durante un acto de conmemoración de los 10 años del asesinato de Héctor Abad Gómez, también presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia.
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El 25 de agosto de 1997, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, el defensor de derechos humanos dijo: “Yo considero que el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, ha incurrido en un comportamiento omisivo, y lo mismo el secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno”. Semanas después radicó las denuncias ante la Fiscalía y la Corte Suprema para que se abrieran investigaciones por prevaricato por omisión.
Esas denuncias fueron retomadas en 2017, cuando el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para que, por esas masacres, fuera investigado el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez. Esta última decisión, liderada por el magistrado Rubén Darío Pinilla, también se refiere al proceso que cursaba en la Fiscalía por presunta conformación de grupos paramilitares, un expediente que intentó torcer el expresidente, según el fallo de primera instancia conocido el 28 de julio de este año.
El caso de Valle Jaramillo y el de las masacres fueron declarados de lesa humanidad en 2018 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Uribe Vélez siempre ha dicho que no tiene absolutamente nada que ver y ha pedido celeridad en las investigaciones.
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El otro expediente por el que ahora la jueza tercera penal de Medellín ordenó compulsar copias en contra de los hermanos Uribe Vélez es el del asesinato del también abogado y defensor de derechos humanos, Eduardo Umaña Mendoza. El hecho ocurrió el 18 de abril de 1998, en el barrio Nicolás de Federmán de Bogotá. Una mujer y dos hombres de la banda criminal La Terraza, que se hicieron pasar por periodistas, entraron a su oficina, ataron a la asistente del abogado y a él lo asesinaron con arma de fuego.
Umaña Mendoza era un defensor de derechos humanos, a quien no le tembló la voz para denunciar la infiltración del paramilitarismo en el Ejército y en el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), derrumbado en 2011, tras los constantes escándalos por interceptaciones ilegales a periodistas, magistrados y opositores del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Durante su carrera como abogado, Umaña Mendoza fundó distintas organizaciones no gubernamentales, entre los años 70 y los 90, por lo cual, denuncia su familia, fue objeto de seguimiento de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Militares.
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El 16 de febrero de 1998, puso en conocimiento de las autoridades los riesgos contra su vida. Había recibido llamadas con amenazas y hostigamientos. El abogado llevaba casos de personas con pocos recursos que llegaban a su oficina buscando justicia por ser, principalmente, víctimas de violencia estatal. Estuvo al frente, por ejemplo, de las investigaciones relacionadas con los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia (luego de los hechos ocurridos entre el 6 y 7 de noviembre de 1985) y ayudó al exilio de varios sobrevivientes de la Unión Patriótica (UP).
Su asesinato, declarado en 2016 como crimen de lesa humanidad, ocurrió dos meses después del de Jesús María Valle y casi un año más tarde del de Elsa Alvarado y Mario Calderón, investigadores de la Fundación Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), en Bogotá. El 21 de abril de 1998, durante el sepelio de Umaña Mendoza, su padre, Eduardo Umaña Luna, dijo: “La muerte de José Eduardo Umaña Mendoza es culpa mía, y exclusivamente mía, porque desde muy niño oyó palabras de combate contra la justicia social”.
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Los testimonios que involucran a Álvaro y Santiago Uribe Vélez
E fallo en el que la jueza tercera penal de Medellín ordenó compulsar copias en contra de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez está relacionado con la condena a José Miguel Narváez, exdirector del extinto DAS, por su responsabilidad en el secuestro en 1999 de la entonces senadora Piedad Córdoba. Pero el documento contiene una declaración de Francisco Enrique Villalba Hernández, un exparamilitar que el 7 de julio de 2008 habló ante la justicia y salpicó al expresidente, por presuntos nexos con las AUC.
En esa declaración, a Villalba Hernández le preguntan por una reunión que hubo en 1997 en la finca La Marranera, de Yumbo (Valle del Cauca), en la que “se habla de atentar contra miembros de derechos humanos, entre ellos Jaime Garzón”. Lo indagaron por quiénes estuvieron en esa reunión y si se habrían planeado allí los crímenes cometidos en su contra.
“Ahí estaba de las autodefensas Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, Mono Leche, Junior y mi persona, con 22 hombres que yo tenía al mando”, dijo Villalba Hernández. Agregó que también había militares, entre ellos una persona denominada como el “general Ospina, que era de la Cuarta Brigada”. Pese a que su nombre completo no aparece en las 82 páginas que tiene el documento, él es la tercera persona contra la cual la jueza tercera penal de Medellín ordenó compulsar copias e investigarlo.
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Agregó que también estaban “un teniente, un mayor que no recuerdo el nombre. De policías estaba el mayor Parras Niño, el acompañante de él era el patrullero Acuña. Estaba José Serrano, comandante de la Policía de esa época, el gobernador para esa época, Álvaro Uribe Vélez y Santiago Uribe y unos agentes de policía de San José de la Montaña”.
A renglón seguido, explicó que en esa reunión se habló sobre las razones por las que serían asesinados Eduardo Umaña Mendoza, Jesús María Valle Jaramillo y Jaime Garzón. “Porque ellos estaban molestando sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban llevando entre paramilitares y militares como la Cuarta Brigada. La orden que dieron fue que esas personas tocaba callarlos para que no molestaran más”, dijo el exparamilitar.
Además, dijo en ese momento que intentó ser presionado para desviar lo que ya había relatado sobre las reuniones en las que se habrían fraguado los crímenes, declarados de lesa humanidad. “He recibido unos escritos para que me retracte de lo que he dicho, yo tengo las cartas. Era para que firmara y pusiera la huella, pero yo nunca quise. Yo tengo esas cartas, me las llevó otro interno de La Modelo, era el marido de la Monita Retrecehera (Elizabeth Montoya de Sarria). Yo estoy en capacidad de entregar los escritos”, dijo.
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Luego, cuando fue indagado sobre una supuesta lista en la que estaban personas que iban a ser asesinadas por los paramilitares en 1997, confirmó que había sido “suministrada por el señor Carlos Castaño (...), estaba encabezada por José María Valle, estaba el doctor Umaña y Jaime Garzón, unos funcionarios de la Fiscalía entre los que estaba Amparo Cerón (...), estaban unos del CTI que estaban investigando sobre la masacre de El Aro y que fueron asesinados en 1999″.
El nombre de los hermanos Uribe Vélez apareció una vez más en su relato, con relación a la lista de personas que serían asesinadas. “Era un solo papel, estaba escrito en computador, estaba bien redactada, la tenía Carlos Castaño y se la pasó a Santiago Uribe. Empezaron a decir que esas personas tenían que ser calladas como fuera”. Después de eso, “empezaron a contratar”, y los crímenes comenzaron a ocupar los titulares de la prensa.
Sobre el encuentro de 1997 en la finca Las Marraneras, dijo también que se hizo para hablar sobre el trabajo de veeduría que los juristas y defensores de derechos humanos estaban adelantando. “La reunión se hizo porque había mucha presión del doctor Valle, del doctor Umaña y de Jaime Garzón, que estaban unidos denunciando la masacre de El Aro. Yo le avisé al doctor Valle y al doctor Umaña que los iban a asesinar, que no se movieran”, narró el expara.
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A renglón seguido, Villalba Hernán incriminó en su relato al expresidente, al relacionarlo con las AUC. “El que dio más bomba para asesinar a esas personas fueron los hermanos Uribe, Carlos Castaño y mi general Ospina, ellos fueron los que dieron más bomba. La referencia que hizo Álvaro Uribe es que a esas personas tocaba callarlas antes de que eso se adelantara más, que se nos va a venir la Corte Interamericana encima sobre la vaina de derechos humanos, esa era la preocupación que él tenía. La última palabra la dio Carlos Castaño, que era que se iba a cumplir”, narró.
En 1997 no hubo visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Colombia. Sin embargo, esa instancia internacional sí emitió ese año su informe número 5/97, el cual estuvo centrado en la persecución y genocidio de los militantes de la Unión Patriótica. Ese era justo uno de los casos de defensa de derechos humanos que estaba sobre los escritorios de los abogados Valle Jaramillo y Umaña Mendoza, y que más les preocupaba.
Como detalles extra de la reunión. Dijo que a los asistentes los acompañaron los policías de San José de la Montaña (Antioquia). “Fueron en un helicóptero azul, eso lo pueden verificar con los pobladores (...). No sé de quién eran los helicópteros”, narró. Y agregó: “Carlos Castaño llegó con Mancuso y el piloto, que era Angarita, a él lo mataron aquí en Medellín. Los militares llegaron en el helicóptero con Álvaro Uribe y Santiago y los policías; el mayor Parra Niño llegó vía terrestre”, concluyó.
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Más personas señaladas en el caso
Además de la orden para investigar a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, la jueza tercera penal de Medellín incluye en la decisión a una tercera persona cuyo nombre no se conoce y que quedó mencionada en la relación solo como el “general Ospina”. Es el mismo que en la declaración del exparamilitar Francisco Enrique Villalba Hernández aparece señalado como una de las personas que asistieron a reuniones en la finca Las Marraneras, de Yumbo (Valle del Cauca), donde se habrían fraguado los crímenes.
Pese a que en la decisión del caso de Piedad Córdoba no se menciona el nombre completo del “general Ospina”, esa compulsa de copias coincidiría con una petición de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, de febrero de 2009. En ese momento, compulsó copias de una declaración de Salvatore Mancuso en la cual relacionó a varios miembros de la fuerza pública con la masacre de El Aro. Entre ellos, el general (r) Carlos Alberto Ospina, que para entonces comandaba la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia.
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Por otro lado, El Espectador contó en agosto pasado que dos ganaderos de Antioquia, los hermanos Angulo Osorio, confesaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que funcionarios de la gobernación de Álvaro Uribe Vélez habrían colaborado con los paramilitares para perpetrar las masacres de Ituango en los años noventa.
Según la versión de los hermanos, un general de apellido Ospina (que luego fue comandante del Ejército) era “el más interesado” en que se creara la Convivir, un grupo de seguridad privada que terminó siendo fachada de los paramilitares en esa zona del departamento. “Nos reunimos con el general en la Cuarta Brigada, dijo que esperaba que diéramos buenos resultados”, aseguró ante la JEP Francisco Angulo, hoy preso en una cárcel colombiana.
En abril de 2009, Salvatore Mancuso, que había sido extraditado en mayo de 2008 a Estados Unidos, señaló ante la Fiscalía que la cúpula paramilitar ordenó el asesinato del defensor de derechos humanos, Eduardo Umaña. Sin embargo, el líder de las AUC, en esa declaración no mencionó al entonces presidente Uribe Vélez.
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La última movida de la justicia no solo pondrá a mover de nuevo los expedientes de los casos de Valle Jaramillo y Umaña Méndez, sino que se da al tiempo que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá avanza en el estudio de la apelación de Álvaro Uribe Vélez, a la condena expedida en su contra, el pasado 28 de julio, por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Esto, por liderar una red de manipulación de testigos que buscaba limpiar su nombre de presuntas relaciones con paramilitares.
Tras conocerse la decisión de la compulsa de copias emitida por la jueza tercera penal de Medellín, el exmandatario se pronunció. “Una compulsa miserable por una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”, señaló. Pese a su declaración, el caso está solo en manos de la justicia.
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