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Este 23 de octubre continuó la audiencia preparatoria contra Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las Regiones durante el gobierno de Gustavo Petro, ante la jueza octava penal de Bogotá. La exfuncionaria es investigada por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Durante la diligencia, la defensa de Ortiz presentó una recusación contra la jueza que, por reparto, quedó a cargo del proceso, debido a que anteriormente se desempeñó como jueza de control de garantías en el mismo caso.
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“El tema es que hay una persona, la que está debatiendo si va a pasar 20 años o no en una cárcel, y yo creo que sí amerita que haya un juez del cual nadie pueda decir que tenga comprometida su objetividad, independientemente del resultado (…) y se someta nuevamente a reparto este proceso y llegue a un juez que no haya tenido contacto con esta actuación y encuentre que prospera la causal de recusación”, explicó el abogado Mauricio Camacho.
Por su parte, Sandra Ortiz, quien también tuvo un espacio para intervenir, insistió en que no cuenta con garantías para el juicio: “Se ha contaminado su imparcialidad. Por tanto, esta defensa material no confía. Se lo digo mirando a los ojos, yo no confío en usted, su señoría, no confío”.
En esa misma línea, la exconsejera presidencial pidió a la jueza que se aparte del caso. “Con absoluto respeto le ruego que se aparte del conocimiento de mi caso. Quiero dejar la trazabilidad de todo porque así ha sido en este proceso. Han pasado muchas circunstancias muy llamativas (…) en la pasada audiencia, pese a que usted era conocedora de que había intervenido previamente en mi caso como juez de garantías, de manera extraña usted guarda profundo silencio”.
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Ortiz agregó que su petición “no es un ataque personal, no es contra usted, su señoría, sino un reclamo justo a un juicio imparcial al que tengo derecho, por lo cual solicito se aparte del conocimiento de este juicio”.
Ante estas solicitudes, la jueza octava penal de Bogotá decidió suspender la audiencia para que se evalúe la recusación. La diligencia continuará el miércoles 11 de noviembre a las 8:00 a. m.
En mayo pasado, la defensa de Sandra Ortiz ya había promovido otro trámite de recusación contra la misma jueza. En esa oportunidad, la funcionaria sostuvo que no existían fundamentos jurídicos para que la solicitud prosperara, pues no se había demostrado enemistad alguna con la procesada ni con su abogado.
La jueza explicó “que resulta de vital importancia, por cuanto para la prosperidad de la pretensión esbozada por la defensa, depende estrictamente de que el funcionario judicial esté ‘vinculado legalmente a una investigación disciplinaria en la que le hayan formulado cargos’ (…) Con tal panorama y destacando que a la fecha la suscrita funcionaria no tiene la calidad de vinculada legalmente a un proceso disciplinario, el despacho desestimará la pretensión elevada por la defensa”.
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La audiencia de este 23 de octubre era clave para definir cuáles pruebas y testimonios podrá utilizar Sandra Ortiz, exconsejera del gobierno de Petro, para defenderse de los señalamientos de la Fiscalía. Según el ente investigador, habría actuado como mensajera de millonarios sobornos destinados a conseguir el apoyo de los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes en votaciones de proyectos estratégicos para el Gobierno en 2023. Por estos hechos, la Fiscalía la acusa de tráfico de influencias y lavado de activos.
El Espectador conoció dos informes que hacen parte de los elementos con los que la Fiscalía busca sustentar la presunta responsabilidad de Ortiz. El primero recoge información extraída de su teléfono celular y reconstruye un mapa de comunicaciones y reuniones.
Entre septiembre y noviembre de 2023, según los investigadores, Ortiz se comunicó con varios de los implicados en el caso de la Ungrd: sostuvo 23 llamadas con Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y actualmente prófugo en Nicaragua; 92 comunicaciones con Olmedo López, exdirector de la Ungrd; 91 con Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad; 84 con Iván Name, expresidente del Senado, y 11 con Andrés Calle, expresidente de la Cámara de Representantes. A estos registros se suman 30 intercambios de mensajes en los que, según la Fiscalía, se habrían coordinado reuniones.
La Fiscalía reconstruyó la presunta entrega de COP 3.000 millones a Name. El 12 de octubre de 2023, López le escribió a Ortiz: “Todo listo para el tinto”, y ambos acordaron reunirse hacia las 3:00 p. m. Según la reconstrucción de los investigadores, López y Pinilla le habrían llevado COP 1.500 millones en efectivo a Residencias Tequendama, donde vivía Ortiz. Media hora después, ella se habría trasladado en vehículos de su esquema de seguridad al edificio Bassel I, donde residía Name, y habría entregado allí la primera parte del dinero hacia las 4:12 p. m.
Al día siguiente, el 13 de octubre, la operación presuntamente se repitió. El informe registra un desayuno con Name, una reunión de onces con López y Pinilla y un encuentro con Pinilla hacia las 7:30 p. m. Este último habría llevado los otros COP 1.500 millones a Residencias Tequendama y, poco después, Ortiz habría realizado la segunda entrega en la residencia del senador.
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