El mundo amaneció conmocionado al enterarse, el 3 de enero, de que Nicolás Maduro había sido capturado por la Fuerza Delta. Las redes se llenaron de debates, los medios trataban de descifrar el evento, y ciudadanos de todo el mundo miraban al futuro de Venezuela – y de sus propios países – con una extraña mezcla de esperanza e inquietud.
Tres meses después, lo ocurrido resulta cada vez más difícil de enmarcar. Lo espectacular del asalto a Fuerte Tiuna contrasta con una posteridad marcada por la incertidumbre. Cambio de régimen, intervención, estado satélite, protectorado, régimen clientelar, colonia, ocupación económica. El vocabulario es amplio, pero el consenso es nulo. Y ello revela algo más grande: el mundo está cambiando, y Venezuela es un síntoma de ello. La captura de Maduro no encaja en el lenguaje político del siglo XX.
Lo ocurrido tras el 3 de enero no ha seguido el guion conocido. Estados Unidos no ha desmantelado el sistema, pero tampoco lo ha sustituido. En su lugar, una situación mixta ha emergido: mientras las estructuras del chavismo siguen en pie, Estados Unidos ha optado por servirse de ellas para intervenir el núcleo económico del país.
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La administración Trump ha asumido el control de las exportaciones energéticas del país y ha abierto la puerta a inversiones masivas de empresas estadounidenses. Venezuela posee algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo, pero su industria está devastada tras décadas de mala gestión, expropiaciones y sanciones. Reconstruirla requerirá miles de millones de dólares y años de inversión, en un entorno de enorme incertidumbre jurídica y política.
Aun así, el incentivo persiste: el crudo pesado venezolano sigue siendo valioso para unas compañías americanas que buscan amortizar su inversión en infraestructuras para tratar el crudo venezolano. No se trata de una ocupación, pero sí de un modelo de coacción económica que planteará cuestiones incómodas sobre la soberanía económica de Venezuela.
La ambigüedad de Trump y Delcy no es accidental sino estratégica: responde tanto a oportunidades como a limitaciones. Tras las experiencias de las últimas décadas, Washington parece haber descartado tanto la transformación radical de un sistema político como la inacción, y el mundo globalizado del Siglo XXI provee de nuevas formas de coacción particularmente eficaces para una gran potencia. Trump ensaya una vía intermedia: influir sin asumir plenamente el coste de gobernar.
Pero si bien es deliberada, la ambigüedad también puede ser costosa. La lucha de justificaciones – entre las que destacan la lucha contra el narcotráfico, el beneficio económico, o la contención de China – puede confundir el debate, y futuro gobierno demócrata podría aprovechar la situación para imponer la narrativa que defina los años venideros.
De momento, lo ocurrido no se corresponde totalmente con los esperanzadores cantos de cambio político lanzados desde la administración Trump. Sobre el terreno, las estructuras fundamentales del poder chavista no han desaparecido. El aparato estatal, las redes de seguridad y las alianzas internacionales siguen en pie. La propia continuidad Delcy Rodríguez refleja una transición controlada más que una ruptura, y sitúa a la oposición en una incómoda postura.
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El tiempo juega a favor de quienes ya estaban. La élite chavista conserva buena parte de sus mecanismos de control, desde las estructuras de seguridad hasta sus redes de poder territorial. Lejos de desaparecer, el sistema ha demostrado una notable capacidad de adaptación: cede en lo económico, resiste en lo político. Es en esa tensión donde se juega el futuro del país. La economía venezolana, tras años de colapso, necesita inversión masiva, estabilidad regulatoria y capacidad institucional. Pero ninguna de esas condiciones está plenamente garantizada. Los inversores dudan ante la posibilidad de un cambio político, mientras el propio Estado carece aún de los medios necesarios para imponer reglas de forma consistente.
La situación abre la puerta a escenarios híbridos. Acuerdos tácitos entre sectores del gobierno y de la oposición, reformas parciales que permitan atraer capital sin alterar completamente el equilibrio de poder, transiciones sin ruptura. Soluciones pragmáticas que, sin embargo, dejan sin resolver cuestiones fundamentales, especialmente en el ámbito de la justicia y la legitimidad.
A más largo plazo, la dependencia externa se perfila como uno de los principales riesgos. La reconstrucción de Venezuela exigirá acceso a financiación, mercados e instituciones internacionales en los que Estados Unidos mantiene una posición dominante. La relación que se está configurando no es la de una ocupación, pero tampoco la de una plena autonomía. Es una interdependencia profundamente asimétrica. Por eso, la cuestión venezolana trasciende sus propias fronteras. No es solo un problema de transición política o de reconstrucción económica, sino un indicio de algo más amplio: la transformación de las formas de poder en el sistema internacional. Allí donde antes predominaban las intervenciones territoriales, emergen ahora mecanismos de control más difusos, apoyados en la economía y las finanzas.
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En ese contexto, el derecho internacional aparece progresivamente desplazado. La dificultad para encuadrar lo ocurrido en Venezuela no es solo conceptual, sino normativa. Las categorías legales existentes no alcanzan a describir —ni a regular— este tipo de intervenciones. Y cuando el derecho pierde capacidad de nombrar, también pierde capacidad de ordenar. Hace más de dos mil años, Tucídides escribió que cuando falla el derecho, los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Venezuela parece hoy inscrita en esa lógica.
Lo verdaderamente interesante no es solo lo que ocurre en Caracas. Es que, al intentar explicarlo, el mundo ha descubierto que ya no entiende el lenguaje del poder.
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Por Alejandro González Prieto
