Procuraduría investiga a 25 funcionarios por incumplir fallo sobre protección de niños wayuu

La declaración del procurador Eljach ocurrió en el marco de una sesión técnica que se adelanta en la ciudad de Riohacha (La Guajira), convocada por la Corte Constitucional. El alto tribunal citó a entidades del orden nacional y regional para ponerle la lupa al cumplimiento de las medidas urgentes que ordenó sobre acceso al agua, a la alimentación y a la salud en cuatro municipios.

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Durante su intervención, el jefe del Ministerio Público explicó que desde 2017, año en el que se declaró el estado de cosas inconstitucional por la vulneración de derechos fundamentales en Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia, la entidad ha abierto 125 causas o indagaciones disciplinarias relacionadas con incumplimientos de servidores públicos a las órdenes del alto tribunal.

"Ya nosotros tenemos abiertas 125 causas desde 2017, cuando empezó la sentencia, hasta el viernes pasado, cuando hicimos un corte actualizado", explicó el procurador Eljach. Detalló que, de esa cifra, 41 indagaciones llevaron a la apertura de investigaciones disciplinarias y otras 25 tienen vinculados a funcionarios que habrían incumplido con sus deberes como servidores públicos.

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Agregó que el objetivo de ponerle la lupa a los incumplimientos de las órdenes de la Corte por parte de los funcionarios está relacionado con los deberes de los funcionarios. "Eso va a seguir avanzando. Pero no es para meter miedo. Es para decir que aquí hay un Estado de derecho y unas instituciones que velan porque todos los servidores públicos cumplamos con nuestros compromisos".

Sobre los incumplimientos de las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de la Corte Constitucional para la protección de las comunidades de La Guajira, el procurador Eljach dijo que "es una vergüenza para el Estado". Como lo contó recientemente El Espectador, en su más reciente visita técnica, el alto tribunal encontró que no hay certeza ni de cuántos niños wayuu hay que proteger.

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"Esto lo que señala es que en los diferentes gobiernos no ha habido la suficiente voluntad de sacar adelante una orden de un organismo tan alto como la Corte Constitucional", dijo el jefe del Ministerio Público. Y agregó que el panorama hoy es distinto y las entidades e instituciones relacionadas con el cumplimiento de las órdenes del alto tribunal están listas para hacer lo propio.

En el caso de la Procuraduría, dijo el jefe del Ministerio Público, avanzarán en los procesos disciplinarios y las verificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las sentencias por parte de las instituciones a las que la Corte Constitucional, desde hace diez años y sin mayores resultados, les ha ordenado garantizar el acceso al agua, la alimentación y la salud de los menores de La Guajira. También se ordenó la creación de un grupo especial de trabajo que le hará seguimiento al cumplimiento de las órdenes del alto tribunal sobre La Guajira.

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También se refirió al caso puntual de una bebé recién nacida que falleció el pasado mes de septiembre en una comunidad de Uribia, luego de que la IPS se negara a ir hasta el sitio para atender a la madre que estaba en trabajo de parto. Dijo que "no debe pasar y habrá consecuencias" contra los funcionarios públicos que presuntamente omitieron su deber de atender esta emergencia de salud.

"Eso es muy doloroso y habla muy mal de los servicios de salud y de la alimentación. Hay mucha desnutrición y mucho descuido. Han pasado casi diez años (de la sentencia de la Corte) y las condiciones están casi iguales. Uno no entiende cómo las instituciones de todos los niveles le dan la espalda a una situación tan dramática", concluyó el procurador Eljach.

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