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Tras una de las jornadas electorales más importantes de su historia, Perú mantiene abierta la incógnita de quién será su próximo presidente. La estrecha diferencia entre el izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori mantendrá el suspenso hasta el conteo del último voto y la revisión de la última acta.
De hecho, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que se encarga de publicar el avance del cómputo, no puede proclamar al presidente electo, una función exclusiva del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y se prevé que este proclame su veredicto a mediados de julio, luego de resolver varios miles de “procesos de resolución de observaciones e impugnaciones”, que es precisamente lo que puede extenderse por varias semanas.
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El resto de la región sigue los comicios con expectativa, porque el noveno presidente de este país en tan solo diez años será un factor clave en la reconfiguración política latinoamericana, luego del desgaste de la izquierda, que parece estar en busca de sí misma. Y esto aunque aún faltan elecciones decisivas en Colombia y en Brasil.
Keiko Fujimori, de 51 años, es tal vez la figura más constante de la política peruana. La candidata de Acción Popular, que se postula por cuarta vez, lleva en sus espaldas la historia de su padre, Alberto Fujimori, cuyo gobierno (1990-2000) generó una fuerte división entre los peruanos. Por un lado, algunos ven su legado a partir de la derrota de grupos insurgentes como Sendero Luminoso y del establecimiento de las bases para la estabilización de la economía. Pero, por otro, sus críticos más férreos señalan su carácter dictatorial y los graves casos de corrupción y violaciones de los derechos humanos, en medio de un deterioro casi absoluto de la institucionalidad.
Estas posturas encontradas han marcado generaciones y han moldeado la política peruana en la propia definición de “fujimorista”. Pero Keiko se apoya precisamente en esa fuerza, al proclamar su plan enfocado en la mano dura contra la inseguridad, bajo el lema: “Vuelve Fujimori, vuelve el orden”. “La inteligencia derrotó al terrorismo y ahora la volveremos a usar para derrotar la criminalidad”, dijo en su campaña que apuesta por la pacificación nacional.
En la otra vereda, el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, comenzó su campaña con ideas radicalmente opuestas. Congresista de 57 años, lo llaman el “heredero del sombrero”, una referencia directa al expresidente Pedro Castillo, encarcelado por intentar dar un autogolpe.
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Sánchez se impuso en primera vuelta entre una treintena de candidatos con una fuerte crítica al capitalismo y la convocatoria a un referéndum para cambiar la Constitución. Sin embargo, en esta nueva etapa, cambió su plan para lograr alianzas estratégicas y bajó el tono de su mensaje hacia una opción más centrista. Ello en busca de garantizar la estabilidad macroeconómica, respetar la autonomía del Banco Central de la Reserva, así como los tratados de libre comercio. Su meta es clara: ganar a la “señora del kaos”, como llama a Keiko Fujimori.
No solo son opciones radicalmente opuestas. Cualquiera de ellas podría representar un nuevo salto al vacío, porque en este punto sí hay una certeza: la fragmentación política y la alta polarización harán que cualquiera de los dos enfrente una gobernabilidad extremadamente compleja. En este aspecto, Nadia Ramos, especialista en multilateralismo y observadora electoral, considera que Fujimori tendría una ventaja para gobernar e incluso una mayor posibilidad de permanecer los cinco años, pues dispone de una mayoría parlamentaria.
“Siento que estos dos candidatos van a tener la legalidad de ser presidentes, pero no la legitimidad de gobernar a un país ingobernable como es Perú. Y esto no es de ahora, el problema es desde siempre. No es culpa de ellos, pero sí ambos polarizan y agudizan la sensación de que no se van a resolver las cosas como quisiéramos”, explica la experta.
Desde este año en Perú habrá un Parlamento bicameral, con el cual se espera impedir vacancias y elevar el nivel político. Sin embargo, eso plantea un desafío importante considerando la fragmentación profunda del sistema de partidos y la división identitaria del país.
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Gobernar en jaque
Más allá de sus particularidades, la problemática que enfrenta Perú se presenta también en otros países de la región. Hace siete meses, Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia con un triunfo sorpresivo en las urnas y la promesa de un nuevo país con la mirada puesta en la comunidad internacional. No era menor el desafío de asumir un viraje ideológico tan fuerte, luego del modelo de izquierda que mantuvo su hegemonía durante casi dos décadas con los presidentes Evo Morales y Luis Arce, y con una participación muy activa de los movimientos sociales.
Hoy, siete meses después de asumir el poder, Paz enfrenta una convulsión social que ha causado grandes traumatismos al funcionamiento del país, incluso con una decena de muertos. La situación más dramática se concentra en la ciudad de La Paz, con bloqueos radicales en rutas de conexión interdepartamental, marchas que derivan en duros enfrentamientos con las fuerzas del orden, desabastecimiento de combustibles, alimentos y medicinas. Más de 40 días después del estallido, habitantes de otras regiones también están sumando protestas ante los intentos fracasados del Gobierno por concretar un diálogo y también azuzados por algunos dirigentes sindicales y el propio expresidente Morales, que incluso pide convocar nuevas elecciones en 90 días.
El problema es que hay varios sectores en conflicto y eso hace más difícil lograr acuerdos. Por eso, las demandas pasaron de ser pedidos puntuales, como incremento salarial, ítems laborales, mejoras en la calidad de vida, a exigir la renuncia del presidente. Sobre esta presión social, la politóloga Ana Lucía Velasco reflexiona: “La gobernabilidad no es una fórmula mágica en ciencias políticas en la que entra un gobierno y de repente todos hacen caso. Depende del nivel de capital social, de cuánto confía la gente entre sí, y cuánto están dispuestos a trabajar los unos con los otros”. A lo cual habría que sumar que para Morales no hay solución distinta que la renuncia del presidente.
Los hechos muestran que Rodrigo Paz llegó al Gobierno, pero no tiene realmente el poder. A pesar de eso confía en que puede lograr acuerdos para mantener su gestión hasta el 2030 y apunta a un movimiento “narcoterrorista” como la causa de esta convulsión.
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Para Marcela Ríos Tobar, directora de IDEA Internacional en América Latina y el Caribe, este fenómeno se explica porque “no necesariamente el apoyo electoral es estructural, social, orgánico y tampoco hay partidos sólidos que logren intermediar en la sociedad y el poder. Por eso, (un gobierno) se debilita rápidamente cuando las promesas que se hacen en las campañas no se cumplen”.
Sin embargo, aclara que en las democracias consolidadas sí tienen cabida la movilización y las protestas, incluso porque algunas sociedades las tienen instauradas como tradición. Pero “garantizar la gobernabilidad precisa activar canales efectivos de diálogo con la sociedad”, dijo Ríos a CONNECTAS.
Este escenario también se está presentando en Chile, donde miles de estudiantes, sindicatos y organizaciones sociales se tomaron las calles en las últimas semanas para protestar contra los recortes presupuestarios en salud, educación, seguridad, obras públicas y otras áreas, impuestos por el presidente José Antonio Kast para estimular la inversión privada.
Solo tres meses después de recibir el cargo de manos del izquierdista Gabriel Boric, el ultraderechista Kast se ha visto envuelto en un escenario de conflictividad que lo empujó a remover a su ministra de Seguridad y a la portavoz oficial, ante la presión de los movilizados y la oposición, pero incluso de su propio partido. Con decenas de detenidos, heridos y denuncias por uso excesivo de la fuerza, el mandatario defiende sus medidas económicas y más bien endurece las sanciones contra lo que considera “incivilidades”.
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Las experiencias de Bolivia y Chile evidencian que la estabilidad política no se puede dar por sentada luego de un triunfo legítimo en las urnas. Los presidentes deben gobernar sociedades polarizadas, con sistemas políticos cada vez más fragmentados y demandas sociales acumuladas. Y Colombia, que espera su segunda vuelta presidencial, también ilustra claramente esa tendencia.
Ese país enfrenta un momento decisivo. Tras el primer presidente de izquierda, Gustavo Petro, la fractura arraigada por tantos años de desigualdad social y económica, hoy se ve más exacerbada por el antagonismo de sus dos candidatos punteros. Por un lado, el ultraderechista Abelardo de la Espriella y, por el otro, Iván Cepeda, el candidato oficialista que busca la continuidad del proyecto de Petro.
Según el jurista colombiano Rodrigo Uprimny, especialista en derecho constitucional, la pugna entre izquierda y derecha incluso puede ser buena, “siempre y cuando haya unos consensos sobre reglas básicas de respeto al Estado de derecho y la democracia, y eso es lo que se está poniendo en riesgo porque se ha generado la idea de que si gana usted, es mi enemigo. Como dice Abelardo de la Espriella: ‘Voy a destripar a la izquierda’, o Cepeda, que no baja de fascista a su oponente (con algo de razón). Eso es lo que expresa esa polarización”.
Sin embargo, en Colombia hay elementos particulares, explica el experto, porque la fractura es social y territorial. “El acuerdo de paz generó una división entre votos a favor y en contra, pero también hizo que todos los temas sociales que estaban opacados por la guerra y por el debate sobre seguridad emergieran con mucha fuerza en un país profundamente desigual y discriminatorio. Entonces, eso fortaleció una izquierda que antes no era un actor político importante”.
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La actitud de Petro, de resistirse a aceptar los resultados favorables a De la Espriella, no ha contribuido a mejorar el ambiente electoral, si bien su candidato ya lo hizo. Pero Ríos, quien estuvo presente durante la jornada electoral, asegura que “el sistema electoral colombiano es robusto, manual, trazable y da transparencia. Además participan observadores internacionales, representantes de los partidos políticos y ciudadanos como veedores del proceso”.
¿Qué viene ahora en Colombia? Uprimny considera que habrá enormes desafíos de gobernabilidad para el próximo mandatario si no es capaz de generar una presidencia incluyente. “No solo porque el Congreso está fragmentado, sino por la división social y política que han expresado y agudizado estas elecciones. Creo que hay la necesidad de tejer acuerdos políticos y sociales donde surjan liderazgos de la Iglesia, empresarios y organizaciones que puedan jugar un papel central. Quien quede de presidente tendrá una responsabilidad esencial con su actitud y la posibilidad de avanzar en esos acuerdos que el presidente Petro no logró por cuanto prefirió una política de estigmatización y polarización”.
Polarización a la orden del radicalismo
Según el reciente informe “Democracias bajo presión”, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), América Latina es la región más polarizada del mundo. Los datos de este organismo ubican al continente con un 3,4 en su índice de polarización, en el que 0 representa una convivencia amistosa entre los actores políticos y 4 una situación extrema y hostilidad máxima, por encima de la media mundial (2,9). La región concentra a cuatro países entre los 10 más afectados por la violencia política.
“El desafío central para las democracias de América Latina y el Caribe es que dichas tensiones no deriven en rupturas ni en violencia, sino que puedan procesarse por medio de los canales institucionales”, se lee en el documento.
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En todo caso, la polarización, que no es un fenómeno nuevo, ahora se ha transformado en gran parte por la dinamicidad de las redes sociales y la exacerbación de los discursos de odio. Es menos ideológica, pero más profunda y emocional. Los debates públicos se han vuelto más confrontacionales y los espacios de consenso más escasos. En este contexto, las elecciones tienden a presentarse como disputas existenciales entre proyectos incompatibles, lo que dificulta construir una visión de país.
Como asegura la directora de IDEA Internacional, hoy avanza la visión de que los adversarios políticos son enemigos y no solo adversarios con diferencias de opiniones. “Hay intención de denostar, perseguir y anular, y eso contribuye a debilitar la forma en que la política y las instituciones funcionan, y la capacidad de buscar acuerdos y de diseñar políticas públicas de largo aliento”.
En esta misma línea, la politóloga Ana Lucía Velasco enfatiza en cómo los radicalismos ponen en jaque la gobernabilidad. “Creo que los líderes de derecha, izquierda o ultraderecha no nos están dando un proyecto de nación donde haya espacio para todos. Nos están dando una salida que dice: ‘Te propongo un país donde ya no existe el del frente’. Eso es venganza y nos va a llevar a un bucle en el que por supuesto va a haber ingobernabilidad”.
Marcela Ríos Ovar lo dice con claridad: “Creo que los latinoamericanos siguen pensando que vivir en democracia es lo ideal, pero tienen una profunda desconfianza con respecto a cómo funciona en sus países y eso tiene que ver con la mala calidad de la política, con la fragmentación, polarización y también con los persistentes escándalos de corrupción. Eso empieza a deteriorar la fe en la democracia porque piensan que si no hay una diferencia, no tiene mucho sentido. Lo que se ve a nivel mundial es que, si bien las democracias no resuelven todos los problemas, las alternativas son todas peores”.
Más allá del marketing, la fuerza discursiva de los candidatos y las estrategias de redes sociales, en contextos de guerra sucia la realidad latinoamericana está mostrando que ganar la elección es la parte fácil. Cómo tener la capacidad política e institucional para ejercer el poder, ese es el verdadero desafío.
*Cada semana, la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS publica análisis sobre hechos de coyuntura de las Américas. Si le interesa leer más información como esta puede ingresar a este enlace.
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Por Fabiola Chambi | CONNECTAS
