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Una ola de críticas se desató desde que un grupo de nueve ciudadanos, respaldados el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, radicó un comité que recogerá las firmas para impulsar el llamado a una Asamblea Constituyente. El mismo presidente Gustavo Petro ha impulsado esta discusión y por ello volvió a defender la idea de modificar la actual Constitución frente a quienes señalan que se trata de una estrategia electoral.
En las últimas 48 horas ha hablado ampliamente del tema, haciendo énfasis en que se trata de una iniciativa ciudadana. Este domingo, dijo que “la constituyente no se hará en época electoral”, pues “hasta ahora comienza la recolección de firmas”.
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“[El proyecto] se presentará después del 20 de julio al nuevo Congreso de la República que se elegirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva Presidencia de la República”, señaló. Y agregó: “Se discutirá entonces en el nuevo Congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la Corte Constitucional, pues esta no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la Corte y no más de tres meses después”.
La constituyente no se hará en época electoral.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 28, 2025
Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses.
Y se presentará después del 20 de julio al nuevo congreso de la república que se elijirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva presidencia de la… https://t.co/Pot8fuzR8Z
La respuesta del mandatario llegó tras la entrevista del cardenal Luis José Rueda con El Espectador. En ella, el arzobispo de Bogotá y primado de Colombia afirma que “una asamblea constituyente, una reforma constitucional de fondo, puede ser factible porque su evolución es necesaria, pero eso no hay que mezclarlo con un año electoral”.
“No es prudente”, apuntó el cardenal sobre la propuesta constituyente. Y, en esa vía, insistió en que lo que corresponde es “trabajar a fondo todo lo que sea la cultura democrática en este tiempo mientras llegan la primera y segunda vuelta y la elección de marzo del Congreso”.
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¿Ocurrirá en medio del calendario electoral?
Las críticas que han llegado al llamado constituyente han venido por ese lado. Ese lapso ocurrirá, inevitablemente, en pleno calendario electoral. Los seis primeros meses del año estarán marcados, primero, por las elecciones legislativas del 8 de marzo, en la que también se realizarán las consultas presidenciales. Y para el 31 de mayo está definida la primera vuelta presidencial.
De acuerdo con los procesos establecidos por la ley, a partir de la radicación del comité, la Registraduría tiene ocho días para revisar que la inscripción cumpla con todos los requisitos. Después de eso, avisará vía correo electrónico a los impulsores si logran o no ese paso y, en caso de sí hacerlo, se entregan los formularios.
Desde ese momento, cuentan con seis meses para recolectar las firmas necesarias, que corresponden al 5 % del censo nacional (aproximadamente 2′050.000). El comité busca llegar a los tres millones de firmas y el objetivo inicial del mandatario era 10 millones.
La organización electoral pasará luego a verificar esos apoyos, junto con los estados contables, y si se logra eso, reciben una certificación que tendrán que llevar al Congreso. Como ya lo ha dicho el jefe de Estado, así como los organizadores del comité, el proyecto será presentado en la instalación del nuevo Legislativo, el 20 de julio de 2026.
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¿Qué dice el texto del llamado a una constituyente?
El argumento principal que se desarrolla en el proyecto es el de un “bloqueo institucional” al que, de acuerdo con esa tesis, se han enfrentado las reformas sociales que propone el Gobierno. Y, en esa línea, “las reformas que requiere el país no se pueden llevar a cabo por medio de un acto legislativo o referendo, ya que sustituirían la actual Constitución, por tratarse de modificaciones profundas al sistema”.
“Se ha demostrado el bloqueo institucional a una fuerza democratizante que por primera vez llegó al poder político colombiano. Esta fuerza y sus reformas sociales han sido obstaculizadas institucionalmente, de manera sistemática y sin mayores argumentos, tal como ocurría hacia 1990″, se lee en el texto.
Además, se propone una composición para la Asamblea, que estaría conformada por 125 delegados elegidos por voto popular. 87 corresponderían a la circunscripción nacional y el resto vendrá de circunscripciones especiales: los pueblos afrodescendientes, incluidas las comunidades raizales y palenqueras, tendrán 10; 10 para pueblos indígenas; 10 para las comunidades campesinas; 16 para las circunscripciones transitorias especiales para la paz; y dos para los colombianos en el exterior. Si se hace la suma, ese número de delegados sería, en realidad, 135.
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“¿Aprueba usted que se convoque, una Asamblea Constituyente, elegida por voto popular, integrada por 125 personas que representen de manera plural a los distintos sectores sociales del país, para reformar la Constitución Política de Colombia y que sesione por un periodo de tres meses y que tenga como principio el no retroceso en materia de tratados internacionales y derechos humanos, sociales, económicos, culturales y ambientales?”, es la pregunta que se hará a los colombianos en caso de que el comité recoja las firmas y reciba el visto bueno del Congreso.
El texto cuenta con varias pullas al mismo Legislativo e incluso a la Rama Judicial, con las que ha estado enfrentada la Casa de Nariño. En una de sus páginas, señala que “el control judicial ni los mecanismos legislativos ordinarios ofrecen una vía eficaz para superar determinados bloqueos estructurales en la realización de la Constitución”. Incluso, propone una “cláusula residual de competencia legislativa que le permita al presidente de la república actuar ante omisiones legislativas absolutas en estas materias”.
“Así mismo, se necesita revisar y ajustar el funcionamiento del Banco de la República, transformar y rescatar la banca pública y la política monetaria, de la mano con un programa nacional de desarrollo productivo popular para la generación de empleo masivo y la proscripción de la tercerización laboral. Finalmente, el Estado debe conservar el control de los sectores estratégicos de la economía”, se lee en una parte del texto.
Lea aquí el texto completo:
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