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Este jueves 2 de mayo, el proceso contra Francisco Javier Ricaurte, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, reabrió de nuevo en ese mismo alto tribunal, que él mismo presidió, y el cual estudia la sustentación de un recurso de casación que presentó el togado con el objetivo de tumbar la condena de 16 años de cárcel por el delito de cohecho por dar y ofrecer en el entramado de corrupción conocido como ‘Cartel de la Toga’. Durante la diligencia, la Procuraduría pidió mantener vigente la condena.
El Ministerio Público indicó que la sentencia impuesta, tanto en primera como en segunda instancia, está “debidamente sustentada”, principalmente en testimonios y pruebas valoradas en desarrollo del proceso penal. “Por lo tanto no hay motivos para que sea revocada”, puntualizó el órgano dirigido por Margarita Cabello.
El procurador segundo delegado para la casación penal, durante su intervención, aseguró que “se trata de concretar la justicia material que demandaba este caso, en aras de restablecer la mancillada imagen de la justicia ante el maniobrar delictivo en el que estuvieron involucradas distintas personas, entre ellas magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”.
La defensa del expresidente de esa alta corte busca probar que las declaraciones del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, durante ese proceso, no fueron investigadas correctamente y que esas pesquisas presentaron posibles irregularidades. “Nunca se desplegó ningún tipo de actividad investigativa con el fin de corroborar las manifestaciones de un testigo con profundos problemas de fiabilidad”, precisó la defensa de Ricaurte ante la Corte Suprema.
Francisco Ricaurte fue capturado el 20 de septiembre de 2019 y condenado por pertenecer a una organización que recibió dineros para beneficiar a terceros en procesos que estaban a cargo del magistrado Gustavo Malo Fernández, entre los que se encontraban excongresistas como Álvaro Ashton y Musa Besaile, así como el exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía.
El exmagistrado fue hallado responsable en primera instancia por el juez décimo penal del circuito de Bogotá, decisión que fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia. Fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y utilización indebida de información oficial privilegiada.
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