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Luego de una solicitud presentada por la Fiscalía General de la Nación, la jueza Novena Laboral del Circuito de Barranquilla, Amalia Rondón Bohórquez, levantó la medida cautelar con la que ella misma había suspendido el concurso para el ingreso de 4.000 nuevos funcionarios a la entidad. La prueba ya había sido programada para el próximo 24 de agosto.
La suspensión inicial había sido ordenada por la misma jueza, tras una tutela interpuesta por un hombre identificado como Nelson Uribe Martínez. El demandante buscaba ser admitido al examen a pesar de no haber superado el filtro previo.
El ente investigador pidió que se tumbara la medida cautelar por tres razones principales: no hacía parte de las pretenciones del tutelante, afectaría a más de 98.000 personas en todo el país y podría llevar a un millonario detrimento patrimonial.
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La jueza argumentó que la Fiscalía aportó “elementos de juicio de gran calado que deben ser sopesados, entre ellos la alternativa de permitir el examen del accionante en igualdad de condiciones que los demás participantes, con miras a evitarse el perjuicio irremediable”. Sin embargo, la validez de este resultado quedaría sujeta a la decisión definitiva de la tutela.
Según Alejandro Giraldo, director ejecutivo de la Fiscalía, la suspensión inicial habría causado que el Estado perdiera entre cinco y siete mil millones de pesos invertidos en el proceso por concepto de impresión de cuestionarios, transporte, logística y contratación de personal. Además, se hubiera perdido el dinero que más de 98.000 aspirantes habían invertido en su preparación y viáticos para llegar hasta los 120 puntos en los que, tras la decisión, sigue en firme la aplicación de la prueba.
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La Fiscalía aseguró que, al levantar la medida, se evitó que la tutela “generara efectos desproporcionados que afectaban a los miles de aspirantes”, se preservó la validez de la prueba y se previnieron perjuicios económicos y logísticos para el Estado.
Cabe resaltar que la jueza Rondón Bohórquez también estaba participando en el mismo concurso y, en lugar de declararse impedida para resolver el recurso, ordenó la suspensión. Sin embargo, la togada habría sido inadmitida previamente para la presentación de la prueba escrita, por no cumplir con los requisitos. Finalmente, la Fiscalía informó que pondrá el caso de la togada en conocimiento de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico para que proceda según sus competencias y determine si hubo faltas o no por parte de la funcionaria.
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