Desde hace más de tres meses, Gladys Aguilar Ramírez, de 76 años, enfrenta los problemas más asfixiantes de su vida. Por prescripción médica, necesita dos litros de oxígeno por minuto para no morir. Sin embargo, mantenerse con vida disparó el consumo de energía eléctrica de su hogar, pues el concentrador que utiliza elevó la factura de la luz de un promedio mensual de COP 220.000 a casi un millón de pesos, y aumentando. Un costo imposible de asumir para ella, su esposo Vitelio Vargas Peña, y su hijo, Diego Alejandro Vargas Aguilar, quienes se sostienen con una fábrica de panes al interior de su vivienda en Pitalito (Huila). El caso fue llevado a la justicia a través de una tutela que ordenó a la EPS Sanitas costear el tratamiento médico, al concluir que la entidad vulneró el derecho a la salud de la familia al no tener en cuenta su situación socioeconómica.
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Gladys Aguilar estuvo hospitalizada entre el 3 y el 12 de julio de 2025 en el Hospital San Antonio de Pitalito. Según su hijo, antes del ingreso su estado ya era delicado: “Dormía mucho durante el día, y luego supimos que eso era un síntoma de hipoxia, que es cuando uno se va quedando sin oxígeno. Suelen decir que es una muerte sin dolor”. Durante su estancia en el centro médico comenzó el uso de oxígeno permanente, y el internista a cargo advirtió que solo podría ser dada de alta si contaba en su vivienda con los equipos necesarios para continuar el tratamiento. Con autorización de la EPS Sanitas, el concentrador de oxígeno fue suministrado por la empresa Gaxo, con el objetivo de garantizar la continuidad de la oxigenoterapia.
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Sin embargo, la situación familiar se complicó cuando el uso continuo del concentrador de oxígeno disparó el valor de la factura de energía. Antes de iniciar el tratamiento vital, la familia pagaba alrededor de COP 220.000 mensuales por el servicio. Para agosto, la empresa Electrohuila les facturó COP 547.210, una cifra imposible de asumir para su economía, debido a que, según relató el hijo de Gladys Aguilar, la fábrica de panes no les permite cubrir un aumento de esa magnitud.
Ante la difícil situación económica, la familia Vargas Aguilar presentó una solicitud a la EPS Sanitas el pasado 20 de agosto, en la que pidió el cubrimiento de los sobrecostos generados por el consumo del concentrador de oxígeno. Sin embargo, la respuesta de la entidad fue negativa. En ese momento, Sanitas argumentó que el servicio de energía no constituye una prestación de salud y que su obligación se limita a la entrega de medicamentos, procedimientos y tecnologías médicas, sin incluir la financiación de servicios públicos como la electricidad. Pese a ello, Diego Vargas intentó por todos los medios garantizar la continuidad del tratamiento de su madre y, el 9 de septiembre, elevó una consulta ante la Superintendencia Nacional de Salud.
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En la solicitud presentada ante la Supersalud, la familia de Gladys Aguilar pidió que se ordenara a la EPS Sanitas evaluar el impacto económico que el uso permanente del concentrador de oxígeno generaba en el hogar. Para entonces, ya había llegado una segunda factura y, al no haber pagado el recibo de agosto, Electrohuila les cobró COP 993.590. Desesperados por las advertencias de la empresa sobre el posible corte del servicio, vital para la supervivencia de la paciente, radicaron una petición a la compañía eléctrica, solicitando suspender la interrupción y que les dieran a conocer las políticas y criterios aplicables a usuarios que requieren el suministro eléctrico de oxígeno de forma continua.
La respuesta de Electrohuila, al igual que la de la EPS Sanitas, fue negativa. Con la deuda en aumento y el riesgo de quedarse sin el suministro de oxígeno, la familia interpuso una acción de tutela el 3 de octubre de 2025 ante el juzgado único laboral del circuito de Pitalito. Con ella buscaban la protección inmediata de sus derechos a la salud, a la vida digna y al mínimo vital. La tutela fue admitida el 6 de octubre, y ese mismo día la empresa de energía realizó una visita domiciliaria, en la que constató la existencia de dos concentradores de oxígeno para adulto mayor de 300 vatios de potencia cada uno. Ante la evidencia de la necesidad médica de la mujer, Electrohuila mantuvo el servicio eléctrico.
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El pasado 21 de octubre, el juzgado falló a favor de la familia Aguilar Vargas, amparando sus derechos fundamentales a la salud, la vida digna y el mínimo vital. La decisión ordenó a la EPS Sanitas, que en un plazo de 15 días, valorar los costos del suministro de oxígeno y determinar si es más viable continuar con el concentrador eléctrico, con el cual deberán costear los gastos de energía que este genere, o suministrarle pipetas, garantizando en todo caso la continuidad del tratamiento. El fallo también ordena a Electrohuila coordinarse con la EPS para asegurar que no se interrumpa el servicio del cual depende la vida de la señora Gladys Aguilar.
El juzgado concluyó que Sanitas impuso una barrera económica que afectó el acceso de Gladys Aguilar a la salud, al no tener en cuenta la situación socioeconómica de su familia. Asimismo, según el fallo, la entidad no valoró el hecho de que el uso del concentrador eléctrico incrementaría de manera considerable el consumo de energía y, con ello, las facturas que la paciente no podía pagar, desconociendo el principio de solidaridad y el derecho fundamental a la salud. Además, señaló que, cuando exista una orden médica para suministrar oxígeno, las EPS deben garantizarlo, ya sea con pipetas o concentradores, sin que el costo recaiga sobre el paciente.
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Hasta ahora, Diego Vargas asegura no haber recibido pronunciamiento alguno por parte de las entidades, salvo de la Supersalud, que pidió a la EPS Sanitas reembolsar el dinero que el afiliado haya pagado por su cuenta. El Espectador se comunicó con EPS Sanitas, que afirmó: “En relación con las sentencias judiciales, acataremos, como siempre lo hemos hecho, las decisiones de los jueces”. La familia Vargas Aguilar se mantiene a la espera, pero asegura que, en caso de que no llegue la solución por parte de las entidades en el tiempo ordenado, llegará hasta las últimas consecuencias e intentará que el caso llegue a la Corte Constitucional, todo con el propósito de proteger la vida de Gladys Aguilar.
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Por Ana Sofía Montes Peláez
