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6 Oct 2021 - 11:51 p. m.

Proteger la justicia transicional es un compromiso del poder público: altas cortes

En el marco del Bicentenario de la Constitución que se conmemora en Cúcuta, Norte de Santander, los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), coincidieron en que la paz es un derecho y para alcanzarla existe un sistema de justicia transicional que debe ser protegido por las ramas y órganos del poder público.
Bicentenario de la Constitución
Bicentenario de la Constitución
Foto: Corte Constitucional

Un llamado con “urgencia” para que se respete las reglas de juego del sistema democrático y de la vida en sociedad, hicieron los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Consejo Superior de la Judicatura, en el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución que se adelanta en Cúcuta, Norte de Santander. Los dignatarios refrendaron un pacto de independencia judicial que los rige desde hace varios años atrás.

El documento que fue firmado en la tarde de este miércoles, en Villa del Rosario, Norte de Santander, por los magistrados Antonio José Lizarazo, presidente de la Corte Constitucional; Luis Antonio Hernández, presidente de la Corte Suprema; Martha Velásquez, presidenta del Consejo de Estado; Julio Sampedro, presidente de la Comisión de Disciplina Judicial; Gloria López, presidenta del Consejo Superior y Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, tiene el compromiso de seguir adelantando labores tendientes a preservar la independencia y garantizar los derechos fundamentales de los colombianos.

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“Los jueces seguiremos honrando nuestro compromiso fundacional histórico, contribuyendo de esta manera a la consolidación de la democracia, al cumplimiento de la ley y al mantenimiento del sistema de frenos y contrapesos dentro del sistema político. Sin importar cuánto cambien las condiciones políticas y sociales, la justicia siempre debe mantenerse como un bastión contra la ilegalidad, los abusos de poder y la vulneración de los derechos fundamentales, entre otros”, dijeron en una declaración conjunta.

Los juristas coincidieron en que se debe seguir con la búsqueda de la paz porque este es uno de los fines de la Constitución que fue consagrado como uno de los derechos fundamentales de los colombianos. Estimaron que la violencia que persiste en territorio nacional y que impide la convivencia pacífica, de alguna forma, obstaculiza la vida democrática y obtener un Estado Social de Derecho.

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Los magistrados dejaron de presente que la justicia transicional juega un papel importante en el desarrollo de la paz, de ahí que el llamado sea a garantizar y proteger la independencia y el cumplimiento de las finalidades de esta. A su juicio, ese es un compromiso de las ramas y de los órganos del poder público en todos sus niveles.

“La eficacia de nuestra Constitución y, en particular, la efectividad del principio de justicia material depende del buen funcionamiento de los órganos de justicia. Lo que nos corresponde como jueces es seguir cumpliendo la misión que ella nos confía, que no es otra que la solución pacífica de los conflictos y la garantía de la dignidad humana mediante la protección de las libertades y derechos de todos los colombianos”, resaltaron en el documento.

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Por su parte, el magistrado Antonio José Lizarazo, oriundo de Cúcuta y quien ha liderado el Bicentenario de la Constitución en su pueblo natal aseguró que mantendrán el legado constitucional que poco a poco ha traído cambios positivos para los colombianos. Desde la organización de la República como Estado social de derecho, fundada en el respeto de la dignidad humana; un nuevo modelo de democracia participativa y pluralista; la consagración de una carta de derechos que se basa en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, y de la igualdad de todas las personas, incluidas las mujeres, sin discriminación alguna, hasta promover condiciones para que la igualdad sea real y efectiva en el territorio nacional.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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