Con el fin de buscar caminos que permitan ponerle un freno al tráfico ilegal de armas que está golpeando a varias regiones del país, y que incluso tuvo impacto sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el gobierno del presidente Gustavo Petro comenzó a trazar una ruta jurídica que –entre otras cosas– busca dejar sentadas medidas de choque en varios frentes.
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Al menos así se desprende de un documento oficial de la Cancillería –liderada por Rosa Villavicencio–, al cual accedió El Espectador y que, en plata blanca, es la génesis de un grupo que tendría la instrucción de desarrollar todo un plan de acción que al menos en parte detenga a las organizaciones que delinquen trayendo ilegalmente armamento de todo tipo a Colombia.
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Ese paso se daría con la conformación de una instancia que se denominaría “Comité técnico intersectorial para la prevención, combate y erradicación del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos (Cetam)”, cuya vida jurídica estaría en un borrador de decreto de siete páginas.
“Existe gran interés y compromiso de Colombia con respecto a la lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos, debido a que es un fenómeno que afecta la seguridad y el desarrollo en el país. Los grupos armados ilegales y la delincuencia común emplean armas de fuego, municiones y explosivos para ejercer acciones violentas no solo contra de las instituciones del Estado, sino también contra la sociedad civil. Esta dinámica perjudica la seguridad pública y nacional y, exacerba fenómenos como el tráfico de estupefacientes, trata de personas, minería ilegal, y otras expresiones criminales”, se lee en la parte justificativa de los folios proyectados por la Cancillería.
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Y no es un tema menor. Solo en 2021, de acuerdo con la estadística citada por el gobierno Petro, se incautaron 15.952 armas de “fabricación extranjera que ingresaron ilegalmente al país”, lo cual representó un aumento de 2.386 artefactos bélicos de este tipo frente al año inmediatamente anterior.
Además, solo 12 meses después y según las investigaciones judiciales en las que agencias de inteligencia extranjeras les está ayudando a las colombianas, se registró el ingreso ilegal al país de la Glock nueve milímetros con la que el pasado 7 de junio un sicario de 15 años le disparó ocho veces Uribe Turbay, en cuyo cuerpo impactaron tres de esos tiros; su deceso se confirmó el 13 de agosto.
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Esa pistola fue comprada legalmente en Arizona, Estados Unidos, e ingreso de forma irregular a Colombia, donde su estructura fue modificada para que quien la accionara pudiese disparar en modo ráfaga. Pero, más allá de eso, lo que las autoridades judiciales están terminando de establecer es la ruta por la que llegó y los responsables de que se diera ese proceso ilícito.
“Dada la dimensión de la problemática es necesario articular el trabajo de diversos ministerios y entidades públicas nacionales, cuyas funciones están estrechamente relacionadas con las obligaciones y compromisos contraídos por Colombia a nivel internacional en esta materia”, se agrega en la documentación oficial.
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En todo ese contexto es que el Ejecutivo le dará vida al denominado Cetam, que estará integrado por los ministerios del Interior, Exteriores, Hacienda, Justicia y Defensa, a quienes se sumarán –con voz, pero sin voto– delegados de la Dian, la UIAF, las Fuerzas Militares, Indumil, la Fiscalía y, entre otras instancias, de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Incluso, cuando se requiera, se deja abierta la puerta para que voceros de la empresa privada hagan presencia en esa instancia oficial.
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“Solo el Gobierno puede introducir al país, fabricar, exportar y comercializar armas, municiones de guerra, explosivos y las materias primas, maquinaria y artefactos para su fabricación”, se dejó claro en el borrador de decreto que estará en fase de comentarios públicos hasta el próximo 18 de octubre.
Una de las tareas específicas que se pretende desarrollar para frenar ese tráfico ilegal de armamento es establecer un plan de acción nacional que, entre otras cosas, priorice “el combate al tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras”, sin dejar de lado el resto de los arsenales que alimentan los territorios de guerra que tiene Colombia y que son golpeados por los más de 20.000 integrantes que tienen los grupos criminales ligados al narcotráfico que la inteligencia colombiana ha identificado.
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Es por eso que al Cetam también se le encomendará “coordinar la elaboración y aprobar los informes que el Estado colombiano deba presentar en materia de desarme, no proliferación y control de armas de fuego y de las naves, aeronaves y vehículos provistos de armas de fuego, para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de los instrumentos internacionales de los cuales Colombia hace parte”.
Entre esos compromisos internacionales están la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, suscrita en Estados Unidos en noviembre de 1997, y el Plan Andino para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos, suscrito en 2003.
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De hecho, tras esos acuerdos, el país le dio vida al decreto 4508 de 2006, con el que el gobierno del entonces mandatario Álvaro Uribe creó un comité que buscaba frenar el tráfico ilegal de armas, pero que –de acuerdo con la administración actual que dirige el presidente Petro– se quedó corta ante la dimensión de un fenómeno global que cada vez impacta más fuerte en Colombia.
“La exclusión de conceptos como el tráfico de municiones o de explosivos también restringe el mandato del referido comité, incluso en perjuicio de los propósitos para los que se creó. Esto afecta la acción del Gobierno Nacional frente a la necesidad de discutir integral e intersectorialmente la prevención y combate del tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos, principalmente porque no hay otro escenario especializado en el que se aborde esta temática”, se agregó en los análisis de la Casa de Nariño y que fueron conocidos en su integridad por El Espectador.
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En todo caso, con una paz total aún escasa en resultados concretos en cuanto al desarme de estructuras criminales –lo cual reconoce el propio Ejecutivo–, lo que se busca es que la información que entreguen esas narcobandas que se acercan al Estado sea analizada por instancias como la que se crearía con el decreto y sirva para establecer estrategias de combate al tráfico ilegal de armas. De hecho, para la próxima semana está prevista la destrucción de 14 toneladas de material de guerra de una de las disidencias de las Farc, que incluyen varias armas que entraron a Colombia ilegalmente.
Este es el borrador de decreto:
Esta es la memoria justificativa del decreto:
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