Violencia en Valle del Cauca reactiva crisis y reclamos al Gobierno

Dos hechos de violencia sembraron el horror el último fin de semana en Valle del Cauca. El cuerpo sin vida de un comerciante que había sido reportado como desaparecido desde diciembre pasado fue hallado en Tulu en la noche del pasado 14 de febrero. Casi al tiempo, en el municipio de Versalles, un ataque por parte de hombres armados dejó como víctimas a un hombre y a una niña de tan solo siete años. Las autoridades no descartan la participación de grupos al margen de la ley, entre ellos el frente 57 de las disidencias de las Farc. Aunque desde 2019 la Defensoría del Pueblo ha emitido 12 alertas tempranas sobre municipios de ese departamento y que la situación de orden público el año pasado fue especialmente crítica, las autoridades regionales dicen que “no hay determinación” de parte del Gobierno para atender la situación.

El primer hecho violento se registró en Tuluá, al centro del departamento de Valle del Cauca. Habitantes de la zona rural de ese municipio avisaron a la Policía sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona, en un sitio conocido como El Picacho. La víctima fue identificada como Sebastián Ponce Sánchez, un comerciante, padre de dos menores, de uno y diez años, que en diciembre de 2025 había sido reportado como desaparecido. La familia dijo en su momento que presuntos integrantes del frente 57 de las disidencias de las Farc se pusieron en contacto con ellos para pedirles dinero a cambio de su rescate. Aunque la familia denunció el hecho ante las autoridades, el hombre fue asesinado.

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Luego, en esa misma noche, un ataque sicarial se presentó en el barrio Las Olivas, del municipio de Versalles. Según la información entregada por las autoridades, hombres armados abordaron a Mario Gómez García, un mototransportador que, además, era primo de la alcaldesa del municipio, y le dispararon en varias oportunidades. Violeta Carvajal, una niña de siete años que estaba en el antejardín de su casa, fue alcanzada por una de las balas que dispararon los sicarios. Pese a que recibió los primeros auxilios y fue trasladada a un centro asistencial de inmediato, falleció por la gravedad de las heridas. La Gobernación del Valle del Cauca ofreció una recompensa de hasta COP 30 millones por información para dar con los responsables.

Los hechos de este fin de semana y la desbordada situación de violencia durante el último año tienen en alerta a las autoridades locales, que piden mayor compromiso por parte del Gobierno para atender la situación. Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad de Valle del Cauca, le dijo a El Espectador que el departamento ha hecho esfuerzos para dotar a la fuerza pública y avanzar en proyectos como la construcción del Batallón de Alta Montaña Número 10, en zona rural de Bugalagrande, pero que hace falta apoyo del gobierno. “Nada de eso es suficiente si la Nación no tiene la determinación de enfrentar a estos grupos. Lo que estamos viviendo es el fracaso de la paz total y lo hemos denunciado de esa manera”, dijo.

El funcionario agregó que las cifras dan cuenta de la forma en la que los grupos al margen de la ley y el crimen organizado golpean al Valle del Cauca. Según el secretario Londoño, los grupos armados organizados han crecido en un 33 % en su departamento durante el último año. Ya la Defensoría del Pueblo había advertido sobre la preocupante situación en la región. De las 12 alertas que ha expedido allí en los últimos seis años, destaca una de noviembre de 2024 en la que advirtió sobre graves violaciones de derechos humanos en los municipios de Tuluá, Bugalagrande, Caicedonia, Sevilla y Andalucía, por cuenta de la disputa entre el frente 57 y el Bloque Central Isaías Pardo de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con Linda Posso Gómez, experta en seguridad y coordinadora de la oficina de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en Pacífico, los últimos hechos de violencia evidencian un reacomodo criminal en Valle del Cauca. “No son hechos aislados, si tenemos en cuenta el contexto en el que se están desarrollando. Por un lado, en Tuluá se ha dado una cadena de tensiones en términos de seguridad con la banda La Inmaculada tras la reciente extradición de alias ‘Pipe Tuluá’”. El pasado 3 de febrero, Andrés Felipe Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, máximo jefe de la mencionada banda criminal, fue extraditado a Estados Unidos para que responda por delitos relacionados con narcotráfico.

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Su entrega llevó a la Gobernación del Valle del Cauca a activar medidas de seguridad ante las posibles retaliaciones de la banda criminal en Tuluá y sus alrededores. “La Inmaculada es un actor que ha sido central en el crimen localizado y las extorsiones. Hace poco, 20 microrredes criminales de La Inmaculada estaban siendo desmanteladas y, con todo el tema de la extradición de alias ‘Pipe Tuluá’, es un indicador de que lo que existe es un reacomodado interno. O más bien, una disputa por la sucesión de la cabeza del grupo”, detalló Posso. La experta agregó que frente al asesinato en Versalles, “la dinámica del sicariato no necesariamente se relaciona con una confrontación específica, pero sí tiene un margen de control territorial”.

En medio de un año electoral y las alertas en las que viene insistiendo la Defensoría, para la coordinadora de Pares, las autoridades han fallado en contener esta escalada de violencia, cuyos antecedentes más recientes son casos como el secuestro del niño Lyan Hortúa, el 3 de mayo; o el ataque al barrio Los Mangos, ocurrido el 10 de junio, en el que murieron dos personas; o el atentado a la Escuela Marco Fidel Suárez el 21 de agosto, donde murieron siete civiles, solo por mencionar tres casos. El secretario Londoño explicó que no es clara la hoja de ruta por parte del Estado. “Necesitamos que desde la Nación haya claridad en cómo se enfrentan estas estructuras y que se levanten los esquemas de negociación que no han hecho sino darles incentivos criminales a estas estructuras”, concluyó el funcionario.

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