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Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se estarían preparando para trasladar a Sudamérica drones MQ-9 que actualmente operan en África, para que pasen a ser operados por el Comando Sur. Así lo informaron a CNN varias fuentes familiarizadas con el asunto. El despliegue tendría como objetivo reforzar las operaciones de lucha contra el narcotráfico y el “terrorismo” en el hemisferio occidental.
El año pasado, Estados Unidos reforzó su presencia militar en el Caribe con el despliegue de drones MQ-9, cazas F-35 y al menos un avión de ataque terrestre AC-130. Estos recursos fueron utilizados en operaciones enfocadas en interceptar embarcaciones que Washington vinculaba con el tráfico de drogas.
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El nuevo despliegue ocurre mientras miembros de la Administración de Donald Trump han hablado públicamente de ampliar las operaciones en tierra y de coordinar este tipo de acciones con gobiernos aliados de Sudamérica.
Las fuentes consultadas por CNN no detallaron cuántos drones MQ-9 serían trasladados desde África hacia el área de responsabilidad del Comando Sur. Sin embargo, señalaron que se trataría de “la mayoría” de los aparatos desplegados actualmente en ese continente. También indicaron que el movimiento forma parte de las operaciones antinarcóticos que Estados Unidos considera una prioridad dentro de su estrategia de seguridad nacional.
En este nuevo esquema, Ecuador tendría un papel relevante. El país comenzó este año a realizar operaciones militares conjuntas con Estados Unidos contra “organizaciones terroristas designadas”, según las autoridades de ambos países.
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Con el traslado de estos recursos, Estados Unidos reduciría parte de su presencia militar en África, pese a las alertas sobre el fortalecimiento de grupos como Estado Islámico y al-Shabaab. Aunque Washington prevé mantener las operaciones y los ataques conjuntos contra estas organizaciones, funcionarios citados por CNN advirtieron que retirar recursos como los drones MQ-9 podría dificultar la continuidad de algunas de estas acciones.
En su estrategia de defensa publicada en enero, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, estableció como principal prioridad del Pentágono la protección de Estados Unidos y del hemisferio occidental. En ese contexto, y frente a los distintos frentes que Washington mantiene abiertos en Europa, Medio Oriente y el Indo-Pacífico, las operaciones militares en África han quedado relegadas frente a otros objetivos estratégicos.
El dictamen de la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia defendía una interpretación amplia de las facultades presidenciales para utilizar la fuerza contra determinados cárteles. Según ese análisis, el Gobierno podría recurrir a la fuerza letal cuando considere que estas organizaciones representan una amenaza inminente para ciudadanos estadounidenses.
El documento también contemplaba la posibilidad de operaciones militares prolongadas contra grupos incluidos en una lista que no sería pública. Expertos en derecho interpretaron que esta postura podría permitir al presidente considerar a ciertos narcotraficantes como “combatientes enemigos” y ordenar acciones letales contra ellos sin una revisión judicial previa. En otras palabras, el dictamen ampliaría considerablemente el margen de acción del Ejecutivo y reduciría los controles legales sobre el uso de la fuerza.
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Este escenario se enmarca en una serie de operaciones militares que Estados Unidos ha llevado a cabo por su cuenta o en coordinación con gobiernos latinoamericanos. Entre ellas están los ataques contra embarcaciones en el Pacífico y el Caribe, una campaña en la que han muerto al menos 227 personas, según reportes citados por CNN. El Gobierno estadounidense sostiene que se trata de operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, pero ha proporcionado información limitada para demostrar que todas las personas atacadas pertenecían a organizaciones criminales. En algunos casos, además, familiares de los tripulantes han rechazado esa versión y han asegurado que se trataba de pescadores.
A esto se suma el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad entre Washington y gobiernos latinoamericanos como los de Chile, Ecuador, Perú, Panamá y, más recientemente, Colombia. Durante su visita a la región la semana pasada, el secretario de Estado, Marco Rubio, habló de inaugurar una “época dorada” en la relación entre Estados Unidos y Colombia y afirmó que ambos países deberían ser “aliados y socios sólidos”. La visita estuvo acompañada de nuevos acuerdos de cooperación en seguridad y de un mayor acercamiento entre Washington y el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
En ese contexto, a comienzos de septiembre Colombia solicitó a Estados Unidos apoyo con drones MQ-9A Reaper, además de radares y otras herramientas para fortalecer la lucha contra el narcotráfico. Reuters también informó que Bogotá busca ampliar la cooperación militar y de inteligencia con Washington.
El debate, por tanto, no se limita al traslado o entrega de equipos militares. También plantea hasta dónde podría extenderse esta nueva cooperación entre Washington y sus aliados latinoamericanos en operaciones contra grupos armados y redes del narcotráfico, y qué implicaciones jurídicas tendría una ampliación del uso de la fuerza.
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