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Ordenar que se presente el escrito de acusación en contra de Álvaro Uribe Vélez. Ese es el pedido que las presuntas víctimas del caso le hicieron formalmente al fiscal general Francisco Barbosa. La solicitud llega días después de que se conociera que la jueza del caso negó la solicitud de preclusión y sostiene, cómo habían anticipado las víctimas en una rueda de prensa, que la Fiscalía no tendría otra alternativa.
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En un oficio de tres páginas conocido por El Espectador, las víctimas le solicitaron a Barbosa que ordene llamar a juicio al expresidente Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La misiva la firmaron el senador Iván Cepeda, su abogado, Reinaldo Villalba; el exfiscal Eduardo Montealegre, el ex vicefiscal Jorge Perdomo, así como la exesposa del testigo Juan Guillermo Monsalve, Deyanira Gómez; y su abogado, Miguel Ángel del Río.
A juicio de todas las presuntas víctimas, a la Fiscalía ya se le vencieron los términos para presentar el escrito de acusación. Esta afirmación fue aceptada ya por el propio ente investigador, que en la noche del 2 de mayo anunció que cambiaba al fiscal del caso, Gabriel Jaimes, por esa razón: con los términos vencidos, no puede actuar en el proceso.
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Las alegadas víctimas, que han venido siendo reconocidas en distintas instancias, le pidieron además a Barbosa que les informe de manera anticipada cuando se vaya a presentar el escrito de acusación. En su misiva se ofrecieron a enviarle a la Fiscalía sus argumentos jurídicos, así como las evidencias que consideran claves para llevar al expresidente Álvaro Uribe a juicio por presunta manipulación de testigos.
Sin embargo, en el comunicado que la Fiscalía anunció el cambio del fiscal del caso, dejó entrever que la decisión de la Fiscalía sería continuar investigando. En concreto, porque sustentaron el cambio de fiscal en que, con los términos vencidos, Jaimes no puede “emprender los actos de investigación sugeridos por la juez 28 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, al momento de negar la solicitud de (preclusión)”.
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La jueza 28 penal de conocimiento de Bogotá encontró vacíos y criticó fuertemente la labor investigativa de la Fiscalía. En parte, porque el fiscal Jaimes omitió analizar pruebas con las que Corte Suprema de Justicia había encontrado méritos para ordenar la detención domiciliaria de Uribe. Según la investigación de la Sala de Instrucción, varias personas cercanas al expresidente habrían ofrecido dádivas para torcer a testigos que han señalado supuestos vínculos del expresidente con la conformación de grupos paramilitares. Por ejemplo, Juan Guillermo Monsalve, quien ha dicho que Uribe tuvo un rol en la creación del Bloque Metro.
La jueza reconoció que “se está ante dos auténticas teorías del caso”, pues las víctimas del caso (Cepeda, Montealegre, Perdomo y Deyanira Gómez) pidieron reconocer todo lo que había encontrado la Sala de Instrucción. Mientras que, del otro lado, la Fiscalía, Procuraduría y defensa de Uribe ratificaban su inocencia. En cada una de las interpretaciones, “se valoró prácticamente los mismos elementos materiales probatorios disponibles en el expediente, y aún así, las partes e intervinientes llegaron a conclusiones diametralmente opuestas”, añadió la jueza.
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