Tuvieron que pasar 93 días entre la radicación de la ponencia que sancionaba la campaña con la que el presidente Gustavo Petro llegó en el 2022 a la Casa de Nariño y la decisión final, que solo se conoció hasta este jueves y que le dio un primer cierre a uno de los expedientes más calientes que ha tenido el Consejo Nacional Electoral (CNE). Tal es el impacto de la medida, que el mismo jefe de Estado advirtió que la desconoce, ya que –según su versión y contrario a lo definido– no hubo una violación a los topes de financiación electoral por más de COP 6.000 millones; los magistrados están en otra línea.
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La ponencia fue elaborada por los togados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Liberal), y tuvo un respaldo de seis votos en la sala plena, a la cual llegaron dos conjueces tras una primera votación –desarrollada en una sesión de la semana pasada– que quedó 5-2 a favor de las sanciones.
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En el texto se argumentó que las violaciones se presentaron tanto en primera como segunda vuelta por algo más de COP 3.000 millones, mientras que se ocultaron gastos y donativos que ascendieron en las dos fases electorales a los 3.200 millones de pesos.
Aunque el presidente Petro no será objeto de las sanciones por parte del CNE, pues la Corte Constitucional determinó que este organismo no tiene facultad para tocar administrativamente al jefe de Estado, Ricardo Roa –en calidad de gerente de la campaña–, Lucy Aydee Mogollón –entonces tesorera–, y María Lucy Soto, quien fue la auditora, sí fueron sancionados.
Tanto Roa, hoy presidente de Ecopetrol, como Soto y Mogollón tendrán que pagar una multa que asciende a los COP 6.000 millones, mientras que los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, que integraron la coalición del Pacto Histórico, fueron castigados con una sanción cercana a los COP 600 millones.
Una vez conocida la decisión en el CNE, pasaron casi 10 horas para un pronunciamiento del jefe de Estado. “No hay un solo peso del narcotráfico en mi campaña. Tres años de investigación de la oposición, mayoría en el CNE, y no encontraron un peso”, dijo en sus redes. Y, por eso, en lo que también se constituye la primera vez que un mandatario en ejercicio dice no reconocer la institucionalidad que al final representa, precisó que “nosotros no aceptamos esa decisión administrativa”.
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Desde el Ejecutivo también se pronunció el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien catalogó las sanciones como un “ataque político”, manifestando, además, que este tribunal “siempre ha sido adverso al Gobierno, al presidente Petro y al Pacto Histórico”. El jefe de la cartera política indicó que se buscaría desde el oficialismo alguna forma de apelación a las sanciones de las que son objeto personas cercanas al círculo de la Casa de Nariño.
Además, Ricardo Roa le dijo a periodistas de El Espectador que “hasta que no sea notificado personalmente de la decisión no haré ninguna declaración al respecto”. Mogollón y Soto no habían respondido a los mensajes de este diario hasta la publicación de este artículo.
¿Qué implican estas sanciones? Este expediente es el primero que el CNE falla contra una campaña presidencial, a pesar de que las de Juan Manuel Santos en 2014 y de Iván Duque en 2018 también fueron objeto de indagaciones.
Es más, aunque en la reelección del expresidente Santos se comprobó que sí existieron irregularidades en su campaña y el gerente de esta, Roberto Prieto, fue condenado entre otros delitos por falso testimonio y enriquecimiento ilícito, el CNE no concluyó el caso que extendió este mandato hasta el 2018. En todo caso, la decisión contra este último no surgió del acervo administrativo.
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A Prieto se le comprobó ese primer delito tras “mentir” ante el tribunal electoral y asegurar que no existieron donaciones del sector privado. Sin embargo, las pesquisas concluyeron que la controvertida constructora brasileña Odebretch sí realizó donativos en esa campaña. Para el proceso presidencial de Iván Duque también se dio un archivo del expediente, aunque hubo denuncias de un supuesto ingreso de dineros provenientes José ‘Ñeñe’ Hernández, asesinado en Brasil y señalado de ser posiblemente cercano a narcotráfico.
En el caso Petro, inicialmente este expediente también permeará el proceso electoral en curso, donde la coalición de gobierno, el Pacto Histórico, buscará una fusión para llegar como partido único en 2026. Sin embargo, el expediente sancionatorio sería un nuevo “pero” para este procedimiento, también en manos del CNE, dado que esta unión de partidos –donde participan el Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista– está condicionado en la medida que todas las investigaciones contra esas organizaciones política queden subsanadas.
Esto, además, podría exponer a los participantes de la consulta realizada por esta coalición el pasado 26 de octubre para dilucidar tanto su candidato único a la Presidencia como las figuras con las que buscarían mayorías en el Senado. Algunos sectores argumentan que con la financiación irregular de la campaña, no debería permitirse el proceso de fusión, y, si eso pasa, los candidatos quedarían expuestos a una sanción por doble militancia.
El principal promotor de esta tesis es el senador Jonathan Pulido ‘Jota Pe Hernández’, quien ya adelanta un proceso ante el propio CNE para que, una vez sean inscritas las listas de este sector ante Registraduría, se puedan proceder con acciones jurídicas por la falta antes mencionada.
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Por otro lado, la sanción llega en medio de la controversia por los presuntos nexos de funcionarios del gobierno Petro con las disidencias de las Farc. En medio de esas revelaciones, realizadas por Noticias Caracol, la campaña Petro también salió a flote. Parte de los chats que quedaron registrados en los dispositivos incautados a alias ‘Calarcá’ –comandante de una narcodisidencia– en junio de 2024 señalaban posibles ingresos de dineros ilícitos a esa campaña a través de la vicepresidenta Francia Márquez.
“Tengo ganas de tumbar a Petro... Con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenía en campaña el finado Mayinbu lo tumbamos. Esas pruebas están. (...) Todo se hizo a través de Francia Márquez”, fueron parte de los mensajes que reposaban en los computadores del líder disidente y que hoy son objeto de investigación de la Fiscalía General de la Nación.
Vea una explicación detallada del caso:
No obstante, la vicepresidenta manifestó que “no existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales. Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp, dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes”. El jefe de Estado y el Gobierno en pleno también rechazaron estas versiones.
Asimismo, otro proceso que se verá impactado por esta decisión son las investigaciones que adelanta la Comisión de Acusaciones de la Cámara. El triunvirato, compuesto por Alirio Uribe y Gloria Arizabaleta (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (La U), indaga este mismo expediente por superación de topes electorales; la razón es que esta instancia sí tiene facultad para verificar las actuaciones de quien lidera la jefatura del Estado.
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Aunque las pesquisas se mantuvieron más de un año suspendidas, la semana pasada se realizaron procedimientos en la sede de Colombia Humana y el propio CNE para la recolección de pruebas. Aunque este diario supo que se encuentra en construcción un borrador de posible sanción para declarar una posible violación de topes, este caso no ha tenido mayores avances en el Legislativo.
También se encuentra, en un mismo sentido, el caso de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente, a quien se le acusa por presunto enriquecimiento ilícito. Aunque los casos van por vías diferentes, sectores opositores señalan la existencia de financiación del narcotráfico en la campaña, pues en el juicio adelantado contra Petro Burgos su exesposa, Day Vásquez, manifestó que Santander Lopesierra – exnarco conocido como el ‘Hombre Malboro’- habría entregado entre 400 y 600 millones de pesos para financiar ese proceso.
Esta es la ponencia del CNE
Los puntos clave de sanción
Son por lo menos cinco los puntos clave que sustentaron los magistrados Prada y Ortiz para imponer sanciones a la campaña del presidente Petro. Los dos togados argumentaron que los donativos de Fecode, el sindicato de profesores, y la Unión Sindical Obrera, de Ecopetrol, no fueron computados e influyeron en la superación de topes en primera y segunda vuelta.
De otro lado, también se argumentó que el pago a 30.256 testigos electorales durante las dos fases electorales, que costó más de COP 900 millones, no fueron reportados dentro de los informes de ingresos y gastos de esta campaña.
Así mismo, se expuso que en el manejo de las cuentas se alteró en aspectos de publicidad. En algunos reportes el CNE encontró una disonancia entre las facturas entregadas durante las pesquisas y las reportadas al órgano electoral, lo que habría permitido dejar por fuera algunos cargos para cuadrar las cuentas de campaña.
La ponencia también señaló que hubo un aprovechamiento de recursos desde la campaña al Congreso del Pacto Histórico, que lideró el hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, permitiendo la adquisición de bienes y servicios relacionados con plataformas, equipos y productos de tecnología que se usaron en la primera vuelta presidencial.
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Finalmente, también se habría alterado información de forma “sistemática” de algunos viajes de campaña presidencial. La ponencia dio muestra de que se omitieron reportes de gastos por más de COP 1.200 millones de pesos en transporte a los que el equipo de campaña sustentó como posibles errores en valores establecidos en la contratación inicial.
Esta es la resolución emitida por el CNE:
En todo caso, se está pendiente a los caminos jurídicos que se adopten tanto en la Casa de Nariño como por parte de los tres actores sancionados ante una apelación de esta medida. Además, el caso servirá como un nuevo móvil para que el jefe de Estado impulse su discurso de una supuesta persecución por parte del “establecimiento”, mientras que en la oposición carga con fuerza para señalar que el mandatario sí llegó a su cargo a través de irregularidades. Sube la tensión.
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