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Juan Manuel Santos inauguró su mandato con una frase que dio las primeras puntadas de lo que sería un acuerdo determinante en la historia de Colombia y sus guerras: “La llave de la paz no está en el fondo del mar”. Se los dijo a los más de nueve millones de colombianos que creyeron que continuaría con el legado de la “seguridad democrática” que dejó su antecesor y mentor político: el expresidente Álvaro Uribe, que estaba a su lado y escuchaba atento las primeras palabras del entonces nuevo primer mandatario. Pero ese 7 de agosto de 2010, quien asumía la jefatura del Estado tenía en mente un plan para negociar con la guerrilla más vieja del continente: las Farc. Tuvieron que pasar seis años para que entre cartas, reuniones secretas y negociaciones lograra que el 26 de septiembre de 2016 se firmara el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Ya ha pasado una década y el país atraviesa otra historia.
El actual jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, ascendió al poder con la promesa de acabar con lo que considera es la “impunidad” que dejó la paz de Santos y cambiar la llave de la negociación por la política de sometimiento. Su posesión, en un cantón militar en Cali (Valle del Cauca), fue el primer indicativo del rumbo que tomó su gobierno. “La opción del diálogo está completamente agotada”, sentenció frente a las Fuerzas Militares el pasado 7 de agosto. En los 50 días que el mandatario lleva en la Presidencia, esa estrategia se reflejó en el recorte del presupuesto para la implementación del Acuerdo, el retorno de la fumigación aérea a los cultivos de coca, el desmonte de todas las mesas de negociación y una ofensiva total contra los grupos criminales, que reciben el trato de terroristas.
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Desde su orilla, Santos respondió al discurso de “mano dura” que llevó al proyecto político de De la Espriella a obtener la victoria en las urnas: "Subirse a este barco y remar juntos". Su frase rememora la escena que le dio la vuelta al país hace diez años. Ese 26 de septiembre, el entonces mandatario estaba vestido de blanco y a su lado, de guayabera, se paró Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, el comandante de las Farc. En una tarima desplegada en la plaza del Centro de Convenciones de Cartagena, cada uno tomó un lapicero para firmar el Acuerdo de Paz. Luego se estrecharon las manos para sellar el pacto. Pero ese resultado se logró tras una negociación que tuvo una primera fase secreta de alrededor de dos años y que, como la denominó su primer negociador, Henry Acosta, fue una “conquista”.
“Mi caro amigo. Desear lo mejor para ti y los tuyos, de parte mía y de la Negra. Han sucedido los siguientes hechos. El presidente Santos me llamó, personalmente, para que fuera al Palacio y ayer tuve una larga reunión con él. Me dijo que te enviara a ti y a Alfonso Cano el siguiente mensaje, de parte directa de él: ‘Dígales a Alfonso Cano y a Pablo Catatumbo que quiero hacer la paz con ellos’”. Esta es la primera carta secreta, alojada en la Biblioteca del Proceso de Paz, que Acosta le envió al jefe guerrillero Pablo Catatumbo el 7 de septiembre de 2010 –exactamente un mes después de la posesión– para invitarlo a “hacer la paz” con Santos. En esa misma misiva, el entonces presidente fue claro en que todo ocurriría detrás del telón: “Dígales que no le pongan cuidado a declaraciones públicas de mi Gobierno acerca de ellos, que solo crean que estamos proponiendo dialogar secretamente, al más alto nivel”.
"Dígales a Alfonso Cano y a Pablo Catatumbo que quiero hacer la paz con ellos".
A partir de ese momento, comenzó la fase confidencial y más intensa, que se extendió hasta agosto de 2012. Durante casi dos años, al escritorio del presidente de la República y al campamento del secretariado de las Farc en la selva llegaron cartas que establecían los puntos principales para comenzar a dialogar. A través de esas líneas se definió el 50 % del proceso que derivó en la firma de los acuerdos años más tarde. Los únicos enterados de la correspondencia eran Sergio Jaramillo, quien para ese entonces era el asesor de Seguridad Nacional, y Acosta, un economista que fue retenido por las Farc a finales de los noventa y que tenía, a título propio, una amistad epistolar con Pablo Catatumbo. Este emisario, silencioso y discreto, funcionó para establecer una conversación directa.
Santos sabía que el éxito de un proceso de paz dependía en buena parte de las negociaciones secretas. “Dígales que esta propuesta es secreta y que si se llega a filtrar o a hacer pública o conocida, entonces el Gobierno negará que esa propuesta de encuentro secreto se haya hecho. Dígales que les propongo que mi hermano Enrique Santos Calderón hable con Alfonso Cano y/o Pablo Catatumbo”, insistió el entonces presidente en la misma carta. Después vino el silencio. Desde las Farc solo respondieron la misiva casi un mes más tarde tras la muerte de uno de los jefes más sanguinarios de esa guerrilla, el “Mono Jojoy”, en un bombardeo de las Fuerzas Militares en la serranía de La Macarena (Meta). Pablo Catatumbo le escribió seis puntos a Acosta en los que, incluso después de la muerte de su amigo y comandante, aceptaba el diálogo.
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En esa misiva, el jefe guerrillero también advirtió que, aunque consideraba como un gesto de gran confianza que el hermano del presidente estuviera en los encuentros, todavía no creía por completo en las promesas del gobierno, por lo que pidió garantías para las reuniones. “Como siempre, nuestra voluntad de diálogo, para buscar sinceramente salidas políticas al conflicto, está y estará vigente, pues para nosotros la guerra no es un principio, sino los cambios sociales por los que venimos luchando”, le dijo. Durante 23 meses, las comunicaciones iban y venían para establecer las condiciones de las primeras sesiones preparatorias. En total fueron cuatro citas con los delegados en Colombia y Venezuela entre marzo de 2011 y enero de 2012.
En la tercera de esas reuniones ocurrió la primera crisis: el desarme fue el catalizador. Era el único punto que el Gobierno no estaba dispuesto a negociar y en una mesa de comedor de cinco puestos fue que Mauricio Jaramillo, alias “El Médico”, sentenció que no se iba a acordar nada si se insistía en ese punto. “Fue el único momento en que se acabó la negociación”, recuerda el entonces asesor de Seguridad Nacional. El Ejecutivo lo había autorizado para mantenerse firme y convencerlos de que dejar las armas era la mejor decisión. Ante el escenario de una negociación fracasada, las Farc cedieron. Ahí fue, precisamente, cuando comenzó la estructuración de los ejes de la agenda de negociación: “La casa se empezó a llenar de tableros blancos y se fueron construyendo frase por frase cada página del Acuerdo”, precisó el funcionario de Santos.
Luego, en febrero de 2012, vinieron las rondas secretas en La Habana (Cuba) y seis meses después se firmó un primer acuerdo general que sentó las bases de las negociaciones. Pero el Gobierno se enfrentó a las filtraciones que pusieron en riesgo lo pactado y por ello, en septiembre, anunció ante Colombia lo que venía gestándose en la sombra. “Sin duda hay riesgos, pero creo que la historia sería mucho más severa con todos nosotros si no aprovechamos la oportunidad que hoy se nos presenta. En todo caso, la responsabilidad de esta decisión recaerá sobre mis hombros y sobre los de nadie más”, dijo el presidente, aclarando que en ningún momento se había cedido “un centímetro de territorio” ni se hicieron “concesiones”.
El 18 de octubre de 2012 se instaló la mesa de negociación pública en la capital cubana, con la supervisión de Noruega y Cuba. Serían 51 ciclos de conversación desde el 19 de noviembre de 2012 hasta el 24 de agosto de 2016 en los que se pactaron seis puntos centrales: desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, solución al problema de drogas, víctimas e implementación. Incluso durante esa negociación, el Gobierno y las Farc se siguieron enfrentando. "Negociar como si no hubiera guerra y combatir como si no hubiera negociación”, fue uno de los principios orientadores de esos diálogos que pasaron por una suspensión de 15 días por el secuestro del general Rubén Darío Alzate en el Chocó. Solo cuando fue liberado, se retomaron las sesiones.
El 26 de septiembre de 2016, Santos y Timochenko se encontraron para sellar, en un acuerdo de cerca de 300 páginas firmado con un lapicero en forma de bala, el fin de seis años de negociación. Ante la mirada del mundo, las 2.500 personas presentes y millones de televidentes, el jefe de Estado y el principal negociador de las Farc se dieron un apretón de manos sellado por Raúl Castro, entonces presidente de Cuba. Enrique Peña Nieto (México), Rafael Correa (Ecuador), Michelle Bachelet (Chile), el rey Juan Carlos I de España, Mauricio Macri (Argentina), Pedro Pablo Kuczynski (Perú) y Ban Ki Moon, el secretario general de las Naciones Unidas, sirvieron como los testigos de ese primer compromiso que el mandatario quería refrendar vía urnas. El plebiscito era el siguiente paso.
“Incluso antes de que terminara la ceremonia en frente del Centro de Convenciones, tuve que salir volada al aeropuerto para alcanzar a tomar mi vuelo hacia Medellín. Tenía que estar muy temprano al siguiente día dando una charla en la Casa de la Memoria de esa ciudad, ayudando a explicar qué era lo que estaba en el Acuerdo y qué era lo que no estaba. Teníamos muy poco tiempo antes del plebiscito para lograr juntar la mayor cantidad de apoyos”, recuerda Juanita Goebertus, hoy directora de Human Rights Watch y en ese momento parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. La campaña había comenzado en agosto, pero a partir de ese momento se materializó la urgencia de la pedagogía para una decisión que tomaría el pueblo colombiano el 2 de octubre.
La pregunta era sencilla: “¿Apoya usted el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera?”. Los integrantes de la campaña del “No” estaban “totalmente convencidos de que [iban] a perder”, dice José Obdulio Gaviria, uno de los fundadores del Centro Democrático. El Gobierno estaba seguro de que podía ganar con el “Sí”. A las tres de la tarde, el resultado era inequívoco: 6’424.385 personas votaron por el “No”. 6’382.901 apoyaron el “Sí”. Santos reconoció la derrota en una alocución rodeado de todos sus ministros e hizo una promesa: “Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato”.
El presidente sabía que las negociaciones de más de seis años perdieron legitimidad con ese resultado y pensó en renunciar: “Así de hondo sintió el golpe”, dice su hermano, Enrique Santos, en su libro El país que me tocó. A la Casa de Nariño y a las Farc les tocó reencauzar toda la estrategia. El artífice de ese texto llegó al punto de citar a quien había sido su padrino en la política: Álvaro Uribe. Tres días después de la derrota del plebiscito, al Palacio presidencial llegó una comitiva para renegociar los puntos que criticaba el “No” y durante mes y medio se reunieron para ajustar el texto. “Llegamos a renegociar todo lo que planteaban los promotores del ‘No’. El cuello de botella fundamental en donde no se pudo llegar a un acuerdo fue el de la participación en política de las Farc y ahí nos estancamos. Avanzamos muchísimo en todo lo demás”, asegura Juan Fernando Cristo.
Después de esa reestructuración e incluso sin el respaldo de Uribe y los otros impulsores del “No”, finalmente el Acuerdo de Paz se firmó el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. En ese texto se definieron seis puntos: reforma rural integral; participación política; fin del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; víctimas del conflicto; implementación y verificación. Esta negociación marcó un precedente a nivel mundial por ser un modelo de paz con garantías de verdad, justicia y reparación, pero una década después no se ha logrado la ejecución completa de ninguno de esos ejes. El grueso de los que se sentaron en la mesa concuerda en que ese ha sido uno de los retos principales para mostrarles resultados no solo a Colombia, sino a los países integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que revisa, año a año, los avances de lo pactado.
“Por desgracia, a lo largo de los años de vigencia del Acuerdo, hemos observado repetidamente como las autoridades colombianas, ya sea por preferencias propias o simplemente por limitaciones de capacidad, han decidido aplicar únicamente las disposiciones del Acuerdo que consideraban de interés o útiles, dejando de lado las demás. Sin embargo, el Acuerdo no es un menú del que se puede elegir a su antojo, sino una obligación jurídicamente vinculante cuyo cumplimiento integral es supervisado por la comunidad internacional”, precisó Anna Evstigneeva. Ella es la representante de Rusia ante el Consejo de Seguridad y sus palabras se dieron solo hace dos meses, en la más reciente sesión de ese órgano de la ONU.
El primer punto del Acuerdo tiene una brecha estructural y solo reporta 72.880 hectáreas adjudicadas, el 2,4 % de la meta de tres millones para campesinos sin tierra. “Nosotros tenemos unas circunstancias estructurales —como el catastro y la falta de documentos— que hacen que ordenar la tierra y trabajar sobre estas cosas sea más difícil”, dice Ana Jimena Bautista, quien trabajó en la Agencia Nacional de Tierras en los últimos dos años. En el segundo punto, solo el 14 % de las disposiciones fueron completadas y se evidencian rezagos en la aprobación de una reforma política, las garantías a la participación y la falta de reglamentación para la financiación de campañas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). Solo la parte de las emisoras comunitarias llegó al 100 %, pero hoy son objeto de debate del gobierno De la Espriella.
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Sobre el punto 3 del Acuerdo, el Instituto Kroc en su más reciente informe de seguimiento advierte que persisten amenazas a la seguridad de firmantes y falencias en su reincorporación. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha reportado hasta 2026 más de 500 excombatientes asesinados. Leonardo González, director de esa organización, destacó el logro de que, aún en ese panorama, alrededor de 10.000 exFarc sigan en la dejación de armas y apostando a la vida civil. En el punto 4, Lucas Marín, investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), señaló que “el principal obstáculo ha sido la falta de voluntad política de las administraciones para consolidar y promover la sustitución sin estrategias de seguridad expuso a las poblaciones”.
Frente al punto 5 que contempla la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para Kyle Jhonson, investigador de Conflict Responses, y Paula Vargas, del Instituto para las Transiciones Integrales, la situación arrastra demoras estructurales, agravadas por tensiones presupuestales que han postergado las decisiones sobre máximos responsables a una década de la firma. “La JEP incurrió en un exceso de ambición, fijándose estándares e indicadores insostenibles en términos de tiempo y recursos fiscales, lo cual ralentizó la expedición de sus decisiones”, señaló Vargas. Para empezar a ejecutar la primera sentencia contra el antiguo secretariado de las Farc, la jurisdicción tardó ocho años.
El punto seis —el que rige la implementación de todo lo pactado en los ejes anteriores— ha completado el 64 % de su implementación. Pero, según el Instituto Kroc, “la financiación de la Instancia Especial de Mujeres, la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos (IEANPE) y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo (CSIVI) sigue siendo un reto”. En ese documento se agrega que “casi la mitad de los compromisos carecen de condiciones materiales, institucionales o de contexto para garantizar su cumplimiento antes de 2031, cuando se cumple el plazo de 15 años fijado en el Plan Marco de Implementación (PMI)”.
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Los 10 años del Acuerdo caen en un gobierno que busca replantear algunos puntos de ese texto final. El canciller Omar Bula informó a delegados de Reino Unido en una reunión en Nueva York esta semana cómo planean “remoldearlo en función de las prioridades que ha dictado” el jefe de Estado. El mismo De la Espriella se ha referido a “Timochenko” como un “bandido [que] merece estar preso de por vida”, y no invitó a Santos a su posesión presidencial tras referirse a él como un “traidor”. Esa desaprobación de lo pactado en La Habana está plasmado en el mismo presupuesto que esta semana aprobó una reducción de COP 170 mil millones para la JEP para 2027.
Un análisis de la Defensoría del Pueblo, elaborado a partir de cifras del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación, encontró que el proyecto radicado por el gobierno de De la Espriella destina COP 12,94 billones para las entidades que nacieron con el Acuerdo. La cifra representa COP 7,62 billones menos que los COP 20,56 billones asignados para la vigencia de 2026. Es una reducción del 37 %. Puntualmente sobre los recursos para la implementación de lo pactado en La Habana se disminuirían en un 43,9 % y pasarían de COP 10,78 billones a COP 6,05 billones. En otras palabras, el recorte no se explicaría únicamente por una falta general de recursos: la partida reconocida oficialmente como destinada a cumplir lo firmado en el Colón se reduciría casi a la mitad.
También busca una reestructuración de los mismos despachos que se encargan de la implementación. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz tendría un cambio de enfoque y pasaría a ser la Consejería de Seguridad. En ella entrarán entidades como la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como la Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia para la Reincorporación y Normalización. El centro de esos cambios estará en la reorientación hacia una “mano dura” y un combate frontal contra las estructuras criminales que se agruparán todas bajo el marco del terrorismo.
De la Espriella no es el primer presidente que no ve con buenos ojos ese texto y busca desmontar los puntos principales que lo guían. En 2019, el entonces mandatario Iván Duque gastó gran parte de su capital político en las objeciones a seis artículos de la ley estatutaria de la JEP ante el Congreso. En ese momento, argumentó que esos puntos no garantizaban la reparación a las víctimas, se excluían delitos graves y no había coordinación con la justicia ordinaria. “Realmente ahí no había sino expresiones para la platea, para el público. Eso no tenía ni pies ni cabeza, entre otras cosas, en las circunstancias de debilidad que se produjeron por la forma como el presidente conformó su gabinete”, señaló José Obdulio Gaviria, quien desde el minuto uno se opuso a esos argumentos, incluso siendo parte de los opositores del Acuerdo.
En 2022, Gustavo Petro se eligió con la promesa de la paz, pero parte de quienes integraron su gabinete no vieron eso materializado en la implementación. El exministro del Interior Juan Fernando Cristo dice que en la Casa de Nariño existió la perspectiva de que “al Acuerdo de Paz había que ponerlo a competir con la paz total”. Y agrega: “De algunos funcionarios de Petro había cierta pereza frente al Acuerdo, que yo creo que no ayudó a que saliera mucho mejor”.
Diez años después, Colombia se encuentra en una encrucijada. Su poder Ejecutivo busca replantear lo pactado en La Habana —apoyado por figuras del Legislativo—, pero el Acuerdo tiene un muro de contención que reafirma que se trata de un compromiso del Estado que no debería depender de la orientación política de cada administración: así ocurrió con Duque, Petro y ahora con De la Espriella. Desde el exterior insisten en que se trata de una “oportunidad de oro” en el marco de una negociación que solo ha sucedido a ese nivel en Colombia. En ese contexto, este diario recopilará en las próximas semanas y hasta el 24 de noviembre los avances y rezagos de la implementación de lo que comenzó como una negociación secreta y terminó en un texto que hoy quiere ser reescrito.
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