Revive el caso Gómez Hurtado

El 2 de noviembre de 1995 fue asesinado en Bogotá el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado. / Archivo El Espectador.

Después de 22 años y seis meses de absoluta impunidad, la Fiscalía General de la Nación dio ayer un paso trascendental para tratar de esclarecer el homicidio de Álvaro Gómez Hurtado, perpetrado el 2 de noviembre de 1995. Tras la declaratoria del crimen como delito de lesa humanidad, el pasado diciembre de 2017, y como respuesta a la reactivación del expediente, el ente investigador vinculó formalmente a tres oficiales de la Policía que al parecer ayudaron a desviar la investigación hace dos décadas.

La citación a indagatoria por los delitos de favorecimiento y fraude procesal relacionados con acciones para entorpecer la labor de la justicia en 1995, compromete a los expolicías, Marcos William Duarte Valderrama, entonces Mayor y jefe de la División de Delitos contra la Vida de la Dirección de Policía Judicial (Dijin); Luis Guillermo Parra Niño, quien para la época oficiaba como comandante de la Sijin en Sincelejo (Sucre); y el exagente asignado a la misma ciudad, Amín Antonio Acuña Severiche.

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Según la Fiscalía, estos tres uniformados habrían incurrido en actuaciones arbitrarias, tales como capturas y judicialización de personas inocentes, lo mismo que utilización de falsos testigos para entorpecer las investigaciones. Dentro del expediente por el crimen de Gómez Hurtado, la conducta desplegada por los tres expolicías tiene que ver con el que fue rotulado como “el Grupo de Sincelejo”, es decir, la forma como incidieron para que dos semanas después del magnicidio, la justicia orientara equivocadamente sus pesquisas hacia esta ciudad.

En el expediente queda claro que el 18 de noviembre de 1995, dos semanas después del crimen de Gómez Hurtado, el mayor Marcos William Duarte fue la persona que remitió a la Fiscalía un oficio para manifestar que un tal Carlos Alberto Lugo Álvarez había acudido a las instalaciones de la Seccional de Policía Judicial de Sincelejo, para referir detalles del magnicidio ocurrido en Bogotá. En el mismo documento se lee que el contacto de Lugo para ofrecer su declaración fue el agente Amín Acuña Severiche.

Esa misma semana, el 20 de noviembre de 1995, el entonces mayor Luis Guillermo Parra Niño complementó la acción al remitir a la Fiscalía tres capturados –Héctor Paul Flórez Martínez, Manuel Mariano Montero Pérez y Flaminy de Jesús Tovar Bernal–, a quienes el testigo Lugo señaló de ser los autores materiales del asesinato. La Fiscalía le dio plena credibilidad al testigo, quien además aseguró que ellos le habían contado que el 2 de noviembre habían viajado de Sincelejo a Bogotá para consumar el magnicidio.

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En la práctica, la declaración juramentada de Lugo y la vinculación de Flórez, Montero y Tovar solo sirvieron para desviar la investigación del caso Gómez Hurtado, cuando se empezaba a recaudar las pruebas. En junio de 1996, ante un grupo de investigadores del CTI, Lugo reconoció que había mentido a la justicia para cobrar la recompensa que entonces ofreció el gobierno Samper. Sin embargo, hasta 2001, la Fiscalía mantuvo privados de la libertad a Montero y Tovar, mientras que Héctor Flórez fue condenado.

En junio de 2011, cuando a raíz de testimonios aportados por extraditados capos del narcotráfico, la Fiscalía empezó a evaluar la hipótesis de la participación del Cartel del Norte del Valle en el magnicidio, El Espectador localizó al testigo Carlos Alberto Lugo. Entonces le admitió a este diario que si bien fue incluido en el programa de protección de testigos de la Fiscalía, luego se retiró del caso, y fue cuando lo visitó el edecán del presidente Samper, el coronel Germán Osorio, para darle las pautas de cómo tenía que retractarse.

Lo cierto es que, como lo reveló el exsenador Enrique Gómez Hurtado, en su libro ¿Por qué lo mataron?, el montaje del Grupo Sincelejo hizo parte del consecutivo de errores judiciales desde el primer momento, tras la consumación del crimen. Por ejemplo, no quedó registro del personal de la Dijin que realizó la inspección judicial al sitio de los hechos. Tampoco existió debida diligencia para recoger las pruebas, ni se tomaron medidas para una adecuada cadena de custodia que protegiera las evidencias.

Enrique Gómez Hurtado, hermano del sacrificado Álvaro Gómez Hurtado, añadió en su propia investigación que la posición de las vainillas de las balas fue modificada en el lugar de los hechos, y que también hubo vacíos en la inspección judicial al automóvil donde fueron baleados Gómez y su escolta José Huertas Hastamorir. También se introdujeron armas y municiones que nada tenían que ver con el proceso. Con estos antecedentes, es entendible ahora que después llegaran los intentos por desviar la investigación judicial.

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En resumen, durante 15 años, la justicia solo dio bandazos en el caso Gómez, justamente por lo que hoy empieza a probarse que: desde el comienzo hubo manos que ayudaron a entorpecer la pesquisa o a desviar la investigación. Primero el Grupo de Sincelejo. Después el Grupo de Bogotá, encaminado a relacionar el caso con los autores del atentado al abogado Antonio Cancino, ocurrido en septiembre de 1995. Y finalmente, la vinculación de la Brigada XX de Inteligencia Militar y el grupo de informantes llamado “Cazadores”.

En desarrollo de la hipótesis de que un grupo de militares asesinó a Gómez Hurtado porque supuestamente se enteró de un plan golpista para derrocar al presidente Ernesto Samper, inmerso en el escándalo de la narcofinanciación de su campaña política en 1994, alcanzaron a ser procesados el coronel Bernardo Ruiz Silva y tres exmilitares más. Sin embargo, este capítulo judicial también se desmoronó en medio de falsos testigos y débiles pruebas. Los militares fueron absueltos y el caso siguió en la impunidad.

La historia del caso Gómez Hurtado empezó a cambiar en agosto de 2008, cuando el jefe paramilitar José Ever Veloza, alias H.H, declaró en Justicia y Paz que la orden para asesinar a Gómez realmente la había dado el máximo jefe del Cartel del Norte del Valle, Orlando Henao, conocido como “el hombre del overol”. Dos años después, desde una cárcel en Washington, el capo Luis Hernando Gómez, alias Rasguño, ratificó que Henao había ordenado el crimen y que la ejecución fue obra del coronel de la Policía Danilo González.

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Este último fue un oficial estratégico en la lucha contra Pablo Escobar, e incluso se supo que trabajó activamente con el grupo de los Perseguidos por Pablo Escobar “Pepes”, que contribuyó desde la ilegalidad a la caída del capo. Sin embargo, sus principales vínculos fueron con el Cartel del Norte del Valle. En una declaración, Juan Carlos Montoya, hermano del extraditado capo Diego León Montoya, manifestó que Danilo González era quien permitía que Orlando Henao desafiara hasta a los Rodríguez Orejuela.

Hoy la justicia admite que el Cartel del Norte del Valle fue quien asesinó a Gómez y, según los testimonios de los propios capos que siguen presos en Estados Unidos, la razón del crimen fue la creencia de Orlando Henao y su círculo de que el dirigente conservador iba a ser parte del Gobierno tras el derrocamiento de Samper, y los narcotraficantes iban a ser extraditados a Estados Unidos. Por eso, se configuró la conjura, en la que, así como el coronel Danilo González fue determinante, también estuvo el abogado José Ignacio Londoño Zabala.

Por lo pronto, ayer la Fiscalía, aunque 22 años y seis meses después, dio el primer paso para orientar adecuadamente el expediente y detectar los errores propios e inducidos desde que empezó. Con algunas dificultades: por ejemplo, el coronel Danilo González, quien realmente llegó a ser la sombra de los capos Orlando Henao y Wilber Varela, alias “Jabón”, en el Cartel del Norte del Valle, fue asesinado el 25 de marzo de 2004, en Bogotá. El abogado José Ignacio Londoño corrió la misma suerte en julio de 2015, en Cartago (Valle).

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Si el coronel Danilo González fue el gestor del magnicidio y personal de su círculo ayudó a desviar la investigación desde el mismo momento del crimen, o si los expolicías Marcos William Duarte, Luis Guillermo Parra y Amín Antonio Acuña aportaron la falsa hipótesis del Grupo Sincelejo, todo está por verificarse. Lo que continua en la oscuridad es quiénes fueron otros instigadores, entre ellos políticos, para perpetrar el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, cuya investigación, por fortuna para su familia, ya no va a prescribir.