“Tal vez 15 o 17 minutos habían transcurrido en el trayecto rumbo a Neiva (Huila), cuando aparecieron unos siete jóvenes armados que lograron impactar el vehículo muchas veces. Especialmente dispararon al lugar donde yo venía sentado, que era de copiloto. Ese lugar sufrió cuatro impactos, dos en la puerta lateral y dos en el parabrisas”.
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Así relató el representante a la Cámara, Julio César Triana, el atentado perpetrado en su contra, hace solo un día. Al rededor de la 5:30 de la tarde del 13 de agosto, el político y su equipo de trabajo salían del municipio de La Plata (Huila) rumbo a la capital del departamento. En un tramo de curvas, hombres con fusiles abrieron fuego contra el vehículo, el cual fue impactado por más de 10 disparos.
Triana, político de oposición perteneciente al Partido Cambio Radical, minutos después del ataque publicó en sus redes sociales un vídeo pidiendo ayuda a la fuerza pública. Temía por su seguridad y la de los otros cinco ocupantes del vehículo, en el que también viajaban dos agentes de la Policía y un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Con una de las llantas traseras agujerada por un disparo, Triana y su equipo avanzaron ocho kilómetros hasta la estación de Policía del municipio de Paicol (Huila). Mientras estaba resguardado en el lugar, a las siete de la noche, el congresista recibió una llamada del gobernador del departamento, Rodrigo Villalba, “dónde se me informó que iban a disponer de un helicóptero para que pudiera llegar a Neiva”.
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Viajó acompañado por el comandante de la Novena Brigada del Ejército, el coronel Henry Herrera. Ya en la capital del departamento, el político fue recibido por el gobernador Villalba. Luego, Triana se dirigió “al búnker de la Fiscalía para interponer la respectiva denuncia y hacer el relato de los hechos junto con los policías y el hombre de la UNP y la persona de mi Unidad de trabajo legislativo (UTL)”.
Mientras tanto, en zona rural de Paicol, el Ejército sostenía combates contra los presuntos autores del atentando, que serían las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco, según la información oficial. Los enfrentamientos fueron confirmados por el presidente Petro, quien, al tiempo, fue responsabilizado por Cambio Radical de cualquier atentado a la seguridad de sus integrantes.
“Pensar diferente no puede ser motivo para silenciar la voz ni la vida de los colombianos”, señaló el partido en un comunicado en el que rechazaba el ataque contra Triana. Además, desde ese movimiento enfatizaron que la violencia política ya cobró la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado que lo mantuvo durante dos meses en cuidados intensivos, hasta que falleció el pasado lunes 11 de agosto.
En medio de un acto de campaña, Uribe fue impactado por dos disparos en su cabeza y uno más en una pierna. Su magnicidio dejó ver el complejo panorama de seguridad en Colombia, de cara a las elecciones de 2026. Comicios en los que Triana, según había expresado públicamente, aspirará de nuevo la Cámara de Representantes.
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“La muerte de Miguel Uribe significa para el país la alerta máxima de que en Colombia pensar distinto, cuestionar ideas y ser oposición puede costar la vida, y eso no puede pasar”, advirtió Triana. Pese a que su candidatura ya encendía motores, en diálogo con este diario señaló que, tras el atentado, podría replanteárselo.
“Hoy lo revisaré con la familia, los amigos y las personas más cercanas, porque queremos tener las garantías. Como ser humano tengo miedo, temo por mi vida y quiero tener las garantías de poder participar en un proyecto político para reelegirme como congresista, en el que pueda llegar con vida al día de las elecciones”, dijo Triana. Agregó que el atentado del 13 de agosto puso su vida en riesgo por cuarta vez.
El congresista le explicó a El Espectador que el 24 de junio de 2024 hizo una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras recibir amenazas desde un número desconocido, vía WhatsApp. “Representante, usted y su interés en fortalecer la fuerza pública, representan un riesgo para la paz.
Usted enemigo como siempre de la causa social del país, es enemigo del campesinado y la organización. Lo declaramos objetivo militar, abandone el departamento del Huila o aténgase a las consecuencias”, decía el mensaje enviado a las 6:30 de la tarde del 25 de mayo de 2024. La CIDH terminó remitiendo el caso a la UNP, entidad que ya ha recibido tres solicitudes más de Triana.
La segunda solicitud, dirigida a la oficina de Augusto Rodríguez, director de la UNP, el 3 de marzo de 2025, se basaba en “la información de una persona que abandonó estos grupos (armados) y que le entregó información a las autoridades judiciales, donde advirtió que en una reunión de altos mandos en el departamento de Huila se había establecido que había que atentar contra mi vida”.
En la tercera solicitud, enviada el 9 de junio de 2025, Triana pidió el refuerzo de su esquema de seguridad debido a “que las disidencias, en un corregimiento del centro de Huila, reunieron la comunidad y dentro de las cosas que les dijeron, les advirtieron que estaba prohibido que yo hiciera presencia en esa zona”.
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Este 14 de agosto, tras el reciente atentando armado que ocurrió cuando salía de La Plata, una nueva solicitud fue radicada ante la UNP. “Yo tengo el esquema que tienen todos los congresistas, el tipo uno. Lo que he pedido, porque conocen la Fiscalía y la Policía las tres denuncias que he radicado, es que se fortalezca mi esquema por obvias razones” dijo Triana.
El político concluyó que su atentado “es la demostración de que estos grupos al margen de la ley no tienen ideología”. Ante este panorama señaló que solo una pregunta lo ronda: “¿Qué hará el Estado para devolvernos la tranquilidad? ¿Para devolvernos la posibilidad de ejercer democracia, sin temor, sin miedo? Eso es lo que esperamos nosotros”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Valentina Gutiérrez Restrepo
