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En la mañana de este sábado, 24 de octubre, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos disciplinarios contra el exgobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, y varios integrantes de su gabinete. Los exfuncionarios no habrían adoptado oportunamente las medidas necesarias para gestionar los recursos destinados a financiar la educación indígena durante 2023.
La decisión de la Procuraduría también cobija a los exsecretarios de Educación, Pedro Fidel Hurtado Orejuela, y de Hacienda, Duyeyny Valencia Mosquera; a los entonces líderes Administrativo y Financiero, Jhon Jairo Mena Hurtado, y de la Oficina de Cobertura, Yilmar Elías Córdoba Perea.
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Asimismo, el Ministerio Público formuló pliego de cargos contra las profesionales del área Financiera y de Presupuesto, Hary Elizabeth Cardona Cañadas; de apoyo a la contratación, Neyfer Dealy Du Souza Córdoba Mosquera; y de gestión Administrativa, Kely Johana Echeverry Ríos, para la época de los hechos.
La Procuraduría detalló que, al parecer, la administración habría dejado vencer "los términos legales establecidos por el Ministerio de Educación Nacional para reportar para el aumento de cobertura de los alumnos indígenas en las plataformas oficiales y obtener así los recursos necesarios para financiar la demanda educativa".
El órgano de control señaló que, en consecuencia, el Gobierno Nacional no habría podido asignar los recursos complementarios requeridos para cubrir el faltante de más de COP 30.000 millones. Esto, presuntamente, habría generado un déficit presupuestal en el ente territorial.
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Adicionalmente, la situación habría generado graves alteraciones del orden público por parte de las comunidades afectadas. En ese sentido, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta de los investigados como falta gravísima a título de culpa gravísima.
El 13 de noviembre de 2025, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó al exgobernador del Chocó por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, tras evidenciar varias irregularidades en las que presuntamente habría incurrido el exmandatario.
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Según la Fiscalía General de la Nación, los hechos habrían ocurrido durante la celebración de un contrato el 26 de marzo de 2020, por un valor de COP 445 millones, cuyo objetivo era entregar 800 kits de ayuda humanitaria a la población víctima del conflicto armado, en el marco de la emergencia por el covid-19.
“El entonces mandatario departamental, con ocasión de la emergencia social y económica declarada por el Gobierno Nacional generada por la pandemia del Covid-19, habría suscrito el citado contrato en contravía de la normatividad vigente”, indicó el ente investigador.
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La Fiscalía también estableció que el contrato fue entregado a una comercializadora de alimentos perteneciente a una persona señalada de haber financiado con dinero la campaña electoral de Ariel Palacios Calderón a la Gobernación del Chocó.
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