Siete años tardó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada tras el Acuerdo de 2016, en presentarle al país sus dos primeras sentencias de tipo restaurativo. En ellas sancionó a máximos responsables de la antigua guerrilla de las Farc y del Ejército que cometieron graves crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco del conflicto armado interno.
Lo hizo el pasado mes de septiembre, cuando los magistrados de la Sección de Reconocimiento de la justicia transicional publicaron dos fallos que suman 1.247 páginas. Allí dejaron constancia para la historia judicial del país de la responsabilidad de siete exjefes guerrilleros y 12 militares en retiro, en más de 21.000 secuestros y 135 ejecuciones extrajudiciales.
Las dos primeras sanciones, que llegaron en medio de la incertidumbre financiera para su cumplimiento, están relacionadas con los casos 01 y 03. El primero investiga las tomas de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por la antigua guerrilla de las Farc, puntualmente por su último secretariado.
El segundo caso aborda los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate por agentes del Estado, de manera específica por parte de exmilitares del Batallón La Popa, en Valledupar (Cesar). Tras años de búsqueda de verdad, justicia y reparación, ambas decisiones les dieron la razón a las víctimas, que han estado en el centro de la guerra y de la paz en Colombia.
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El drama del secuestro
“Todo esto lo hago porque es mi hijo y quiero darle cristiana sepultura antes de morirme”. Esta es la razón que mantiene en pie a Gilma del Carmen Cárdenas, quien ha buscado a su hijo, John Alexander Contreras, por más de 23 años. El 17 de agosto de 2002, en Yondó (Antioquia), las Farc secuestraron al joven, señalándolo de ser un colaborador de los paramilitares.
Cuando su familia fue a hablar con el jefe guerrillero que lo tenía, de quien nunca supieron el nombre, este les dijo que estaría bajo investigación durante cinco años y que, si en ese tiempo no regresaba, no lo esperaran más. Así, cinco años se convirtieron en diez, luego en 20, y la esperanza de encontrarlo con vida acabó el pasado 19 de noviembre.
Ese día, en un encuentro privado con exmandos del antiguo Bloque Magdalena Medio de las Farc, exguerrilleros aceptaron ante Gilma Cárdenas que su hijo había sido asesinado. Ahora, la búsqueda es por el lugar donde quedaron sus restos. Por el caso de su hijo, la mujer fue acreditada en 2020 por la JEP dentro del caso 01. Sin embargo, esta no es la única pérdida que el conflicto ha dejado en sus 59 años de vida.
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En 1989 su esposo fue desaparecido por el grupo Muerte a Secuestradores (MAS). A los dos años del secuestro de John Alexander, José Andrés, su segundo hijo, fue asesinado por paramilitares y, tras denunciarlo a las autoridades, en 2004 tuvo que desplazarse hasta Bogotá por amenazas de muerte.
Para Gilma Cárdenas, la sentencia contra el Secretariado de las Farc por su política de secuestro, emitida el pasado 16 de septiembre, no resulta suficiente para el daño que le causaron. “Sabíamos que ellos no pagarían cárcel, pero una incertidumbre de 23 años, el calvario, el daño emocional y psicológico no se repara con que a ellos les pongan a hacer trabajos como arreglar vías.
Antes son peores los trabajos que nos tocan a nosotros para poder buscar la comida y sobrevivir como personas adultas mayores. Ellos (el Secretariado) sí tienen el privilegio de vivir bien y nosotros, las víctimas, estamos esperando todavía una indemnización por parte del Gobierno”, expresó.
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Los asesinatos de La Popa
En la madrugada del 9 de febrero de 2005, Nohemí Esther Pacheco Zabatá fue sacada a la fuerza de su vivienda, ubicada en la vereda El Pontón, en el corregimiento de Atánquez; una población de cerca de 6.000 habitantes, en jurisdicción de Valledupar (Cesar). Tenía solo 13 años, estaba en embarazo y era indígena del pueblo wiwa.
Estaba junto a Hermes Enrique Carrillo Arias, un joven indígena kankuamo, de 23 años, que también fue retenido ilegalmente, en el mismo hecho, por militares del Batallón de Artillería La Popa. Ambos fueron asesinados por los uniformados y presentados como guerrilleros muertos en combate, en el marco de los mal llamados falsos positivos.
El expediente de Nohemí Esther Pacheco Zabatá llegó a la JEP dentro del caso 03 y se convirtió en uno de los más representativos para la justicia transicional. En febrero de este año, meses antes de que los exmilitares de La Popa fueran sancionados por su asesinato, 11 de ellos aceptaron haber sido los responsables del crimen.
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“Habían sido desplazados de sus comunidades de origen a causa de los señalamientos y amenazas de los grupos guerrilleros que hacían presencia en el territorio”, detalló la sentencia de la JEP sobre el caso de la menor y de su compañero, Hermes Enrique Carrillo Arias. Huyendo de la guerrilla, fueron asesinados por las balas de agentes del Estado que los debían proteger.
Tras la sentencia de la JEP, el 15 de noviembre de 2025, el Ministerio de Defensa y el Ejército reconocieron públicamente su responsabilidad en los casos de falsos positivos en Cesar y La Guajira. Durante el acto, María Faustina Martínez Zabatá, hermana de la menor asesinada, pidió justicia en su caso. “Les pido que limpien el buen nombre de mi hermana. No era guerrillera, que eso quede muy claro”, expresó.
Pedro Loperena, vocero de las víctimas del pueblo wiwa, le dijo a este diario que casos como este dejan ver la barbarie con la que actuó el Estado en la región. Pero ahora el reto será que las sentencias se cumplan, pues los proyectos restaurativos hasta ahora “son como La casa en el aire, de Rafael Escalona”, dijo el vocero indígena.
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Por Gustavo Montes Arias
Por Valentina Gutiérrez Restrepo
